En una nota remitida hoy a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Misión permanente de México ante este organismo solicitó aclaraciones sobre las discrepancias existentes entre el informe de la OEA y dos investigaciones recientemente dadas a conocer que descartan cualquier indicio de fraude en las elecciones de Noviembre en Bolivia.

Como referencia, se alude en la misiva al artículo aparecido en el Washington Post el 27 de Febrero que en su titular anuncia que la investigación realizada por el periódico estadounidense no arroja ninguna razón para sospechar fraude, como también al “Análisis sobre la elección en Bolivia”, publicado por Jack R. Williams y John Curiel, investigadores del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que llegan a idéntica conclusión.

En el escrito se pide a la Secretaría General “se solicite a investigadores especializados independientes la elaboración de un análisis comparativo” entre las conclusiones del MIT y las del informe remitido por la Misión de Observación Electoral de la OEA y en su caso “se reconozcan las afectaciones a los Derechos Humanos derivadas de los errores en el análisis de la OEA.”

Cabe recordar que precisamente el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA, dado a conocer el 23 de Noviembre, cuando aún no se había concluido el cómputo electoral, echó sombras sobre la validez del proceso.

De manera insólita, los observadores invitados – no calificados para emitir opiniones de este tipo, mucho menos ante un conteo parcial – señalaron que sería una “mejor opción convocar a una segunda vuelta”, aunque el margen de diferencia fuera superior al 10%, lo cual según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia acreditaba al binomio Morales-García Linera como ganador de la contienda en primera vuelta.

En el marco de una asonada violenta contra instituciones del Estado, un motín policial de marcado tinte golpista, la aparición de grupos de choque concertados con proclamas opositoras llamando a derrocar al gobierno legítimo, el domingo 10 de Noviembre el secretario de la OEA Luis Almagro anticipó el resultado de una auditoría que recién concluyó tiempo después, actuando como disparador de supuesta legitimidad internacional para lo que luego se confirmó como un Golpe de Estado con la participación de las Fuerzas Armadas y a través de una sucesión viciada.

Golpe que no solamente obligó a las máximas autoridades democráticamente electas a refugiarse en México y luego en Argentina, sino que exhibió un cariz de revancha racista con el asesinato de más de 30 manifestantes, la persecución a gobernadores, alcaldes, legisladores y otros funcionarios, el silenciamiento o disciplinamiento de todos los medios y finalmente con la proscripción electoral de varias de las principales figuras del gobierno democrático, entre ellas las del presidente Evo Morales y la del canciller Diego Pary.

Con la desinformación producida, la OEA mostró, una vez más como a lo largo de toda su historia, su función de servir a los propósitos de la política exterior estadounidenses. De hecho, al poco tiempo de asumir, el gobierno supuestamente interino en Bolivia, retomó como una de sus primeras medidas las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al inquirir respuestas sobre una posible intención esquiva en las declaraciones poselectorales de los misionados por la OEA, exhibe coherencia con lo mejor de la política exterior mexicana, el apego a la autodeterminación, la paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos.

En un momento en que la organización con sede en Washington se apresta a renovar autoridades en la Secretaría General, estas nuevas evidencias del apoyo al golpe de Estado en Bolivia agregan una mancha más a la gestión parcializada de Luis Almagro contra los gobiernos de izquierda en la región.