Francia: La investigación se opone a la privatización del conocimiento

03.02.2020 - París, Francia - Josefina Dowbor-Musnicka

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Francia: La investigación se opone a la privatización del conocimiento
Cortejo de profesores, estudiantes y empleados de la Universidad de la Sorbona (29 de enero del 2020, París) (Imagen de Josefina Dowbor-Muśnicka)

 “Nos hace falta una ley ambiciosa, desigual – sí, desigual, una ley virtuosa y darwiniana, que aliente a los científicos, equipos, laboratorios, las instituciones más eficientes a nivel internacional; una ley que movilice las energías.” Esas fueron las polémicas palabras de Antoine Petit, matemático francés y director del Centro Nacional de Investigación Científica (en francés, CNRS), el pasado 26 de noviembre del 2019, durante el aniversario de los ochenta años del instituto. (Les Echos)

Desde entonces, el matemático ha propagado una enorme disconformidad en la sociedad científica. Muchos afirman que este pensamiento, abiertamente jerárquico y desigual, presagia la futura Ley de Programación Plurianual de Investigación (LPPR), prevista para principios del 2021.

La necesidad de renovar el campo científico en un contexto de precariedad

El objetivo de la LPPR es simple, aunque difícil de obtener. Se trata de invertir en investigación y educación superior, a fin de desarrollar el campo científico de Francia a nivel internacional.

Sin dudas, el país ha disminuido enormemente su calidad educativa y científica (ciencias naturales, exactas y sociales) en los últimos años: Según los fundadores del proyecto, entre el 2012 y el 2018 los establecimientos públicos científicos y técnicos han perdido 3.650 puestos de trabajo, mientras que el número de estudiantes universitarios no cesa de aumentar. Por otro lado, la contratación de profesores universitarios ha disminuido un 40%. Cada día, son cada vez más los profesores-investigadores que se encuentran desempleados. (Ministère de l’Enseignement Supérieur)

Los profesores no dan a basto, viviendo con sueldos insuficientes, enseñando en clases de cincuenta estudiantes, mientras realizan sus investigaciones con un presupuesto ya limitado. A eso se le agrega el precario estado de los institutos y la deficiencia administrativa.

En marzo del 2000, una política de la Unión Europea, llamada “Estrategia de Lisboa”, fue adoptada por el Consejo Europeo. Su propósito era otorgar 1% del PIB anual a la innovación y la investigación pública. No obstante, hoy en día, sólo un 0,8% del PIB francés es consagrado a esta área. (Le Monde)

En este contexto de deficiencia científica y educativa, es evidente que el gobierno francés desee instaurar una reforma, sobre todo si su objetivo es estar a la “altura” de otras potencias innovadoras, tales como China, Alemania y Estados Unidos.

Sin embargo, muchas universidades e institutos temen que esta ambición se persiga en detrimento de aquellos trabajando en mayor precariedad. (Sauvons les universités)

 La propuesta del gobierno: ¿Desarrollo científico o darwinismo social?

Según el Ministerio de Enseñanza  Superior e Investigación, la proposición de la LPPR está siendo efectuada por tres grupos de científicos: uno dedicado a la financiación de la enseñanza, otro a desarrollar la atractividad de empleos y un último a la innovación y a la investigación asociativa. Cada grupo presentó sus proposiciones. Estas hablan de la importancia de la investigación y la necesidad de actualización, sin dejar de lado los campos que suelen verse más precarizados: las ciencias humanas. No obstante, para una parte de los científicos franceses, sus propuestas dejan mucho que desear.

Por un lado, la LPPR pretende financiar la investigación por proyectos. Esto significa que los profesores-investigadores deberán pasar por una “agencia de evaluación”. El problema, según Antoine Gaudin, profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle, es que esto disminuirá aún más el número de proyectos financiados, aumentando la precariedad de los jóvenes científicos, pues son estas mismas investigaciones las que les permiten luego volverse titulares y conseguir un empleo permanente. Además, según él, la financiación dependerá de los criterios de los evaluadores: Los proyectos más emergentes podrían no ser aceptados, si los “agentes” son investigadores ya avanzados en su carrera. Por otro lado, es poco probable que estos elijan proyectos demasiado emergentes, “desestabilizantes”, impredecibles o, en palabras más simples, que no beneficien la industria del país. (Nina Soussan)

Por otro lado, la ley prevé suprimir el número de horas otorgado a los profesores titulares (192h), favoreciendo lo que los franceses llaman un CDD (contrato de duración determinada). Esto significará la imposibilidad de cobrar a un precio más elevado las horas suplementarias de trabajo. Paralelamente, la utilización de CDD en los jóvenes investigadores podría causarles más inestabilidad y, por ende, una mayor competitividad. Esta técnica controversial, llamada tenure-track, es utilizada en Estados Unidos. Consiste en realizar diferentes tipos de contratos según la edad y experiencia del científico, a fin de controlar y desacelerar el progreso del profesor-investigador. Para los franceses, significaría esperar diez años más para recibir su titularización (45 años en lugar de 35 años, en promedio). (Université Ouverte)

Además, la LPPR pretende fomentar los CDD en empresas privadas, transformar los doctorados en diplomas de inserción profesional, así como desarrollar un sistema de recompensa a la performance, entre otras medidas. (Université Ouverte)

Mientras que una fusión o semi-fusión con el sector privado podría permitir mejores condiciones de trabajo para algunos y una disminución del presupuesto educativo, también acabará con la autonomía de los científicos, sin mencionar una jerarquización y aumento de precariedad de los más desafortunados. Sin dudas, hablamos de un tema polémico: El Ministerio de Educación francés sólo intenta poner en vigor medidas (tenure-track, performance) ya utilizadas en países del exterior. Sin embargo, incluso en los países más neoliberales, su efectividad jamás deja de ser objeto de controversia. (Chronicle, Enago)

La reacción de la comunidad científica: mociones, huelgas y movilización

 Poco después del comentario de Antoine Petit, el 12 de diciembre del 2019, importantes miembros de la CNRS redactaron  una carta abierta contra su presidente-director: “Una ‘ley desigual sólo reforzaría las fragilidades actuales de la investigación pública francesa (…) El Comité Nacional no puede asociarse a la aplicación de una política ‘darwiniana’ en la enseñanza superior y la investigación en Francia.”

También, un grupo de investigadores, incluyendo François Massol, científico ecologista miembro de la CNRS, realizó una petición, firmada por treinta y siete asociaciones intelectuales y académicas. “Hay un completo consenso dentro de la CNRS, salvo por la presidencia”, afirma Massol, respecto a la oposición. (Times Higher Education). La petición denuncia la ideología competitiva de Petit, así como la futura LPPR. Ha recibido 14.769 firmas al día 31 de enero del 2020.

Por otra parte, un gran número de científicos decidieron acudir a las calles. Muchos protestan no sólo contra la LPPR, sino también contra la nueva reforma de pensiones, que ha producido una huelga nacional e interprofesional histórica de casi dos meses de duración.

Por ejemplo, este 29 de enero, una enorme manifestación se realizó en París contra la reforma de pensiones y la ley de investigación. Según el sindicato CGT, 180.000 personas se presentaron en la capital. Otras ciudades de Francia también se organizaron: Marsella (4.500 personas), Toulouse (3.000 personas), Havre (entre 2.5000 y 7.000 personas) y Niza (entre 815 y 4.500). En el caso de París, acudieron cortejos estudiantiles de diferentes universidades (Universidad Paris-Diderot, Panthéon-Sorbonne, Vincennes-Saint-Denis, Paris-Sorbonne, Paris-Nanterre, entre otras), pero también cortejos de profesores e investigadores que dirigieron la protesta, como el cortejo ‘des Facs et Labos en lutte’ (“Facultades y Laboratorios en Lucha”). (20 Minutes)

Estudiantes francesas durante una manifestación contra la LPPR y la reforma de pensiones (29 de enero del 2020, París). Foto : Josefina Dowbor-Muśnicka

En fin, otros profesores tomaron la decisión de no comenzar el nuevo semestre: en el caso de la Universidad Panthéon-Sorbonne de París, ciertos departamentos han cerrado completamente. Una parte de sus profesores están realizando una huelga ilimitada, otros durante los “días de movilización” y otros sí trabajan pero no pasan asistencia a fin de fomentar (y permitir) la movilización de estudiantes.

Según el sitio web Université Ouverte, al día 14 de enero, “son 54 facultades, 134 laboratorios, 6 escuelas superiores, 8 colectivos, 93 revistas de prensa, 14 sociedades académicas, 46 seminarios y 13 departamentos del Conseil National des Universités (CNU) que se encuentra movilizados contra la precariedad, la LPPR y la ley de pensiones”.

Como lo dijo François Massol, pareciera que sólo una minoría, al menos a simple vista, defiende la reforma: aquellos que encabezan la presidencia de ciertos institutos y centros, como en el caso de la CNRS y Petit y, claro, los ponentes de la ley. Curiosamente, estos son, en su mayoría, fuertes conservadores y/o agentes políticos del gobierno, además de científicos reconocidos: Cédric Villani y Phillipe Berta, diputados del partido de Macron; Amélie de Montchalin, ex-diputada del partido y actual secretaria de Asuntos Europeos; Sylvia Retailleau, abierta defensora de la ley de selección establecida en el 2018; José Manuel Tunon de Lura, fuertemente mediatizado en el 2018 por haber reprimido una manifestación estudiantil en la universidad de Bordeaux;  y Antoine Petit, aparente defensor de la desigualdad educativa.  (Ministère de l’Enseignement Supérieur, Les Echos, Rue 89 Bordeaux)

Sin dudas, ambos bandos (pro y contra) son conscientes de la necesidad de actualizar el sistema educativo-científico y de que, para ello, el gobierno se verá obligado a priorizar su presupuesto e invertir. No obstante, si ese presupuesto se obtiene a través de la instauración de reformas hyper-neoliberales (inscripciones más selectivas, aumento de la cuota de estudiantes extranjeros, LPPR) es poco probable que la comunidad científica, educativa, estudiantil y, más ampliamente, la sociedad francesa se quede callada. El caos que está viviendo Francia desde el 2018 demuestra que, lo quieran o no, alguien deberá ceder.

Categorías: Educación, Europa, Opiniones
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