Con la excusa de “garantizar la paz social” el gobierno de facto dispuso un operativo policial y militar en las vísperas del inicio de las movilizaciones anunciadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) y organizaciones afines contra la extensión del mandato de Jeanine Añez y para que no se apruebe la renuncia de Evo Morales.
Este jueves el gobierno de facto de Bolivia estableció a través de una circular que los militares y policías vuelvan a las calles a partir de la noche para realizar un “operativo conjunto” en los nueve departamentos del país con el objetivo de garantizar “el orden público”. El documento instruye a los nueve comandos departamentales a conformar “grupos operativos y equipos tácticos” para realizar “operaciones conjuntas Policial – Militar”.
Esta vuelta de los militares a las calles tiene lugar el mismo día en que comenzarán las movilizaciones definidas por la Coordinadora Popular por la Defensa de la Democracia y la Vida (CPDDV). Este espacio aglomera principalmente a organizaciones sociales de la zona sur de la ciudad de Cochabamba y exige el fin del mandato del gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez a partir del próximo 22 de enero (cuando vence el mandato de Evo Morales derrocado en noviembre pasado).
“No servirá de nada que salgamos el 22 a una marcha. Por lo tanto debemos adelantarnos en movilizarnos para decir que no estamos de acuerdo con la prolongación”, manifestó Ángel Hurtado, presidente de la Coordinadora, luego de un plenario realizado este sábado.
El 22 de enero, jornada en que se celebra el día del Estado Plurinacional, varias organizaciones afines al MAS anticiparon que protagonizarán movilizaciones pacíficas con el objetivo de ejercer presión para que la Asamblea Legislativa Plurinacional rechace la renuncia de Evo Morales -que se vio obligado a presentar en el marco del golpe de Estado-. Además, la idea es expresar el repudio a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de extender del mandato de Jeanine Añez hasta el 3 de mayo, día de las nuevas elecciones generales.
Por lo pronto, el jueves por la mañana la plaza Murillo, ubicada frente al Palacio Quemado, sede de Gobierno, fue nuevamente vallada y cerrada al paso de transeúntes.
Cabe recordar que al menos 36 fallecidos, más de 800 heridos y 1500 detenidos fue el saldo de la represiòn policial y militar tras el golpe de Estado del 10 de noviembre. En sus observaciones preliminares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que bajo el actual gobierno de facto se cometieron crímenes “de amplio espectro y lamentables consecuencias”.
