Organizaciones de derechos humanos y activistas exigieron el cese a las difamaciones contra el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Sierra Rosales, luego de que el ex titular de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, declarara contra el representante legal que obstaculiza las investigaciones y lucra con la defensa de las familias de los estudiantes desaparecidos, “llegando incluso a señalar que debe ser investigado por la Fiscalía General de la República”.
“Consideramos que estas declaraciones constituyen un ataque directo y que buscan deslegitimar la labor del defensor de derechos humanos, además de invertir a las y los representantes legales las responsabilidades por las recientes liberaciones de personas vinculadas al caso y así eludir los costos de una investigación plagada de innumerables violaciones a derechos humanos, que van desde la fabricación de pruebas hasta el uso de la tortura para obtener confesiones”, señalaron las organizaciones en un comunicado para exigir un alto a las agresiones contra Sierra Rosales, quien integra Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
Recordaron que Blanco Cabrera es uno de los principales actores que podrían estar involucrados en la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014, pues en ese periodo él fungía como procurador. Además, se le ha acusado de “haber incurrido en omisiones y proteger a varios funcionarios bajo su cargo que tuvieron responsabilidades en la agresión a los estudiantes”.
A continuación el comunicado completo:
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones del ex titular de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, contra el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Vidulfo Sierra Rosales, a quien acusa de obstaculizar las investigaciones y lucrar con la defensa de las familias de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, llegando incluso a señalar que debe ser investigado por la Fiscalía General de la República.
Consideramos que estas declaraciones constituyen un ataque directo y que buscan deslegitimar la labor del defensor de derechos humanos, además de invertir a las y los representantes legales las responsabilidades por las recientes liberaciones de personas vinculadas al caso y así eludir los costos de una investigación plagada de innumerables violaciones a derechos humanos, que van desde la fabricación de pruebas hasta el uso de la tortura para obtener confesiones, documentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU en México y que fueron al origen de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, la cual enumera 158 irregularidades.
Cabe recordar que Iñaki Blanco Cabrera es uno de los principales actores que podrían estar involucrados en la desaparición forzada de los 43 normalistas, por fungir como procurador al momento de los hechos y por haber incurrido en omisiones y proteger a varios funcionarios bajo su cargo que tuvieron responsabilidades en la agresión a los estudiantes.
Reconocemos el trabajo de Tlachinollan, que lleva 25 años defendiendo los derechos humanos de las personas indígenas de la montaña de Guerrero contra los abusos de autoridad y la marginación, y es reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su labor de defensa integral, así como por su compromiso moral, obteniendo diversos premios por ello.
Asimismo, reconocemos el trabajo que durante más de 20 años ha realizado el defensor Vidulfo Rosales Sierra, quien se ha destacado por su acompañamiento a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en Guerrero como Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa Jorge Alexis y Gabriel Echeverría ejecutados en la autopista del Sol en diciembre de 2011, y las víctimas de la represión en la jornada electoral de Tlapa de Comonfort en junio de 2015, luchas que en repetidas ocasiones han derivado en amenazas y agresiones físicas directas, provocando incluso su salida del país para salvaguardar su vida.
Por todo lo anterior, exigimos un cese a la campaña de deslegitimización en contra del defensor Vidulfo Rosales Sierra, señalando la gravedad de este tipo de declaraciones, cuya naturaleza puede alentar agresiones directas contra su vida e integridad física. De igual forma, consideramos que las declaraciones del exfuncionario parecen tener como objetivo desviar la atención y así evitar que las autoridades estatales de Guerrero sean investigadas, enfatizando que son las violaciones al debido proceso y los casos de tortura con los cuáles se integró la investigación de Ayotzinapa las cuáles ahora están motivando resoluciones judiciales que liberan a probables responsables de los hechos, lo cual es una muestra más del entramado de corrupción e impunidad que han marcado este caso y que han sido denunciadas constantemente por Tlachinollan y Vidulfo Rosales Sierra.
(Siguen las firmas de organizaciones, colectivos, redes y personas)
