Hoy hablamos del Punto 3 de los Acuerdos de Paz, sobre el fin del conflicto armado en Colombia. Y lo hacemos, como cada fin de mes, con el ESPACIO DE COOPERACIÓN PARA LA PAZ, una plataforma de 29 organizaciones internacionales de la sociedad civil que lanzaron en junio la CAMPAÑA “COMUNIDAD INTERNACIONAL EN ALERTA POR UNA COLOMBIA EN PAZ”.
Horas después del anuncio que ha hecho una parte de la ex guerrilla FARC de volver a las armas, tenemos que hablar del fin, cuando se da un duro golpe a los acuerdos. Además hoy 30 de agosto es el Día Internacional de víctimas de desaparición forzada. El total de los desaparecidos en Colombia (reconocidos) es de 80.472 personas.
Entrevistamos a dos de representantes de la Campaña, Beatriz Gil, coordinadora de Mundubat en Colombia, y Diego Carreño, de la organización Tierra de Hombres de Suiza.
Pressenza: El punto 3 se vuelve un punto difícil después de lo que ha pasado. Empecemos por lo que es más claro, ¿se desmovilizaron las FARC? ¿Cumplieron ellos con su parte del acuerdo? Beatriz.
Beatriz Gil: Las FARC han cumplido con el desarme, y si bien hay disidencia o la noticia de ayer en relación al rearme de algunas personas, excombatientes, la gran mayoría que dejó las armas está haciendo su tránsito a la vida civil en proceso de reincorporación, y es un grupo minoritario el que se ha vuelto a rearmar, y eso es importante dejarlo claro. Para nosotros las FARC cumplieron con el desarme, cumplieron con las fechas en los procesos establecidos en el marco de los Acuerdos de Paz que tenían que ver con el cese del conflicto, y a día de hoy puedo seguir afirmando lo mismo.
Pressenza: Diego, y ¿qué pasa con la parte del Estado colombiano, del gobierno, están cumpliendo, dan garantías a los excombatientes, acompañando la incorporación, que balance hay?
Diego Carreño: Hay mucho que decir, pero el Acuerdo de Paz tiene poco tiempo de implementación, hay avances en algunas cosas y los informes dicen que hay serios retrasos en otros. Por ejemplo, garantías de seguridad para los ex combatientes es un tema que nos llama la atención, llama la atención del Consejo Seguridad de ONU, del ACNUR, y de los informes que se han sacado. Se tiene un registro de 130 ex combatientes asesinatos de las FARC según informes oficiales, y las FARC dicen que son 139 ex combatientes asesinados en lo que corrió de los Acuerdos de Paz. Digamos que hay avances importantes en la mayoría de puntos pero apenas iniciales. Otro informe destaca que más del 50% de los Acuerdos no se han empezado a implementar en lo concreto. Es decir, hay avances que nos parecen interesantes, pero que hace falta implementar. Y es importante destacar que tanto la FARC como el gobierno y la comunidad internacional se han comprometido; y que efectivamente el cambio de gobierno de Juan Manuel Santos a Iván Duque implicó un cambio de narrativa, con Duque es una más guerrerista y de poner obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, y eso lo pudimos ver con la dificultad para firmar la ley estatutaria que reglamentaba la Jurisdicción Especial para la Paz, que eso fue todo este año fue demorado, pero finalmente se logró. Y digamos que la implementación de jurisdicción fue importante. Y que los casos represados que eran como 6000 los bajaron a 1500 para empezar a abrir expedientes en la JEP. Es decir, hay avances y hay retrasos, y que los mecanismos de verificación y seguimiento están haciendo seguimiento constante. A pesar de la narrativa en el gobierno Hay dificultades políticas de voluntad y que impiden que se avance efectivamente en algunos puntos del Acuerdo y que, de alguna manera, también explica las razones por las que Iván Márquez y Santrich y demás deciden alejarse del proceso. Desde la campaña internacional es un retroceso para la paz, volver a la guerra efectivamente no va a aportar nada, entonces… Pero esos elementos permiten también entender que las dificultades tiene que ver justamente con estas medidas de seguridad, de protección, de garantías económicas, sociales, políticas para participar y hay retos importantes todavía en los cuales avanzar.
Pressenza: Diego, seguimos contigo porque la organización con la que estás trabaja sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, y que se han ocupado de quienes estuvieron en las FARC, de su incorporación a la escuela, a la vida. ¿Cómo va ese proceso, qué avances y dificultades ofrece?
Diego: De los datos que se tienen, según el sexto informe trimestral de la Secretaría técnica del componente de verificación internacional de la implementación del Acuerdo: 124 menores salieron de los campamentos, entre 2016 y 2017; de ellos, 116 cumplieron 18 años, no sabeos cuántos hombres y mujeres de manera diferencial, obviamente son datos reservados, 104 ya tienen asignación de normalización, de estos 99 reciben renta básica mensual, 83 son beneficiarios de reparación como víctimas porque, es importante resaltar que el reclutamiento es entendido como un delito, es decir son víctimas, así que están en restitución de derechos en el marco del programa diseñado para ello Programa camino diferencial de vida. Los datos preocupantes a propósito de eso tienen que ver con que, en el último periodo a junio de este año, se registró un homicidio de esos 124 menores que salieron de las filas. Y se tiene un registro de amenazas a siete. Se ha avanzado pero hay riesgos de seguridad que está habiendo en Colombia para defensores, defensoras de derechos humanos y ex combatientes de las FARC también ha tenido un impacto muy importante para para niñas y niños ex combatientes. Y otro elemento de contexto más importante, al 2018, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto en Colombia había registrado 331 eventos de conflicto armados; de ellos 117 no tuvieron una afectación directa a niños y niñas, pero 213 tuvieron una afectación directa a niños, niñas y jóvenes. Y se tiene registro de 50 casos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y jóvenes en 2018, es decir, a pesar de que en el marco del proceso de paz con las FARC se viene avanzando en la implementación del Programa camino diferencial de vida, la continuidad del conflicto armado está implicando el reclutamiento de otros niños y niñas y el uso por parte de otros actores armados, también las disidencias de la guerrilla. Así que a pesar de que se frenan, los casos están aumentando también.
Pressenza: Beatriz, el presidente Iván Duque ha dicho que es imposible garantizar la seguridad de todos los líderes y lideresas del país, que son muchos, dijo. Ustedes desde la campaña están denunciando esta situación, en qué medida este genocidio, alrededor de 700 personas en dos años y medio, pone en peligro el punto 3, el fin del conflicto armado?
Beatriz: Si totalmente lo pone en peligro, considero importante decir que nosotros hablamos de post-acuerdo, no de post-conflicto, porque el conflicto sigue vivo, sobre todo en el territorio. Es un conflicto donde se da confrontación entre la fuerza pública y las guerrillas y se confrontación también con otros grupos armados, o paramilitares o grupos criminales pero también se da en el marco de la violencia que se vive en el día a día para quienes hacen protesta social o tienen algún tipo de lucha por su territorio, por los recursos, bueno pues todas etas persona líderes sociales y las personas que hacen su transito a la vida civil, se están viendo amenazadas y sin garantías de seguridad. Obviamente, es cierto que es muy difícil dar cobertura y garantías de seguridad a todos los ex combatientes, hablamos de unas 12.000 personas aproximadamente, pero tiene que ver más con falta de voluntad y sobre todo de accionar los mecanismos que se pusieron en marcha en el marco del Acuerdo. La Comisión Nacional de Garantías era una de las medidas concretas para proveer de garantías a la gente que está haciendo el tránsito, a los movimientos sociales, y bueno a la gente de la sociedad civil que día a día lucha por salir adelante, este mecanismo no se ha puesto en marcha como debería, desde que asumió el presidente Iván Duque ha habido solo dos reuniones prácticamente con un año de diferencia, lo cual pues… un mecanismo que debería estarse reuniendo más permanentemente y buscando soluciones, prácticamente no se ha reunido y además se han generado espacios paralelos como el PAO (Plan Anual Operativo) que dispersan un poco la atención y las ayudas o el presupuesto, que en vez de fortalecer los mecanismos pues se crean unos nuevos con lo cual duplica la presencia de las instituciones y el presupuesto, lo cual no parece que sea muy efectivo; sobre todo teniendo en cuenta las alarmantes cifras que es lo que al final nos pone en la situación real de lo que está pasando en el país.
Pressenza: Última pregunta: En agosto se deberían cerrar los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación o ETCR, pero no se han cerrado, y lo voy a enganchar con el tema de que hay elecciones locales el 27 de octubre, y esta semana se firmó un pacto político nacional de no agresión física y verbal entre contrincantes de partidos políticos, en este sentido, ¿cómo ven ustedes los próximos dos meses?
Beatriz: A nivel de las elecciones, decir que efectivamente se firmó el pacto, pero ya ha habido candidatos asesinados… Es muy difícil en un país tan polarizado se consiga privilegiar el diálogo sobre otras vías, lo estamos viendo con candidatos asesinados o amenazados, pero es importante incidir en que hay que hacer política desde la palabra y sin estigmatizar a quien están en tránsito o piensan diferente, y como mecanismo, pues es una buena medida, simplemente hay que poner la voluntad para que eso se cumpla, y en un contexto como el colombiano, parece algo difícil. Y en relación a los ETCR, comentar que se ha obtenido una prórroga de 12 meses, que será paulatina, es decir, se irán cerrando para que a los 12 meses se acabe con esa figura. Bueno, eso es lo que quiere el Estado. Las FARC siempre ha dicho que esa es una decisión unilateral del Estado, las FARC no contaba con que los ETCR fueran finalmente a cerrarse. Y vinculado a los ETCR también nos preocupa la renta básica que termina en agosto para quienes están haciendo el tránsito, y que se ha prolongado para quienes están estudiando o vinculados a algún proceso productivo. Y cabe señalar que no todas las personas en tránsito están haciendo alguna de estas dos cosas, con lo cual hay gente que al final se va a quedar sin la renta básica.
Entrevista de Nelsy Lizarazo, transcrita por Blanca Diego
