Por Apostolis Fotiadis.

Esta es la traducción de una historia publicada por el periódico nacional griego Efimerida twn Syntaktwn (EFSYN), el 17 de marzo de 2019.

En mayo y junio de 2016, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) realizó una encuesta en Turquía para personas provenientes de Siria y otros terceros países que estaban en busca de protección internacional.

La necesidad de la encuesta surgió de la implementación de la Declaración UE-Turquía, un acuerdo implementado el 20 de marzo de ese año. Una sección importante del acuerdo preveía el regreso a Turquía de los ciudadanos de Siria y otros países que habían ingresado a Grecia desde Turquía después de esa fecha.

Una de las principales responsabilidades de la EASO es analizar la información e informar a los Estados miembros de la Unión Europea sobre los procedimientos establecidos para proteger a los solicitantes de asilo y refugiados de países no pertenecientes a la UE. Los procedimientos administrativos establecidos en el acuerdo proporcionarían una indicación de hasta qué punto Turquía era realmente un tercer país seguro para los solicitantes de asilo.

Cuando los primeros grupos de repatriados regresaron a Turquía en abril y principios de mayo de 2016, las organizaciones de derechos humanos comenzaron a presentar acusaciones de que Turquía no era apta para dicho propósito. Desde entonces, los criterios para definir un «tercer país seguro» y la cuestión de si Turquía realmente los ha cumplido han sido una fuente de conflicto entre los estados miembros de la UE y los expertos que defienden el acuerdo, por un lado, y por el otro, aquellos que consideran que es legalmente erróneo y producto de las conveniencias políticas.

Encubrimiento y conveniencias

Según tres fuentes confiables, la EASO nunca completó formalmente la redacción de su informe y el texto nunca se publicó como un documento oficial. Además, la decisión de degradar el informe «no fue discutida por el consejo de administración del servicio.» De hecho, la existencia del informe solo se remitió una vez en el EUObserver el 15 de junio de 2016 con el título «La UE intenta enterrar el informe sobre el retorno de los migrantes a Turquía.»

Como resultado de una filtración de información que simplemente se refería a la existencia del informe, el artículo del EUObserver no obtuvo respuesta de la Dirección General o de la EASO. Este había expresado la opinión de que el informe podría haber asestado un gran golpe legal al acuerdo y se estaba «sumando al coro de defensores de los derechos humanos que dicen que es ilegal.»

Todas las fuentes también señalaron que el controversial informe se degradó cuando se vio que no brindaba suficiente apoyo a las prioridades de un grupo de estados miembros de la UE y de la Comisión Europea para que se implementara el acuerdo. Mientras tanto, un funcionario de una agencia internacional se refirió al informe como «el que nunca salió.»

Cualquier publicación o distribución generalizada del informe – y el riesgo de que se filtrara a principios del verano de 2016 mientras se desarrollaba la guerra de pugna por el acuerdo – de hecho podría haber torpedeado el proceso político el cual, bajo la presión de varios lados, había iniciado por la Comisión y por los estados miembros de la UE con una gran participación en el acuerdo, tal como Alemania y los Países Bajos.

En ese momento, miembros de varias organizaciones, así como expertos legales, estaban atacando sistemáticamente el acuerdo, mientras intervenciones del gobierno griego y las autoridades de la UE apuntaban a legitimar y promulgarlo por completo, intervenciones que estaban extendiendo los límites del estado de derecho.

Nunca en el Parlamento griego

La abogada Giota Masouridou, una observadora cercana del proceso, en su lugar como parte del equipo de abogados que presentó un caso ante el Tribunal Supremo Administrativo de Grecia en cuanto a si Turquía es realmente un tercer país seguro, dijo: «La implementación de la Declaración, aunque nunca se debatió en el Parlamento griego, a pesar de que no es legalmente vinculante, se impuso mediante enmiendas legislativas que recomendaban procedimientos de asilo acelerados, particularmente para las cinco islas (Lesbos, Samos, Chios, Leros y Kos) y cambió la composición de comités de segunda instancia, que hasta entonces habían afirmado que Turquía no era un tercer país seguro para los refugiados sirios,» y agregó:

“Además, la participación de las agencias de la UE en los procedimientos de asilo, como las entrevistas a los solicitantes por parte de los representantes autorizados de la EASO, se realizó en contravención de las responsabilidades de la EASO. Desde entonces, las autoridades griegas han considerado a Turquía como un tercer país seguro para los sirios, basado en cartas inéditas de funcionarios políticos e información inexacta sobre el marco legal turco y las prácticas de las autoridades turcas.»

En el momento en que las sentencias de los comités de asilo de segunda instancia aún estaban pendientes, sus miembros denunciaron públicamente los intentos de intervención del Ministerio de Política Migratoria de Grecia. Finalmente, una enmienda que modifica la composición de los comités de segunda instancia fue presentada en el Parlamento por el Ministro de Política de Migración el 15 de junio de 2016.

Asuntos internos

La EASO inicialmente se negó a distribuir el informe en el estado en el que se encontraba en junio de 2016, así como una edición revisada en marzo de 2017. Como se indicó en una réplica, el texto no se finalizó y se editó varias veces durante 2016, 2017 y 2018.

En respuesta a una solicitud oficial de acceso a los documentos relacionados con el informe, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de la UE 1049/2001, la EASO «manifiesta su preocupación por la solicitud pública de un documento redactado por la agencia, que contiene información para uso interno como parte de deliberaciones y consultas preliminares.»

Al principio, la EASO juzgó que el informe se regía por disposiciones que eximían la publicación de documentos específicos cuando se consideraba que no servían al interés público. La principal justificación de la EASO fue que no había solicitado el consentimiento para divulgar las identidades y otra información de los entrevistados en Turquía contenida en el informe proporcionado.

“A la luz de la naturaleza altamente politizada del debate sobre la declaración UE-Turquía, la EASO consideró que la publicación de los documentos podría poner en peligro la integridad del caso por examinación de las solicitudes de asilo en las islas griegas,» afirmaba la EASO.

Proteger a los interlocutores de la EASO es ciertamente importante. Sin embargo, no parece haber sido un buen momento para ocultar completamente el contenido de las entrevistas, ya que la organización decidió no publicar ningún informe antes de julio de 2016, donde un intento de golpe de Estado en Turquía había dado lugar a garantías restringidas del estado de derecho.

Mientras tanto, de acuerdo con el acta de una reunión de los representantes del departamento de análisis y documentación de la EASO que habían estado realizando entrevistas con una organización no gubernamental en Turquía con fines específicos para su encuesta, se había dado el consentimiento para usar extractos de las entrevistas, así como datos de los entrevistados.

En respuesta a una segunda solicitud de acceso, la EASO decidió publicar versiones del informe en gran parte censuradas, redactando todas las secciones del texto resultantes de las entrevistas en Turquía y quizás otros datos no extraídos de ninguna fuente pública.

Uno de los textos parecía ser el borrador del documento en el momento en que fue descalificado, algo confirmado por las fuentes. Este texto, titulado «Paquete de información del país – El sistema de asilo en Turquía», parece haber sido modificado por última vez el 15 de junio de 2016, el mismo día en que se publicó el artículo en el EUObserver.

Extractos censurados

El consejo de administración de la EASO se reunió el 6 y 7 de junio de 2016; la agenda indica una discusión de la Declaración UE-Turquía. Sin embargo, en todos los casos, las fuentes afirman que el informe nunca se discutió a este nivel.

La EASO también publicó una versión modificada del texto, también rediseñada y producida en marzo de 2017, titulada “Ficha informativa del país JAP Producto 3.1.g. – Contenido de la protección en Turquía». Aparece en las secciones sin censura en los comentarios preliminares de ambos textos que:

«Según diversas fuentes, hay una falta de supervisión independiente en los centros de remoción desde la implementación del acuerdo entre la UE y Turquía. El acceso de las organizaciones internacionales y las ONG locales ha sido muy limitado, lo que a su vez ha socavado la capacidad de monitorear la situación de repatriados de Grecia desde abril de 2016.»

La última versión del texto (marzo de 2017) incluye una referencia extensa a una carta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), filtrada en diciembre de 2016, que admite que la agencia de la ONU para los refugiados no pudo monitorear las condiciones para la mayoría de los que regresaron bajo el acuerdo.

La existencia de un documento que incluye dichos comentarios en 2016 y 2017, aparentemente contradice las repetidas declaraciones públicas de los funcionarios de la UE de que Turquía era un tercer país seguro.

Aunque la sección del acuerdo sobre retornos nunca se implementó de manera efectiva, sigue siendo hoy el principal objetivo de la Comisión Europea y de los estados miembros de la UE como Alemania, con respecto a la gestión del flujo de inmigrantes y refugiados en las fronteras exteriores de la UE.

Sin embargo, se consideró al acuerdo como extremadamente exitoso, ya que las llegadas posteriores a las islas griegas disminuyeron en un 97 por ciento. Aun así, la restricción de estas poblaciones en las islas griegas, que también fue parte del acuerdo, y bajo las condiciones que la propia Comisión describió a principios de marzo de 2019 como «espantosas», elevó el costo humano del acuerdo.

Decenas de miles de personas quedaron atrapadas en condiciones inadecuadas, a menudo afectando su salud mental, con una falta de acceso sin restricciones a los servicios básicos de salud y la exposición constante a peligros físicos.

La transferencia supuestamente exitosa a Turquía de la responsabilidad de los flujos migratorios, a cambio de importantes ganancias financieras, constituyó un plan para la política agresiva que la UE ha estado siguiendo desde entonces como parte de sus asuntos exteriores.

Traducción del inglés por Michelle Oviedo.