Desde el 27 de febrero en Colombia, 150 hombres armados pertenecientes a un grupo armado no identificado, presumiblemente paramilitares, han secuestrado a toda una comunidad indígena. Los hechos están ocurriendo en el municipio de Riosucio, en la región del Chocó, en la costa del Pacífico. La comunidad ha solicitado la ayuda de la fuerza pública militar, pero el ejército aún no ha intervenido.

Los hechos constituyen una violación flagrante del derecho humanitario, que es un derecho de guerra, ya que constituye una violación flagrante de los derechos humanos de la comunidad indígena. De acuerdo con la Ley Humanitaria, las partes en conflicto deben evitar atacar o dañar objetivos civiles; sin embargo el nuevo presidente de Colombia, Duque, al igual que sus antecesores Santos y Uribe, insisten en negar que Colombia es un país en guerra.

Esto a pesar de los recientes ataques de la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) contra la infraestructura petrolera del país y no obstante que en el país continúa operando la llamada «disidencia» de las más famosas FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: algunos frentes de las FARC, de hecho, se negaron a participar en el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Santos. Proceso que tuvo lugar en Cuba bajo los auspicios internacionales; de hecho, para este proceso de paz que terminó con un éxito relativo, Santos obtuvo el aplauso de la comunidad internacional y el Premio Nobel de la Paz.

Pero en el país, los asesinatos selectivos de activistas sociales continúan sin control, aunque las FARC han devuelto más de 14,000 armas en contenedores bajo la supervisión de la ONU. Seguido a esto, las FARC fundaron un partido político cambiando su nombre a Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia.

La historia se repite y el sicariato paramilitar golpea ferozmente contra los ex combatientes de las FARC y contra simpatizantes simples. Hay que referirse a lo que pasó a la historia como el Genocidio de la Unión Patriótica, en 1986 después de algunas negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Betancur, las cuales pasaron a la historia como Acuerdos de la Uribe. Después de estos acuerdos, muchos miembros de las FARC salieron de la clandestinidad y se incorporaron a la vida civil presentándose a las elecciones como el Partido de la UP – Unión Patriótica. Partido que tuvo un éxito enorme y que fue casi exterminado a golpes de sicariato. Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 parlamentarios a cargo (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, Manuel Cepeda), 11 diputados, 109 concejales, varios ex concejales, 8 alcaldes en operación, 8 ex alcaldes y unos 3.000 de sus militantes y simpatizantes (otras fuentes aseguran que hubo unos 5.000) fueron asesinados por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (Ejército, policía secreta, inteligencia, policía regular y narcotraficantes).

De hecho, ya no es un misterio ni un secreto que ya existe un plan dentro de los sectores de las FARC para restablecer la histórica guerrilla, la más antigua del mundo. Plan al que se opone abiertamente el Secretario de las FARC refugiado en Cuba y que en varias ocasiones ha declarado oficialmente a través de un portavoz que «no queremos volver a la lucha armada y retomar las armas».

Mientras tanto en el Chocò en Riosucio, un líder de la comunidad pudo evadir el confinamiento masivo impuesto por el grupo armado ilegal e informó a la opinión pública los hechos que estaban ocurriendo contra la comunidad indígena remota que tiene 45 familias y unas 226 personas. «Estamos seguros de que después de esta queja, las acciones en contra de la comunidad serán peores», dijo el representante de la comunidad en una declaración de la asociación indígena Orewa.

Según la organización Tierra y Vida de Riosucio – Chocó, «el pasado 13 de enero, dos desconocidos irrumpieron en la casa de Pedro Moreno, de 20 años, en el distrito de El Centro y dispararon 5 disparos de un arma de fuego, causándole la muerte. Esa misma noche, en otro caso, Yuber Córdoba, de 20 años, fue abatido a tiros mientras se encontraba en el puerto del barrio Escolar (siempre en el municipio de Riosucio)”.

«Las comunidades de Riosucio, en el Chocó, junto con las organizaciones sociales, piden al estado colombiano una mayor protección debido a las acciones constantes de los grupos armados ilegales que operan en la región del Bajo Atrato, dado el asesinato de los dos jóvenes y las amenazas constantes debidas a la presencia de estructuras armadas paramilitares”.

Traducido del italiano por Michelle Oviedo