Ya desde el domingo, 6 de enero, gran número de estas trabajadoras ha bloqueado las calles y plazas, y los barrios periféricos del norte de Daca. Resulta difícil calcular cuántos son, pero si sumamos la gente presente en los lugares donde se levantan barricadas, llegamos a una cifra que está en decenas de miles de personas, con cientos de empresas textiles cerradas. Los manifestantes piden salarios más justos y mejores condiciones de trabajo.
Se produjeron ya algunas protestas en los días previos a las cruciales elecciones nacionales del 30 de diciembre, pero habían desaparecido de la atención pública, eclipsadas por la tensión política entre la Liga Awami, el partido dirigido por la primera ministra actualmente en el cargo, Sheikh Hasina, y el Frente Nacional Unido, que reunía a una docena de partidos en torno al Partido Nacionalista de Bangladesh, principal partido de la oposición, que boicoteó las anteriores elecciones de enero de 2014. Ahora, pasadas las elecciones, la tensión permanece: de acuerdo con los resultados oficiales, la Liga Awami consiguió 288 de los 300 escaños y Sheikh Hasina logró un tercer mandato consecutivo, en tanto que la oposición y unos cuantos observadores internacionales han alegado fraude y denunciado intimidación a los votantes, se han producido detenciones arbitrarias y reina un clima de terror. Han resurgido las protestas de las trabajadoras, pero quienes están en el poder las encaran del modo habitual: con la represión directa.
La policía ha estado recurriendo a tácticas intimidatorias: garrotes, gases lacrimógenos y balas de goma. Docenas de personas han resultado heridas, y ha fallecido una persona de entre los manifestantes: Sumon Miah, de 22 años, cuya muerte se produjo el martes [8 de enero] durante una manifestación en Savar. El miércoles, algunos de los principales sindicatos —el Garment Sramik Odhilkar Andolon (GSAO) y el Garment Sramik Trade Union Kendra (GSTUK) — convocaron sentadas exigiendo que se aclarase la verdad sobre la muerte de Sumon Miah, de la que acusan a la policía. Otras trabajadoras siguen en las barricadas, exigiendo lo que llevan pidiendo desde un principio: salarios más justos.
La agitación social surgió desde comienzos de diciembre, a causa de las directrices del nuevo gobierno, decididas en septiembre por una comisión especial que se reúne cada cinco años, relativa al salario mínimo mensual, que se había fijado en torno a 85 euros (unos 100 dólares). Para algunos trabajadores — una pequeña minoría, dicen los sindicatos — esto representa un aumento real, mientras que para los demás—sobre todo para aquellos con mayor antigüedad en el trabajo— resulta lo contrario: se han recortado sus sueldos. Además, los salaries por horas extra también han disminuido. Para colmo de males, muchos cientos de trabajadoras han sido injustamente despedidas simplemente por haber reclamado sus derechos. Las injustas desigualdades salariales las ha reconocido hasta la nueva comisión tripartita —compuesta por representantes del gobierno, de las empresas y de los sindicatos — apresuradamente creada por el gobierno el miércoles con el fin de mantener el conflicto bajo control. “Estamos llevando a cabo una labor rigurosa para reducir las desigualdades laborales en el caso de ciertas categorías de trabajadores”, declaró Afroza Khan, ministro de Trabajo, ofreciendo una nota conciliadora. Los representantes del gobierno afirman que se puede encontrar una solución en cuestión de días. El ministro del Transporte, Obaidul Quader, ha ordenado que se levanten todas las barricadas en una semana, pero lo sindicatos dicen que hasta que no reciban sólidas garantías respecto a sus demandas, las trabajadoras seguirán protestando.
Mientras tanto, en Bushandara la feria de maquinaria textil DTG acabó el sábado. Sus 40.000 asistentes suponen una cifra impresionante, pero las trabajadoras que se han puesto en huelga son todavía más.
Fuente: il manifesto global, 13 de enero de 2019
Traducción: Lucas Antón
