¿Permitirá a Colombia que se le escape la paz?

15.10.2018 - Alessandro Bonafede

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¿Permitirá a Colombia que se le escape la paz?

Con la desmovilización y el desarme de las FARC, el proceso de paz se tambalea precisamente en el momento más importante: la implementación de los acuerdos.

El enfrentamiento militar entre las FARC y el gobierno colombiano duró más de 52 años. En medio de la Guerra Fría para evitar que el comunismo se extendiera a América Latina, varios gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, patrocinaron operaciones militares contra la guerra de guerrillas en todo el país. Pero la guerrilla tenía sus propias tácticas de defensa y cartas para jugar: el dinero del secuestro, las estrategias de lucha de la guerrilla, los impuestos sobre el cultivo de cocaína, la dificultad del ejército para controlar territorios enormes y despoblados en el campo y la selva del país. En la década de los 90, el gobierno de Bush en Estados Unidos lanzó el Plan Colombia en función anti-guerrilla, suministrando al gobierno colombiano armas y fondos económicos.

Los gobiernos colombianos de Betancourt y Pastrana intentaron resolver el conflicto armado con la guerrilla a través de negociaciones históricas. Todos los procesos de paz que tuvieron lugar, fracasaron. Después del acuerdo con el gobierno de Betancourt, un partido entero, la Unión Patriótica, fue casi eliminado del sicariato, más de 3500 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados o desaparecidos por grupos militares de inteligencia, paramilitares o narcos. Otros fueron forzados al exilio.

La desmovilización de las guerrillas sólo tuvo lugar con los recientes acuerdos de La Habana de 2016 en Cuba. Cuba sigue teniendo el mayor secretariado de las FARC. Los acuerdos de La Habana son promovidos por el Premio Nobel de la Paz Santos. Más de 14.000 guerrilleros dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil, pero los asesinatos de activistas políticos en el campo y en las ciudades continuaron como de costumbre.

En el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Santos no participó un grupo guerrillero de las FARC conocido como la disidencia. Además, la histórica guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) siguió en pie de guerra.

El proceso de paz en La Habana no se limitó al desarme de las FARC, que entregaron 14.000 armas, sino que también incluía garantías de Verdad, Justicia, Reparación a las víctimas y sobre todo una garantía de no repetición de los horrores de la guerra.

La aplicación de los acuerdos no se llevó a cabo debido a las deficiencias del aparato estatal, como se reconoce ampliamente a nivel nacional e internacional. En primer lugar, hubo un retraso por parte del ejército en la ocupación y control de los territorios dejados libres por las FARC. En estos territorios se han asentado viejos y nuevos grupos armados ilegales: los cárteles mexicanos, los narcos, el ELN, los paramilitares, las nuevas bandas criminales, la disidencia de las FARC.

La asistencia social en las zonas afectadas por el conflicto nunca ha llegado. Según el actual presidente Iván Dunque, los acuerdos de La Habana prometían más de lo que se podía hacer por los recursos económicos. Además, la lluvia de asesinatos de líderes sociales nunca ha cesado: 128 desde la firma de los acuerdos de paz, según investigaciones periodísticas colombianas autorizadas. 37 líderes comunitarios y 36 defensores de los derechos humanos han muerto recientemente. También se asesinó a muchos activistas campesinos que reemplazaron a los cultivos ilícitos y a líderes sociales afro.

Luego está el caso de Jesús Santricht, comandante de las FARC acusado de seguir cometiendo crímenes, que ahora se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Picota. Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos protestan por la “total falta de información sobre las pruebas reales” de que dispone el aparato judicial. Además, según el instituto estatal JEP (Jurisdicción Especial por la Paz) creado por los acuerdos de La Habana, quienes siguen cometiendo delitos deben ser juzgados con arreglo al derecho común. Si Jesús Santricht perdiera los beneficios de la Jurisdicción Especial por la Paz, sería extraditado a los Estados Unidos.

La responsabilidad histórica del Estado y del paraestado en el caso de los “falsos positivos” sigue siendo: simples civiles muertos por el ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate. Todo un escándalo el de los falsos positivos, por lo que muchas personalidades políticas y militares han sido condenadas a lo largo de las décadas.

Las FARC son ahora un simple partido político: de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han sido rebautizadas como Fuerzas Alternativas Revolucionarias de la Comuna. Participaron en las recientes elecciones parlamentarias con dudosos resultados reales, pero con un enorme impacto mediático, social y político a nivel nacional e internacional.

Esta enésima crisis en el proceso de paz se produce en un momento en el que la economía del país avanza a un ritmo aún más rápido que en el pasado: son numerosos los efectos positivos del floreciente sector turístico, con todas las actividades privadas relacionadas. Por no hablar de la industria y el comercio, sectores que avanzan a toda máquina.

El incumplimiento de los acuerdos de paz es ampliamente reportado por periódicos nacionales colombianos de la talla de El Espectador y el conocido semanario Semana. ¿Permitirá el gobierno colombiano de Iván Duque que se pierdan los beneficios de los acuerdos de paz del gobierno de Santos y que volvamos a los días belicistas de Uribe?

Categorías: Internacional, Paz y Desarme, Política, Sudamérica
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