En Chile se está viviendo un período político especial donde nos encontramos con un gobierno de derecha en el que para avanzar debe abordar una agenda que no le acomoda para nada. Bajo el primer gobierno de Piñera (2010-14) el entonces senador Longueira antes de ser nominado ministro, le acusó de ser una suerte de quinta Concertación. Ahora, desde sus propias huestes no pocos afirman que está aplicando políticas más propias de la actual oposición.

Veamos algunos botones de muestra: el asociado a la identidad de género; aquel del conflicto existente en la Araucanía; y de la zona de sacrificio en Quintero-Puchuncaví, región de Valparaíso.

El proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género, impulsado por el gobierno de Piñera, fue aprobado en el Senado gracias al respaldo de la oposición y a pesar del rechazo de la mayoría de los senadores de la propia coalición gobernante, particularmente de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Democrática Independiente (UDI). Lo señalado da cuenta de un proyecto impulsado por la izquierda, que en el pasado no pudo aprobarse, debido a un mayoritario rechazo al interior de la derecha, y que ahora fue aprobado. El mundo al revés como dirían algunos. Por ello José Antonio Kast, excandidato presidencial, exdirigente de la UDI, y actual impulsor de un movimiento de ultraderecha, acusa al gobierno de tener una agenda de izquierda. La oposición en un sector de la derecha es tal que intentarán ir al Tribunal Constitucional, a dónde recurren cuando las cosas no se dan a su gusto.

El otro caso está referido a la problemática que afecta a la Araucanía, donde la derecha siempre criticaba a los gobiernos por su incapacidad para detener la violencia, y muy especialmente por sus políticas conciliatorias y ausencia de medidas represivas frente a hechos de violencia. Gran parte de su discurso, tanto a nivel nacional, como en la zona de la Araucanía, apelaba a la necesidad de incrementar los niveles de seguridad por vía de aumentar la presencia y acción policial, alentando la necesidad de enviar fuerzas militares a la región. Hoy en cambio, a seis meses de asumida la conducción del gobierno, busca asumir un rol pacificador, tratando de llegar a acuerdos entre los distintos sectores en lo que denomina Plan Impulso Araucanía. Este plan, al menos en el papel, más parece una continuidad de las acciones adoptadas por los gobiernos anteriores que buscaban estimular el desarrollo y establecer la paz en la región por vía de una fuerte inyección monetaria bajo la lógica de que con plata se puede comprar paz.

La otra novedad en este tema es el anuncio de algo que la izquierda siempre procuró impulsar sin mayor éxito por la persistente oposición de la derecha: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Si bien falta aterrizar este y tantos otros anuncios, así como “la letra chica” con que estén acompañados, lo concreto que ese tema nunca estuvo en la agenda de la derecha. Y ahora lo está y tendrá que proponer un cambio en la constitución. No pocos congresales derechistas arrugarán la nariz.

Para rematar tenemos el conflicto abierto en la quinta región en el que se multiplican los casos de intoxicación,  declaraciones de emergencias y alertas sanitarias de todos los colores con motivo de la contaminación proveniente de fuentes industriales. Mientras tanto, el gobierno parece estar dando palos de ciego inculpando en primera instancia a empresas estatales (ENAP, CODELCO), pero donde también están implicadas empresas privadas. Si bien se trata de algo que se arrastra desde décadas, lo concreto es que es un problema que nace por la inexistencia de regulaciones, normas en materia de emisiones que compatibilicen la vida de las personas con la existencia de empresas industriales. Y quienes siempre se han opuesto a imponer estas regulaciones, ha sido la derecha. La misma a la que le estalla en la cara esta realidad, y que por lo mismo se ve forzada a restringir las actividades productivas en la llamada zona de sacrificio.

Después se vanagloriarán con que bajo su gobierno se impuso la ley de identidad de género, se incorporó a la constitución el reconocimiento de los pueblos originarios, y se instituyeron las restricciones que posibilitaran la coexistencia pacífica de empresas y una vida decente para quienes viven en sus alrededores. Todo ello con el apoyo de la izquierda. Así y todo, insisten en que la actual oposición le está negando la sal y el agua al gobierno.