La Comisión Chilena de Derechos Humanos, ha señalado reiteradamente que el cumplimiento de la normativa internacional de los derechos humanos, es obligatoria para el Estado de Chile, en virtud de la suscripción y ratificación de los Pactos, Convenciones y demás instrumentos internacionales sobre la materia.

Que en virtud de esa normativa vigente, es obligatorio para todos los Poderes del Estado contribuir desde su ámbito de competencia, a establecer la Verdad de lo ocurrido, aplicar las sanciones correspondientes y otorgar la debida Reparación, respecto de los miles de casos de víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país, producto de la política de exterminio que se aplicó en Chile, a partir del 11 de septiembre de 1973, con su secuela de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, presos políticos y torturados.

El Homicidio del ex Presidente, Eduardo Frei Montalva, ocurrido el 22 de enero de 1982, formó parte de esa política de aniquilación del denominado “enemigo interno”, y fue ejecutado por agentes del Estado, tal como se ha ido estableciendo en la investigación judicial que lleva a cabo el juez, Alejandro Madrid, hace ya más de 15 años.

Sin embargo, el largo y difícil camino que ha tenido que recorrer la familia del ex Presidente Eduardo Frei, representada por su hija Carmen Frei Ruiz-Tagle, con su infatigable y tenaz lucha por obtener Verdad y Justicia, ha encontrado nuevos obstáculos y dilaciones.

En efecto, el nombramiento y mantención en el cargo de Luis Castillo, como Subsecretario de Redes Asistenciales, a pesar de los sólidos antecedentes reunidos que lo sindican encubridor del crimen, lo que hace inminente el inicio de una causa penal en su contra, según se desprende de las declaraciones vertidas por el propio Juez de la causa, ponen al Poder Ejecutivo en una situación de claro incumplimiento de las obligaciones emanadas de la normativa internacional de derechos humanos vigente en nuestro país, al mismo tiempo que constituye una afrenta a la Memoria de la víctima, a su familia y al conjunto de la sociedad chilena.

Contrasta con la impresentable actitud del Gobierno, la valorable decisión del Consejo General del Colegio Médico, que ordenó pasar los antecedentes de Luis Castillo, al Tribunal de Honor de dicha entidad.

A su vez, uno de los acusados judicialmente de ser cómplice del homicidio del ex Presidente, el médico de la DINA y la CNI, Pedro Valdivia Soto, ha recurrido al Tribunal Constitucional, con el claro propósito de dilatar e impedir la aplicación de la Justicia.

Este requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional, que se suma a otros 40  casos de criminales de lesa Humanidad, que han recurrido a esta cuestionable instancia con el objeto de paralizar las causas y evitar la dictación de las inminentes condenas, pone en evidencia la necesidad de contar con una Nueva Constitución, que sea el fruto del libre ejercicio de la soberanía popular y cuyas instituciones respondan a los estándares de derechos humanos y a los principios del constitucionalismo democrático.

Por último, y a pocos días de un nuevo 11 de Septiembre, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con los diversos representantes del mundo cultural, social y de Derechos Humanos aquí presentes, junto con solidarizar con la Familia del ex Presidente Frei y con todos los demás familiares de víctimas y sobrevivientes de la barbarie, que siguen luchando contra la Impunidad, recordamos las palabras del Cardenal Raúl Silva Henríquez, cuya voz y ejemplo los chilenos y chilenas rememoran y extrañan: “la Paz es obra de la Justicia”, y por tanto, reiteramos que todo intento por consagrar la Impunidad por parte de cualquiera de los Poderes del Estado, contraría no sólo los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigentes en nuestro país, sino además, el anhelo mayoritario de la sociedad chilena de establecer una institucionalidad y una convivencia democrática, fundada en el libre ejercicio de la soberanía popular y el pleno respeto y garantía de los Derechos Humanos.

Declaración publica de la COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

Santiago, 25 de Agosto de 2018