Pablo Veloso, el nuevo presidente ejecutivo de la Fundación Chile 21 y dirigente del Partido Socialista (PS), anunció un nuevo directorio de la institución, que serviría para darle “mucho peso académico y político” y potenciarla como un centro de estudios influyente en la centroizquierda. Siempre con Carlos Ominami de presidente honorario, destacó la incorporación de figuras representativas de todos los partidos de la antigua Concertación, con un agregado novedoso: la presencia de Alberto Mayol, ex precandidato presidencial del Frente Amplio (FA).

Sorprende esta apertura de Veloso al FA cuando ha sido especialmente beligerante con la nueva coalición política. En polémica con el diputado Boric, señaló: “el FA no tiene contenido, ni mirada estratégica, ni un discurso articulado de ideas”. Y agregó algo aún más fuerte: “tengo muy mala opinión del FA. Están lo más lejos del sentido común de la gente” (Cooperativa, 04-07-17).

Por otra parte, aunque Mayol no se ha pronunciado sobre la propuesta de Veloso, su eventual aceptación dejaría al FA en una incómoda situación. Porque durante largos años Chile 21 ha recibido financiamiento de SQM, a lo que se agregan justificaciones indecorosas, que resultan muy preocupantes. En efecto, Francisco Vidal, ex ministro de varios gobiernos de la Concertación, y actual representante legal de Chile 21, señaló, en su momento, frente al emplazamiento por los recursos recibidos desde la empresa de Ponce Lerou: “hay que cerrar los ojos a la hora de buscar fondos”.

Sin embargo, cerrar los ojos frente al financiamiento que otorga Ponce Lerou tiene altos costos. Porque el yerno de Pinochet se adueñó de SQM, gracias a las privatizaciones truchas de su suegro. Esto le resta independencia a Chile 21 para cuestionar esa apropiación indebida durante la dictadura, así como para opinar con libertad sobre las generosas concesiones que le ha otorgado el Estado para explotar litio en el Salar de Atacama.

No se puede pasar por alto que SQM financió el presupuesto ordinario del PPD, pagó ilegalmente campañas parlamentarias de casi todos los partidos políticos y ha apoyado a centros de estudio, incluido Chile 21. No lo ha hecho por generosidad sino con un propósito muy concreto: capturar, maniatar y acallar personas e instituciones para que actúen en su favor. Ponce Lerou lo ha logrado. La expresión más concreta de ello es la reciente extensión de la concesión sobre el Salar de Atacama que Corfo otorgó a SQM hasta el año 2030.

Los que han resultado más perjudicados con la política corruptora de Ponce Lerou y con el atropello a la moral que se ha instalado en el país no han sido los políticos de derecha sino precisamente los que se dicen de izquierda o progresistas. Pareciera que la ciudadanía asume como algo natural que la derecha sostenga vínculos estrechos con el dinero y los negocios. A fin de cuentas, derecha económica y derecha política se identifican. Sus empresarios y políticos piensan y dicen lo mismo y entre ellos se protegen.

Beatriz Sánchez y los dirigentes del FA han sido categóricos en colocar la lucha contra la corrupción y el financiamiento ilegal de la política en el eje de sus preocupaciones. “En el FA no hay nadie vinculado a SQM, Penta y Corpesca”, ha señalado con fuerza Tomas Hirsch.

Así las cosas, la línea divisoria entre la izquierda tradicional y el Frente Amplio tiene que ver no sólo con diferencias sustanciales sobre las transformaciones económicas y políticas que requiere el país, sino que esa línea divisoria se encuentra también en el  ámbito ético. Por ello, la eventual participación de representantes del Frente Amplio en el directorio de Chile 21 sería un error de grandes proporciones.