Comienza a ser patente la alerta social en la Argentina frente a la ola de despidos que sacude el país. En todas las provincias, en todas las reparticiones, en todos los sectores de la economía los números de despedidos, suspendidos o trabajadores que ven reducidos sus turnos, se van incrementando.

Mientras los medios de comunicación menosprecian esta tragedia nacional o incluso llegan al despropósito de justificarla, las agrupaciones gremiales empiezan a moverse.

El sindicato más combativo, con diferencia, es ATE, que agrupa a los trabajadores del Estado y que ha comprobado en carne propia como los nuevos “gerentes” de la administración pública atacaron premeditadamente a sus afiliados en algunas dependencias, mientras en otras la eliminación de puestos de trabajo no se corresponde con ninguna lógica.

Desde Fabricaciones Militares, pasando por los Ministerios de Cultura, Desarrollo Social, personal de Presidencia, Justicia, Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos, Jefatura de Gabinete, Interior, Economía, Salud, el Senado y el Congreso, Aerolíneas Argentinas, programas sociales nacionales, municipales y provinciales, el resto de entes autárquicos y secretarías se han visto despedazados.

¡Basta de despidos!

El jueves 4 de febrero se realizó una nutrida manifestación que confluyó en el Ministerio de Modernización, recientemente creado por decreto, y que es el ministerio que coordina los despidos masivos en todo el Estado y canaliza las contrataciones a empresas privadas, tercerizando buena parte del trabajo básico e imprescindible que realizan los empleados estatales.

En la marcha se podían leer los carteles que afirmaban que la salud es un derecho, no un negocio, como promocionan las políticas de vaciamiento y privatización que realizó en la Ciudad de Buenos Aires el Pro y que comienza a desarrollar en todo el país Cambiemos.

Para llevar adelante esta política de rapiña sobre lo que se había conseguido salvar y reconstruir de lo que destruyeran las políticas neoliberales de las dictaduras militares y los 90, el gobierno de Mauricio Macri ha colocado en todos los puestos claves del Estado a gerentes, directivos y representantes de las corporaciones económicas más poderosas de la Argentina.

Sinceramiento

Frente a un escenario de devaluación del peso de más del 50%, un índice de inflación que el Estado se niega a facilitar, pero que golpea fuertemente el salario de todos los trabajadores, los despidos forman parte de una medida de desaliento al reclamo de aumentos salariales y de adoctrinamiento, como explicitara el flamante Ministro de Hacienda, enredado en casos de evasión fiscal, Alfonso Prat Gay, recomendando a los trabajadores que “no arriesguen sus puestos de trabajo por pelear el salario”.

El Ministerio de Trabajo también se niega a dar cifras de desempleo tanto del sector público, como del privado, incluso han llegado a pedirle a las empresas que no les informen de los despidos que realicen para evitar filtraciones. Pero se calcula que en menos de dos meses de gobierno ya se han despedido 25 mil personas del sector público y más de 50 mil del privado.

Claro que estas cifras no pararán de crecer en los próximos meses, ya que son muchas obras públicas las que se paralizarán en todo el país y muchas empresas las que deberán cerrar por los incrementos de los servicios de electricidad y gas, que deberán multiplicar por 5 los costos actuales.

Otro factor que golpea fuertemente al sector industrial argentino es la liberación absoluta de las importaciones, lo que ha generado que grandes cadenas de supermercados anularan pedidos a fabricantes nacionales, para traer productos importados. Incluso algunas multinacionales a las que antes se les exigía producir en el país, aprovecharon el levantamiento de los controles aduaneros para cerrar sus sedes en Argentina y suministrar a sus clientes desde las sedes de otros países con menores costos salariales.

En primera persona

Hablando con los mismos trabajadores se derriban muchos mitos que buscan instalarse desde el gobierno sobre las causas de los despidos.

“Nos dicen que es para reducir la cantidad de empleados, pero en nuestra secretaría de Casa Rosada, nos echaron a todos, somos 4, y ya contrataron a 6, pero pueden ser más” nos contaba uno de los trabajadores despedidos. Una compañera suya agregó “Hace 25 años que trabajaba ahí, sobreviví a todos los cambios de gobierno. Es falso que cada presidente necesita trabajar solo con su gente”. Un tercer despedido de Casa Rosada aclara “Esas cosas que publican de que ganábamos sueldazos también es mentira. Con horas extras apenas si alcanzábamos los 10 mil pesos. Los que tienen sueldazos son los que están entrando nuevos”.

A delegados de ATE de Desarrollo Social la policía les impidió el ingreso a sus puestos de trabajo, algo similar sucedió en Jefatura de Gabinete cuando a los empleados que participaron de una asamblea en la puerta del edificio exigiendo que el contador Pedro Hadida recibiera a los delegados de los trabajadores, sus exámenes biométricos fueron borrados incluso antes de que estuvieran oficialmente despedidos impidiéndoles su normal ingreso a la oficina donde se desempeñaban.

Un delegado del Senado nos comentó “Estos tipos no saben lo que están haciendo, todos los despidos son ilegales, se creen que no tienen que dar explicaciones por nada. Así como tuvieron que reintegrar a los discapacitados que habían echado o a las embarazadas, creo que o dan marcha atrás o se van a comer miles y miles de juicios”. Otro delegado que escuchaba el diálogo apostilló “No les importan los juicios, si no son ellos los que van a tener que pagar, por eso hacen cualquier cosa, son impunes”.

Todos los testimonios son desgarradores, pero quizás la gente del Ministerio de Cultura fue la que vivió momentos más violentos. Una despedida comentaba “Yo fui el lunes a trabajar, como todos los días y la policía me dijo de ir a un salón aparte. En el salón había uno de los nuevos funcionarios que miraba todo el tiempo el teléfono. Me acerqué para preguntarle por qué me habían mandado a ese lugar y me dijo sin levantar los ojos de la pantallita del celular “porque estás despedida”. Se dio media vuelta y se fue por una puerta. El nivel de impotencia es total, somos 500 familias las que no van a tener con qué dar de comer a nuestros hijos”.

Algunos han cobrado el mes de enero, otros no, algunos esperan cobrar las vacaciones no gozadas, otros exigen los 30 días de preaviso que figuran en sus contratos. Cientos de trabajadores no han sido notificados de su despido más que por algún comentario de pasillo o por algún funcionario de Recursos Humanos que le dice haberlo visto en alguna lista.

Los despidos comenzaron en diciembre, algunos de los primeros afectados fueron los trabajadores del Centro Cultural Kirchner. “El CCK cerró la temporada en diciembre, pero había actividades programadas casi todo el mes. El 10 cuando asume Macri empiezan los rumores y a la semana siguiente se concretan las cancelaciones. Después vino Lombardi a sacarse fotos en el edificio vaciado, porque nos echaron a todos los laburantes. Hizo toda esa pantomima y nos echó a todos aduciendo que éramos contratados kirchneristas porque habíamos sido nombrados hacía pocos meses. Que alguien le explique a este señor que el Centro Cultural se inauguró hace pocos meses, ¿cómo nos iban a contratar antes?” despotricaba con rabia uno de los despedidos del CCK, que han realizado muchas marchas y han participado solidariamente en protestas por otros despidos.

Es en este contexto que ATE convocó un paro nacional y movilización para el 24 de febrero. Los estatales demandan la apertura de paritarias y un aumento de salarios “muy por encima del 25%”. También la reincorporación de los despedidos y el fin de la criminalización de la protesta.