El Superintendente de Control del Poder de Mercado, Pedro Páez, comparte el trabajo de la institución bajo su dirección, sus objetivos, prioridades y perspectivas, en un horizonte transformador.

    P_ ¿Cuál es el sentido de una Ley de Control de Poder del Mercado en este país y cómo la Superintendencia de Control del Poder de Mercado da cuenta del cumplimiento de esta ley?

    Pedro Páez: En realidad esta ley forma parte de una tradición de las 132 agencias en todo el mundo, las agencias antimonopolio. Aquí en Ecuador se logra aprobar esta ley luego de varios intentos en los que los poderes fácticos se opusieron a esta ley. Incluso, el vicepresidente Pedro Pinto, del gobierno de Gustavo Noboa, pidió el encargo de la presidencia para vetar una ley que se había presentado en aquel momento.

    Cuando la ley es aprobada en el año 2011, tres conspicuos representantes de las cámaras empresariales, de manera independiente, presentan demandas de inconstitucionalidad a la ley, incluso antes de que la Superintendencia se constituya, en septiembre de 2012. Esto evidencia el atraso de ciertos sectores empresariales acá y hace necesario evaluar de modo objetivo lo que se está haciendo. En Estados Unidos, donde rige una ley antimonopolio desde fines del siglo XIX, con poderes mucho más fuertes que la ley vigente en Ecuador y, sin embargo, a ellos nunca se les dijo que eran comunistas. Aquí de inmediato se planteó que la ley era contra el libre mercado, la hostilidad contra los empresarios, en fin.

    P: ¿Cuál es la razón de esta reacción del empresariado ecuatoriano?

    PP: Tenemos una herencia de 500 años de tremenda concentración del poder económico y político. Una matriz precapitalista a partir del monopolio de la tierra que era el principal medio de producción de la época y el monopolio del comercio de larga distancia, el comercio de intermediación para el mercado interno y de exportación/importancia que han controlado lo fundamental de la generación y la distribución de la riqueza. Esa concentración se reproduce en la banca y con la industrialización. Tiene que ver con la reproducción de las condiciones de dependencia, exclusión, monopolización y colonialismo interno. En el corazón del problema está algo que es muy poco trabajado por las ciencias sociales, también por la izquierda, que es la diferencia entre el capitalismo del subdesarrollo y el capitalismo desarrollado. Es indispensable diferenciar dinámicas internas entre estos dos capitalismos.

    En el capitalismo del subdesarrollo predominan las estrategias rentistas. La mayoría de los empresarios apuntan a subir los precios, incluso en situaciones en las que, como en Ecuador, las personas tienen de hecho una mejora significativa en su capacidad de compra. Pero aquí, en Ecuador, esto no significa mayor producción, sino aumento en importaciones y de precios. Las empresas suben los precios, venden menos, entonces hay menos producción, menos empleos, menos oportunidades para otras empresas.

    Esto está en el corazón del atraso, de tácticas que no se sustentan en la innovación tecnológica, ni siquiera sobre modelos gerenciales eficaces, es el apoltronamiento en una posición dominante en el mercado que hace que llueva la plata y lo que hay que hacer es “a codazo limpio” sacar a cualquier competencia o “torcer” las políticas públicas para favorecer esa concentración de la riqueza.

    Es decir, el eje de las ganancias no se da sobre una ampliación del mercado. Estos comportamientos, en el caso de Ecuador en particular, exacerban todos los polos destructivos propios del mercado: la acumulación, la exclusión, la marginación.

    P: ¿Cuál es el aporte de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado?

    PP: El aporte comienza por el nombre que denota una ruptura con la vieja y falsa dicotomía, unos a favor del Estado y otros a favor de mercado, cuando la historia demuestra contundentemente que Estado y mercado han servido a los mismos amos. Ecuador ha hecho una apuesta por la transformación del Estado y por la transformación del mercado. Pero no solo hay que transformarlos a ellos sino también, transformar a la gente, para empoderarla y construir ciudadanía. Ahí se enmarca la prioridad de la tarea de esta Superintendencia. Nuestro énfasis está en el proceso de empoderamiento de la ciudadanía, que como seres humanos vayamos creciendo en dignidad, en responsabilidad, en organización, en conciencia. Este es todo un reto porque acaba con la visión del Estado paternalista que ha sido también una visión de la izquierda. La prioridad real es transformar la microfísica del poder en el sentido de Foucault, en las transacciones cotidianas. Otro balance de poder en el que este empoderamiento de la ciudadanía marque las transformaciones.

    P: ¿Hay logros concretos?

    PP: Sí, los hay. Hemos logrado eliminar por completo la venta de productos caducados que, además, esconde un histórico racismo que está en nuestra cultura. Lo que sucedía es que, a medida que los productos se acercaban a su fecha de caducidad en los supermercados de los barrios de clase alta, los mandaban a los barrios populares y cuanto más pasaba el tiempo, los ubicaban en sitios más alejados. Estas relaciones heterárquicas y jerárquicas se exacerbaban cotidianamente en una multitud de planos: la alimentación, la salud, por ejemplo. Este logro marca el nuevo carácter de la intervención del Estado y el hecho de que la ciudadanía la que tiene el poder para frenar este y otros fenómenos similares. Hemos puesto en evidencia que no se trata siempre el Estado controle los abuses. Es la organización de la gente la que está transformando estas prácticas de las grandes empresas. Otro ejemplo es que, son los comités de usuarios los que logran detener la espiral especulativa que se comenzó a desatar en marzo, a partir de las sobretasas arancelarias. Esta espiral no solamente pretendía espúreas ganancias sino que tenía ya una agenda desestabilizadora que logramos denunciar en ese momento. Sin embargo, todavía no es posible sostener la actitud vigilante de la ciudadanía. El mérito y la solución están en el protagonismo y corresponsabilidad de la gente.

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    P: ¿Cuáles son las dificultades con las que se han encontrado en este proceso de empoderamiento de la gente?

    PP: Muchas y graves. Estamos hablando de 500 años de abusos y la gente piensa que eso es normal. No solo el consumidor sino también el emprendedor. Una vez que la gente comienza a hacer conciencia de que no tiene por qué aguantar abusos ni engaños, comienza a quejarse pero no a denunciar. ¿Por qué? Porque hay un clima de temor generalizado a las represalias de las empresas más grandes, incluye también a grandes empresarios del país con temor frente a las retaliaciones de las trasnacionales. Y el clima de temor generalizado es incompatible con la democracia, con el Estado de Derechos, con el Estado de Derechos y Justicia que ordena nuestra Constitución y con el mismo desarrollo, con el propio desarrollo capitalista. Nosotros no nos hacemos ilusiones respecto a un mercado perfecto, la panacea de todos los problemas, pero es necesario analizar más a fondo y articular mejor. Parte de lo que estamos planteando es mostrar que sí podemos y romper con ello una cantidad de trabas existentes. Un asunto clave es cómo se insertan todos los circuitos de la economía social y solidaria en los mecanismos y flujos de la economía. Es necesario construir capacidades en todos los sectores.

    P: ¿Todas estas acciones, aportan a la desconcentración/ redistribución de la riqueza?

    P.P: Para nosotros el primer punto tiene que ver con la apertura de canales y espacios de participación para que sectores que nunca antes habían tenido participación, puedan incidir de manera real. Hemos hecho más de 720 talleres nacionales yendo a hablar directamente en las provincias, en los centros productivos y con todos los actores. Además, 50 talleres internacionales, también con participación de todos los sectores.

    Es necesario abrir las puertas para un proceso de diálogo que incida en las políticas públicas. Así se ha construido el Manual de Buenas Prácticas de los Supermercados que apunta a garantizar la persistencia de una competencia plural en la que estén los pequeños y los medianos. Igual el Manual de Buenas Práctica de las Farmacias, que busca crear unas mínimas reglas del juego para evitar la asimetría brutal que impedía que existieran más operadores y más nichos de mercado, cumpliendo con todos los estándares.

    Para la Superintendencia es prioridad la economía social y solidaria, desde su diferencia, su diversidad, su lógica popular. Es un proceso de transformación muy difícil. Se trata, además, de construir derechos y responsabilidades y modificar la cultura del consumidor y la cultura empresarial. Hay todavía las que se aferran con uñas y dientes al pasado, comprometidas además con una agenda desestabilizadora de la democracia.

    P: Un reciente estudio muestra cómo el gasto en salud ha significado concentración y monopolio en las farmaceúticas. ¿Qué piensas al respecto?

    PP: Acceder al gobierno no quiere decir que se accede al poder. El poder sigue estando en el monopolio sobre los medios de producción. Por más esfuerzos que se han hecho desde hace años pero la producción de medicinas a nivel nacional está destruida y las que terminan definiendo, aún hoy, precios, presentaciones, etc., las siguen decidiendo los mismos. Se trafica con el dolor humano y son temas en los que hay equilibrios muy delicados. Se requiere una perspectiva estratégica de multiplicación de operadores, en este campo y en todos los campos, también en el de la alimentación, por ejemplo.
    P: Esta previsto un Congreso Internacional sobre el tema Salud ¿Cuál es el objetivo?

    PP: Crear las condiciones en el tejido social. Es un amplio diálogo entre los diferentes actores vinculados al campo de la salud. Busca crear espacios de vigilancia ciudadana desde una perspectiva más técnica. Todo esto está transformando la correlación de fuerzas. Además estamos intentando transformar la normativa en la compra pública.

    P: ¿Qué es, entonces, lo indispensable?

    Tenemos que multiplicar los operadores en todas las ramas. Generar alternativas par ano estar sometidos al chantaje, ya estratégico, que puede ejercer la vieja alianza de la oligarquía y el imperio para someter a nuestros países al atraso y a la dependencia. La riqueza de experiencias políticas e iniciativas que puede generarse desde este proceso de construcción ciudadana es muy importante y trascendente, para América Latina, para ampliar el debate que ha estado restringido a la discusión y la exigencia al Estado. No nos hemos preocupado de lo que puede hacer el ciudadano común en las relaciones cotidianas. Tenemos todavía mucho por hacer.

    Nota final: la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha trabajo intensamente procesos comunicativos transmediáticos, a partir de la telenovela Ciudad Quinde y, actualmente, a través de la producción de una radionovela con los propios testimonios, casos, situaciones, propuestas, de la ciudadanía, a través de los 1600 comités de usuarios que ya funcionan en el país. La apuesta por un proceso colectivo de comunicación tiene que ver también, con el eje de fortalecimiento de capacidades ciudadanas, que es el foco de trabajo de la Superintendencia.