Después de tres meses de trabajo el comité, compuesto por 15 expertos internacionales y 15 nacionales, emite sus conclusiones la misma jornada que se debate en el Eurogrupo la extensión del rescate heleno.
El informe es tajante: la deuda contraída con la troika no respeta los derechos humanos y no debe ser pagada.
Los expertos apenas prestan atención a la deuda previa a 2010 (y que originó la necesidad inicial de rescate) y se centran en anular los préstamos con el FMI y el BCE por no cumplir los requisitos que marcan las propias organizaciones.
Por Pablo García
El periodo que va de la victoria de Syriza al acuerdo con los acreedores o a la ruptura de la Eurozona será recordado como uno de los más intensos de la historia comunitaria. Casi en tiempo de descuento, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, encontró el sostén en la víspera de la reunión del Eurogrupo clave para tratar la extensión del rescate en el Comité Internacional que audita la deuda helena y que dictó sentencia sobre la «legitimidad» de la deuda griega. Los expertos creen que las obligaciones contraídas la troika tienen carácter «ilegítimo e ilícito» y han derivado en una deuda «odiosa» que atenta contra los derechos humanos. La recomendación de los expertos, 15 extranjeros y 15 nacionales: el impago.
No es un algo nuevo: es un trabajo esperado por Tsipras que ha durado un trimestre y que llega en el momento más angustioso de las negociaciones. El foro que componen sus colegas ministros del euro no está por la labor de flexibilizar el pago de los créditos concedidos pero Tsipras se siente respaldado por un notable apoyo en la opinión pública (no solo la griega). Las posiciones están tan enconadas que la posibilidad de un default -el que sería el impago más grande de la historia al FMI- no parece una quimera. Incluso Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha comparecido en los últimos días reprobando la actitud de Grecia en un gesto sin precedentes y clamando por un recorte en las pensiones.
Para contener las exigencias de los acreedores, a principios de abril el Parlamento heleno lanzó este comité presidido por el politólogo belga Eric Toussaint, quien ya ha auditado otras deudas como la de Ecuador, que derivó en una reestructuración previa negociación con los acreedores. Profesor de la Universidad de Lieja y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo, Toussaint, probablemente urgido por el Ejecutivo de Tsipras ante la agonía que le espera este 18 y 19 de junio en el Eurogrupo de Luxemburgo, presentó en Atenas un documento de 50 páginas del que el plato fuerte se conocerá el mismo día que se reúne el Eurogrupo. Lo que viene a continuación es un resumen de algunos de los puntos principales del texto, que atribuye a la troika (BCE, FMI, Comisión Europea) gravísimas imputaciones.
¿De dónde viene la deuda pública griega?
El primer capítulo del informe Toussaint se ocupa de identificar el crecimiento descontrolado de la deuda pública griega desde los años 80 (su propósito inicial abarcaba hasta la dictadura militar entre 1967 y 1974) hasta hoy, y por qué ésta pasó del 113% del PIB en 2009 al 185% al cierre de 2014. El informe concluye que este crecimiento «en ningún caso se debió a un gasto público excesivo, ya que éste siempre permaneció muy por debajo del de otros países de la Eurozona»; según el comité, esta explosión tuvo más bien que ver «con el pago de intereses extremadamente elevados a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, caída de ingresos fiscales debido a la huida de capitales, la recapitalización de los bancos privados por parte del Estado y los desequilibrios creados por los defectos de la propia Unión Monetaria».
De hecho el informe fecha el principio de los males helenos «en la adopción del euro, que llevó a un drástico aumento de la deuda privada en Grecia a la cual los principales bancos europeos y griegos estuvieron expuestos». Finalmente, un primer dardo contra el Gobierno de Yorgos Papandreu «que contribuyó a presentar lo que era una crisis bancaria como una crisis de deuda soberana».
En el capítulo primero se trata el maquillaje del déficit por parte del Gobierno conservador de Nueva Democracia que precedió a Papandreu y la reestructuración de 2012 (que solo contribuyó temporalmente a frenar la escalada de deuda pública). Con todo, solo se dedica un capítulo a la formación de esta deuda y los siete restantes se centran en las líneas de crédito concedidas por la troika, a la que el informe presta realmente su atención.
Repudio de la deuda con el FMI
El capítulo octavo concluye que la deuda pública helena bebe de cuatro elementos que la hacen repudiable: «insostenible», «ilegal», «ilegítima» y «odiosa». Así y con relación al FMI, la crítica del informe llega justo cuando se apuran las horas para alcanzar un acuerdo antes del 30 de junio que permita a Atenas evitar el impago y abonar al Fondo 1.600 millones de euros.
«La deuda con el FMI debería considerarse ilegal, ya que incumple los propios estatutos del Fondo, la Constitución griega, el derecho internacional consuetudinario y los acuerdos de los que Grecia forma parte». Además, el texto también identifica una parte «odiosa» al imponer el FMI «medidas antidemocráticas».
Impago de la deuda con el BCE
Más de lo mismo. Atenas hará en agosto frente a vencimientos de deuda en manos del BCE por valor de más de 3.000 millones (dentro de los 7.200 millones que tendrá que devolver este verano), pero el informe Toussaint asegura que la deuda con la institución sita en Fráncfort debería igualmente considerarse «ilegal, porque el BCE ha sobrepasado su mandato imponiendo la aplicación de programas de ajuste macroeconómico».
El informe también dice que el SMP (‘Securities Market Programme’, primer programa de compra masiva de deuda pública pensado para que el BCE interviniera en el mercado secundario) estaba concebido «para servir a las instituciones financieras».
Repudio de otras deudas
Como la contraída con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, del inglés), mediante préstamos bilaterales o con los acreedores privados. Sobre el ESFS, el informe opina que el Acuerdo-Marco de 2010 y el Acuerdo para la Ayuda Financiera de 2012 suponen ambos un quebranto de derechos socio-económicos y libertades civiles.
Los préstamos ilegales deben asimismo declararse «ilegales» porque delatan una «mala conducta de los prestamistas y contravienen el derecho público». «Los préstamos bilaterales son también ilegítimos porque no fueron usados en beneficio de la población sino que permitieron a los acreedores privados ser rescatados». Más de lo mismo con la banca privada, «que se actuó irresponsablemente antes de que la Troika interviniera [en 2010]». «Además», recuerda el informe, «algunos acreedores privados como los hedge funds actuaron de mala fe».
«Condicionalidad dramática»
La que aparece detrás de cada paquete de ayuda o préstamo. En el quinto capítulo del informe se abordan «las condiciones intrusivas» que han conducido «a la insostenibilidad de la deuda». «Estas condiciones dramáticas», afirma el comité , «no solo produjeron una merma del PIB sino que hicieron que el país adquiriera préstamos más elevados». Una condicionalidad que ha derivado en «crisis humanitaria».
Impacto del rescate en los derechos humanos
Sexto capítulo, que concluye que las medidas contenidas en los programas de rescate «afectaron directamente a las condiciones de vida de la gente y violaron los derechos humanos, los cuales Grecia y sus socios estaban obligados a respetar».
