Para analizar los dos primeros meses del nuevo período de gobierno de Dilma es necesario tomar en cuenta lo sucedido a finales del año pasado.

Recordemos que Dilma ganó las últimas elecciones, en octubre de 2014, con una margen menor que el obtenido en las anteriores. El Partido de los Trabajadores, al que pertenece la actual presidente, logró su cuarto mandato consecutivo en el gobierno federal. Recordemos los dos períodos de Ignacio Lulla da Silva.

En efecto, Dilma y el PT han ganado siempre de forma legítima. A pesar de ello, la oposición política unida a los grandes medios de comunicación mantiene desde la propia campaña presidencial una fuerte campaña en contra de la presidenta y su gobierno. A dicha campaña se ha sumado recientemente una amplia investigación en torno a la corrupción en Petrobras, la mayor empresa pública brasileñan, que continúa teniendo un amplio espacio en los medios masivos. Todo apunta a debilitar al máximo al gobierno y a generar un clima favorable para un impedimento, mecanismo legal que ya fue utilizado con el ex-presidente Fernando Collor.

Otro factor de debilitamiento está relacionado con el hecho de la presidencia del Poder Legislativo la ganó un partido que, si bien está en la base de apoyo a Dilma, tiene un presidente con interés en presionar al máximo al gobierno, para lograr sus propios réditos tanto electorales como económicos, pues quiere direccionar fondos para proyectos de su propio partido.

Sumando a estos factores de presión desde diferentes poderes tanto de la oposición como de los propios, Dilma ha tomado decisiones que están generando descontento en la población y en sus votantes. Nombró en su gabinete ministerial al director de un gran banco privado como Ministro de Hacienda y a una líder del agronegocio como Ministra de Agricultura. Promovió un paquete de medidas que disminuyen el ejercicio de derechos laborales, tales como el seguro de desempleo, la pensión por muerte y otras. Por otra parte, ha anunciado recortes en los gastos del gobierno y aumento en las tasas de interés, beneficiando así al sector financiero.

Al parecer, las presiones del gran capital han hecho que la presidenta ceda y tome medidas que lo siguen favoreciendo. Mientras tanto, las fuerzas que la apoyaron en las últimas elecciones y la siguen apoyando aún, no están recibiendo señales y medidas efectivas para sus demandas. Una situación social muy tensa y cada vez más polarizada que no se había visto en los años anteriores, gana terreno cada día. Quienes la apoyan le exigen avanzar en sus propuesta de campaña y marcar que es ella quien está al frente de su gobierno.

Dilma ha hecho mucho para reducir la pobreza extrema y en la defensa del empleo, ademas de apoyar la integración latinoamericana. Ha hecho eso utilizando el Estado como fuerte actor en el campo de las políticas publicas y en la economía, por medio de los bancos públicos y empresas dirigidas por el Estado. Hay mucho mas para avanzar. Y va necesitar mucho diálogo y medidas concretas para que las fuerzas de los sindicatos, movimientos sociales y las nuevas generaciones hagan la necesaria presión a fin de lograr no perder lo logrado hasta acá y dar continuidad a la ampliación de derechos básicos.