Por la Embajada de Ecuador en Francia

En febrero del 2014 tuvo lugar en París una mesa redonda en presencia del Fiscal de la República de Ecuador, Galo Chiriboga, y con la participación del Embajador ecuatoriano en Francia Carlos Jativa, Hernando Calvo Ospina, Fidel Jaramillo Paz y Miño, Sophie Thonon e Ignacio Ramonet.

Organizada por la Embajada de Ecuador en Francia, esta mesa redonda buscaba presentar la política del gobierno ecuatoriano en torno a las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante los años 80:

Hacer justicia sobre los hechos pasados exige la sanción a los autores de las violaciones a los Derechos Humanos, el restablecimiento de la memoria, pero igualmente la puesta en práctica de medidas que busquen reforzar la democracia, con el fin que dichos crímenes no se vuelvan a repetir.

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, los regímenes dictatoriales de la región organizaron sistemáticamente sangrientas violaciones a los Derechos Humanos, con el fin de eliminar a los disidentes y mantener un orden autoritario. Hace ya varias décadas que éstos países luchan contra la impunidad de dichos crímenes, pero no todos avanzan a la misma velocidad. En efecto, algunos de ellos han juzgado ya a los culpables de genocidios, mientras que otros comienzan recién sus primeras investigaciones.

Tal como otros países latinoamericanos, el Ecuador persigue el restablecimiento de la verdad y la búsqueda de los autores de violaciones a los Derechos Humanos, sobretodo aquellos cometidos durante el período de terrorismo de Estado durante los años 80. Para ello, el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, creó el 3 de mayo del 2007 la Comisión de la Verdad Ecuatoriana (CVE). El objetivo de esta comisión es “investigar, clarificar y prevenir la impunidad de los actos de violencia y de las violaciones a los Derechos Humanos que hayan tenido lugar entre 1984 y 1988 y durante otros períodos”.

Luego de tres años de investigación, la Comisión de la Verdad Ecuatoriana (CVE) presentó, en junio del 2010, su informe final, titulado “Sin verdad, no hay justicia” y fue un mes más tarde que, en la Fiscalía General, se creó la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad, con la finalidad de investigar los 136 casos criminales declarados por la CVE.

En agosto del 2011, la Unidad Especializada no había obtenido aún resultados concretos, y su trabajo parecía no progresar. No fue hasta que el Dr. Galo Chiriboga Zambrano fue puesto a la cabeza de la Fiscalía General del Ecuador que comenzaron a tomarse las primeras medidas. Es importante notar que la lucha contra la impunidad no ha sido jamás una tarea fácil, y aún menos cuando se trata de crímenes internacionales cometidos por grupos en el poder, ya sea de derecho o de facto.

Es así como el 23 de marzo del año 2012, la Dirección de la Comisión de la Verdad y los Derechos Humanos (DCVDH) fue creada, como una organización que trabajaría directamente con la Fiscalía General. Por primera vez en la historia del Ecuador, se había hecho un esfuerzo para estudiar técnicamente los casos de crímenes contra la humanidad y de violaciones graves de los Derechos Humanos. Con el soporte de consultores nacionales e internacionales, una metodología de búsqueda e investigación específica para este tipo de crímenes y violaciones fue desarrollada, y es la que actualmente pone en práctica la DCVDH.

Muy apegada al respeto de los Derechos Humanos y al restablecimiento de la verdad y de la justicia, la administración actual de la Fiscalía General del Estado busca implementar un procedimiento para éstos casos. En el transcurso del año 2013, tres hitos históricos se lograron en la historia judicial del país: 1) en mayo, se han iniciado procesos para un caso de tortura constituyente de una violación grave a los Derechos Humanos; 2) en julio, se formularon cargos por el delito de odio racial y 3) en octubre, un crimen de lesa humanidad fue llevado a los tribunales, un hecho hasta el momento sin precedentes en el país.

Los primeros procesos son ejemplos de los objetivos que deben esperarse de las investigaciones de la DCVDH. Un trabajo dificultoso, en un contexto en que los autores de los crímenes son miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, mientras que las víctimas se encuentran entre los civiles y las organizaciones políticas armadas.

Los casos que fueron procesados han tenido un efecto triple. Antes que nada, han contribuido a la toma de conciencia en torno a estos temas en el seno de la población ecuatoriana. En segundo lugar, han permitido al grupo de abogados de la DCVDH adquirir numerosas competencias en torno al tema. Y, por último, muestran que estos casos, de difícil tratamiento, son desde ahora objeto de procedimientos judiciales.

Frente a estos resultados, es de importancia subrayar el compromiso de la Fiscalía General el Estado en torno a la defensa de los Derechos Humanos y la protección de las víctimas.

Traducido por: Alejandro Feres