Por Luis Gutiérrez Esparza
El artículo 27 constitucional dispone que corresponde a la nación “el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas”; pero estipula que “la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”. En ningún momento, pues, quedó descartada la posibilidad de que los particulares participen en la explotación de los hidrocarburos. Sin embargo, la experiencia previa a 1938, más las reiteradas referencias, en el curso de los años, a la propiedad nacional del petróleo y sus derivados como piedra de toque de la soberanía; y el hecho de que se haya equiparado con traición a la patria, la adopción de modalidades alternativas que pudiesen contribuir a una mayor eficiencia de Pemex y a mejores condiciones de mercado para los consumidores mexicanos, paralizó casi todos los intentos al respecto…
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