Se incrementa la crisis política. El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, renunció a la institución que organizó y ejecutó las Elecciones Generales 2026, en su primera vuelta. Pese a que la ley establece que su cargo es irrenunciable (para mantener la estabilidad política), la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la renuncia y en breve se espera que el gerente general de la ONPE asuma la segunda vuelta del proceso, que se realizará el próximo 7 de junio.

Desde el 12 de abril pasado, el Perú se encuentra en una crisis política azuzada principalmente por el candidato a la presidencia, Rafael Lopez Aliaga (partido Renovación Popular) quien denuncia un “fraude electoral” y exige repetir las elecciones, afirmando que las irregularidades del proceso (fallas logísticas en diversas mesas de votación, retrasos en la entrega del material informativo y actas extraviadas) han perjudicado el proceso y se perdieron votos.

Se sumaron al cargamontón en contra de la ONPE y del proceso electoral, los medios de comunicación monopólicos, que a través de la radio, prensa y televisión promovieron la destitución de Corvetto, como principal “solución” a la crisis política. ¿Y la estabilidad democrática?

Por su parte, la población realizó sendas marchas en las principales plazas de Lima, denunciando un probable fraude electoral ante el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori (partido Fuerza Popular); sin embargo, estas manifestaciones fueron capitalizadas por el candidato Lopez Aliaga quien también denunciaba el “fraude” porque con el avance de los resultados finales del proceso, este ya no pasaría a la segunda vuelta electoral, siendo desplazado por Roberto Sanchez (partido Juntos por el Perú), quien presenta mayor voto en provincias.

Impacto mayor: peligra la neutralidad

Con la salida de Piero Corvetto la crisis política se acentúa, pero el impacto es mayor: el país presenta descabezada a la institución organizadora del proceso electoral, pero el riesgo mayor es que se pone en peligro la neutralidad de la segunda vuelta, dado que el país se encuentra con las instituciones cooptadas por la coaliación mafiosa.

Al mismo estilo de las elecciones del 2021, la estrategia para asegurar los votos es: polarizar el país entre los de derecha e izquierda, estigmatizar la izquierda, promover el racismo hacia la población rural, “enfrentamientos” entre candidatos, desconocer los resultados si no son favorables. Sin embargo, hoy la diferencia es que, la coalición mafiosa ha capturado las instituciones tutelares del país… ¿preparando el fraude?

El papel de la ciudadanía se vuelve crucial en esta etapa, para superar la erosión de la democracia que hoy vive. En esta primera vuelta “castigó” a diversos partidos con su campaña #PorEstosNo (no pasaron la valla electoral), renovó su clase política con nuevos partidos (Buen Gobierno, Ahora Nación, País para todos), denunció las irregularidades con celular en mano; y diversas instituciones de la sociedad civil se manifestaron y organizaron por la democracia y el Estado de derecho. La tarea por un buen gobierno continua.