Una manifestación, casi sin precedentes en los últimos años sobre el conflicto educativo en Cataluña, ha culminado una semana de protestas en todo el territorio.
Algunas fuentes estiman una participación de 100.000 personas en la movilización celebrada hoy en Barcelona. La emblemática camiseta amarilla, símbolo de las movilizaciones contra los recortes en educación iniciadas a partir de 2012, se ha convertido en el color identificativo de la marcha. La protesta llega también como respuesta al pacto alcanzado por el Govierno con sindicatos como CCOO y UGT, un acuerdo que buena parte del profesorado considera claramente insuficiente, cuando no un intento de quitarse el problema de encima sin abordar las demandas reales del sector.
Menos alumnos por clase
Más soporte a la educación inclusiva
La coordinación ha sido uno de los elementos clave de la jornada: cuatro columnas, procedentes de distintos puntos de la ciudad, han avanzado a pie hasta confluir en la plaza Tetuán. Desde allí, la marcha ha continuado descendiendo por el paseo de Sant Joan en dirección al Parlament de Catalunya.
Los grupos organizados son la clave para protestar frente a las injustícias
La protesta ha formado un auténtico río humano que ha recorrido la ciudad para exigir mejoras urgentes en el sistema educativo. Más allá de una movilización puntual, el sector interpreta estas protestas como la expresión de un malestar acumulado y de carácter estructural, fruto de años de recortes y falta de inversión sostenida en la educación pública.
Inversión que llegue al 6% del PIB en los próximos 4 años
Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la mejora de las condiciones salariales —con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido, estimado en torno al 25 % en los últimos años—, la reducción de las ratios en las aulas, el refuerzo de personal —especialmente para la atención a la diversidad— y la disminución de la carga burocrática, considerada una de las principales fuentes de malestar entre el profesorado.Todo elloresponde a la necesidad de garantizar una educación pública de calidad y viable a largo plazo.
Recuperar el poder adquistivo perdido del profesorado, que se estima entorno al 25%
Estos puntos ya fueron desarrollados en el artículo publicado por este medio días atrás: Educación al límite
