La riqueza del país no está en el subsuelo, sino en lo que hacemos con ella. Y eso es política, no geología.

Punto de partida: un diagnóstico sin maquillaje

Entre 2000 y 2025 el Perú recibió cientos de miles de millones de dólares en ingresos por minería, hidrocarburos y agroexportación. El PIB creció en ciclos, las reservas internacionales aumentaron y el discurso macro fue triunfal. Pero en los mapas de agua, salud, infraestructura y diversificación industrial, la desigualdad territorial sigue intacta. Las reglas están hechas para atraer inversión no para garantizar desarrollo integral. Cambiar eso exige voluntad política sostenida más allá de un periodo de gobierno.

Reforma tributaria y contractual extractiva
• Canon contracíclico: crear un Fondo Soberano Peruano de Recursos Naturales, administrado con participación ciudadana, que invierta en infraestructura productiva y servicios básicos amortiguando la caída de precios internacionales.
• Cláusulas de flexibilidad fiscal: renegociar contratos para que la tasa efectiva de contribución aumente proporcionalmente cuando el precio internacional supere ciertos umbrales.
• Arbitrajes revisados: incluir en los TLC y contratos cláusulas de “interés público superior” que permitan medidas ambientales y sociales sin indemnización a corporaciones.

Plazo estimado: 3 años para renegociaciones prioritarias.
Métrica: incremento mínimo del 20% en la recaudación neta de recursos en ciclos altos.

Consulta previa vinculante y ordenamiento territorial
• Carácter vinculante: la consulta debe poder modificar, reubicar o detener un proyecto si afecta de forma irreversible el territorio o la cultura.
• Catastro actualizado de pueblos y territorios: levantado con tecnología satelital, registros comunitarios y verificación independiente.
• Ordenamiento territorial obligatorio: definir zonas de exclusión minera, hidrocarburífera y agroindustrial por criterios de agua, biodiversidad y cultura.

Plazo estimado: 2 años para catastro; 4 para ordenamiento completo.
Métrica: 100% de concesiones nuevas otorgadas en áreas compatibles según OT.

Fondo nacional de remediación y cierre
• Bonos de cierre obligatorios: depósitos en fideicomisos antes del inicio de operaciones.
• Responsabilidad extendida: empresas deben cubrir impactos directos e indirectos detectados hasta 20 años después del cierre.
• Intervención estatal inmediata: en caso de abandono, el Estado ejecuta el fondo y demanda internacionalmente.

Plazo estimado: implementación legal en 1 año.
Métrica: reducción del 50% en pasivos ambientales nuevos en 10 años.

Industrialización y encadenamientos productivos
• Parques industriales minero-metalúrgicos: fundición y refinación de cobre, zinc y potencial litio, con energía renovable.
• Compras públicas con contenido local: el Estado como cliente para maquinaria, componentes eléctricos y metalmecánica.
• Clústeres regionales: integración de universidades, técnicos y empresas para producir insumos y servicios para la minería y agroindustria.

Plazo estimado: 5 a 7 años para la primera fase industrial.
Métrica: al menos 30% de exportaciones mineras con procesamiento local para 2035.

Agua y salud como prioridad extractiva
• Licencias de uso de agua revisables cada 5 años según disponibilidad y calidad.
• Plantas de tratamiento comunitarias financiadas por canon y fondos privados obligatorios.
• Sistema nacional de salud ambiental: monitoreo permanente de metales pesados, con capacidad de atención y tratamiento especializado en zonas afectadas.

Plazo estimado: 3 años para implementación plena.
Métrica: reducción del 40% en indicadores de exposición a contaminantes en 8 años.

Lucha contra la ilegalidad y formalización real
• Inteligencia financiera y logística: cortar cadenas de suministro de combustible, químicos y maquinaria a minería ilegal.
• Formalización acelerada: asistencia técnica, financiamiento y plazos estrictos, con metas anuales de formalización real, no solo en papel.
• Presencia estatal permanente: no operativos aislados, sino bases integradas en zonas críticas.

Plazo estimado: 10 años para reducir la minería ilegal a menos del 10% del total.
Métrica: reducción anual sostenida del área deforestada por minería ilegal.

Transición energética con soberanía
• Plan de electrificación industrial: usar gas y renovables para impulsar manufactura eléctrica nacional.
• Baterías y movilidad eléctrica: incentivos fiscales para ensamblaje local de baterías y vehículos de bajas emisiones, integrando cobre y potencial litio nacional.
• Exportación con valor agregado: prohibición gradual de exportar ciertos minerales sin procesamiento.

Plazo estimado: 15 años para consolidar industria energética limpia.
Métrica: 50% del cobre y 80% del litio exportado con valor agregado para 2040.

Transparencia y control social
• Portal único de recursos naturales: contratos, regalías, monitoreos, licencias de agua, estudios de impacto, todo en acceso público.
• Observatorios ciudadanos financiados por canon para auditoría independiente de obras y licencias.
• Sanciones efectivas a funcionarios que oculten o manipulen información.

Plazo estimado: 1 año para lanzamiento.
Métrica: reducción de conflictos por falta de información en 5 años.

La hoja de ruta

Ninguna de estas medidas es imposible, todas existen en alguna parte del mundo, lo que falta no es técnica: es decisión política y persistencia social. Perú no es pobre por falta de recursos, es pobre porque ha permitido que el diseño del sistema priorice la rentabilidad externa sobre la dignidad interna. La hoja de ruta no garantiza milagros pero sí marca un cambio: del modelo de enclave al modelo de país.

En la Parte 12 vamos a cruzar esta hoja de ruta con la historia larga: qué pasaría si, desde la colonia hasta hoy, el Perú hubiera aplicado estas reglas. Y sobre todo qué puede pasar si las aplica ahora.