Cada 19 minutos, una persona en el Perú denuncia ser víctima de extorsión. No es un dato frío: es una alerta roja sobre un país donde la amenaza y el miedo son parte de la rutina diaria. En los primeros cuatro meses del 2025, ya se han reportado más de 9 mil denuncias. De seguir así, este será el año con más extorsiones en una década.
Por: Joséjulian Pérez, Alejandro Hernández, Gean Chipana, Jorge Morales*
Una sombra que se extiende por todo el país
En Lima, en agosto de 2024, cuatro choferes fueron asesinados por negarse a pagar «cupos”. En Trujillo, unos comerciantes vieron sus locales incendiados. En Surquillo, un vendedor de jugos fue acribillado. Y en colegios, bandas criminales exigen pagos para “garantizar” la seguridad de los alumnos.
Lo más aterrador es la sensación de estar completamente desprotegido. Muchas víctimas ya no denuncian. Temen represalias, desconfían de las autoridades y optan por callar o incluso mudarse. El silencio, el miedo y la impotencia son parte de la vida diaria de las familias.
Esta “ola extorsiva” se manifiesta con especial crudeza en Lima Metropolitana que encabeza la lista de denuncias (solo en el primer trimestre de 2024 sumó 1,817 casos), seguida por departamentos como La Libertad (al norte del país, con énfasis en Trujillo), Piura, Lambayeque, Áncash, Chiclayo y Chimbote. Estas ciudades costeñas presentan altos índices de incidencia, al igual que distritos limeños como San Juan de Lurigancho, Comas o Villa El Salvador, donde proliferan organizaciones criminales locales.
Víctimas que pagan con su vida
El impacto de la extorsión va más allá del dinero. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, más de 2,600 bodegas cerraron en Lima por temor a las mafias. Transportistas paralizaron rutas. Sindicatos de construcción civil denunciaron asesinatos de sus dirigentes. Vendedores ambulantes son amenazados. La extorsión no solo quiebra negocios; rompe familias, enferma a comunidades y destruye sueños.
El golpe también es psicológico. Según encuestas recientes, más del 77% de la población desconfía de la Policía y el Poder Judicial. Esta desconfianza se alimenta cuando ven la criminalidad en aumento sin una respuesta efectiva. Como resultado, las personas extorsionadas ya no denuncian los hechos, pues temen represalias y perciben inacción estatal (López, 2024).
Así se abre la puerta al caos, con otra consecuencia social: linchamientos, justicia por mano propia, apoyo a discursos autoritarios que ofrecen “mano dura” como única solución. Pero el peligro de esa salida es caer en la deshumanización del otro. Ver al extorsionador solo como un enemigo no como alguien que, en algún momento, fue también víctima de una sociedad que lo empujó al margen. La represión sin rehabilitación convierte a las cárceles en fábricas de resentimiento.
Extorsión: Problema estructural
La extorsión es un delito tipificado en el artículo 200 del Código Penal peruano. Dicho artículo establece que “el que, mediante violencia o amenaza, obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años” (Código Penal Peruano, s/f).
Este negocio ilícito funciona con reglas claras: amenazas por WhatsApp, cartas intimidantes, disparos de advertencia. Si no pagas, te matan. Si denuncias, te silencian. Todo esto en un contexto donde solo hubo 179 sentencias por extorsión frente a miles de casos denunciados. La impunidad da luz verde al crimen.
Diversos factores han confluido para propiciar la expansión de las extorsiones: la ganancia económica basada en el terror, la disponibilidad de armas de fuego y explosivos con las que operan y que se encuentran en el mercado negro; asimismo, la impunidad juega un rol crítico: cuando los extorsionadores perciben que las probabilidades de ser detenidos o castigados son bajas, se envalentonan. Además, la incursión de redes criminales transnacionales ha potenciado la capacidad operativa de las extorsiones, que introdujeron métodos más brutales y se integraron con delincuentes locales.
¿Cómo se llegó a este punto?
Johan Galtung habla del “triángulo de la violencia”: directa, estructural y cultural. En el Perú, este triángulo está completo. Hay violencia directa en las amenazas y asesinatos. Hay violencia estructural en la pobreza, la exclusión, la educación precaria y la falta de oportunidades. Y hay violencia cultural cuando se normaliza el delito o se glorifica al criminal.
La violencia estructural, es la “fuerza invisible” hecha de injusticias y desigualdades que impiden a las personas satisfacer sus necesidades básicas y desarrollarse plenamente (en situación de pobreza, exclusión y abandono); estas condiciones estructurales crean un “caldo de cultivo” para la delincuencia.
La corrupción también juega su papel. Miles de policías fueron expulsados por faltas graves entre el 2018 y 2023. Mientras tanto, el Congreso aprobó leyes que, por un tiempo, quitaron a la extorsión el estatus de crimen organizado, dificultando su investigación (Ojo Público, 2024). Así, los delincuentes actúan como empresarios: con mínima inversión, obtienen ganancias millonarias y escapan de la ley (Ojo Público, 2024).
¿Hay salida?
La solución al problema de la extorsión no puede limitarse al castigo; exige una respuesta integral basada en la prevención, la educación y la reconstrucción del tejido social.
El informe propone cinco pilares de acción: educar en valores a jóvenes de zonas vulnerables, promover la organización vecinal como forma de protección mutua, fortalecer al Estado con policías capacitados y leyes efectivas, brindar apoyo integral a las víctimas con atención psicológica y legal, y apostar por la rehabilitación de los infractores a través de programas de reinserción. Solo así se podrá construir una sociedad más segura, justa y libre de violencia.
Este es un problema humano. La extorsión destruye vidas, pero también refleja una sociedad rota. Una donde muchos sienten que el crimen es la única opción y otros creen que nadie los protegerá.
Por eso, más allá de las cifras, hay una imagen clara: Una madre que ya no puede abrir su tienda, un joven que optó por el crimen porque nunca tuvo otra alternativa, una comunidad entera que vive con miedo. No se necesitan leyes más duras; sino una sociedad más justa, más unida, más humana.
Referencias:
Infobae. (2025, 8 de mayo). En Perú, cada 19 minutos se presenta una denuncia por extorsión: más de 9 mil casos en lo que va del 2025. Recopilado de: https://www.infobae.com/peru/2025/05/08/en-peru-cada-19-minutos-se-presenta-una-denuncia-por-extorsion-mas-de-9-mil-casos-en-lo-que-va-del-2025/#:~:text=datos%20del%20Sistema%20de%20Información,de%20los%20últimos%20ocho%20años
López, N. (2024). Entrevista en PuntoEdu: «Ola de extorsiones: la ciudadanía ya no denuncia…» Recopilado de: https://puntoedu.pucp.edu.pe/coyuntura/ola-de-extorsiones-la-ciudadania-ya-no-denuncia-pues-ha-perdido-la-confianza-en-las-instituciones/#:~:text=instituciones%20públicas”%2C%20resaltó%20el%20politólogo,8
Ojo Público. (2024, septiembre 7). Inseguridad en las calles del Perú: desborde de extorsiones y homicidios con una policía precarizada. Recopilado de: https://ojo-publico.com/5320/desborde-extorsiones-y-homicidios-una-policia-precarizada#:~:text=La%20situación%20en%20los%20establecimientos,institución%20recogidos%20por%20El%20Comercio
Galtung, J. (1990). Cultural Violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291–305. Recopilado de: https://www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2015/12/Cultural-Violence-Galtung.pdf
(*) Este reportaje toma como fuente directa la investigación “Las extorsiones como forma de violencia: Impactos psicológicos y social en el Perú” realizado por los autores, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el curso de Ética y Responsabilidad Social, en Lima, Mayo de 2025. El trabajo se investigación se expondrá en la feria “ExpoÉtica. Acciones que transforman” este jueves 26 de junio a las 12 m. en la Explanada del CIA (frente a la Biblioteca) en el campus universitario de la PUCP.
