Un nuevo capítulo de vergüenza nacional se escribe en el Perú: Ollanta Humala Tasso, ex presidente de la República es el tercer mandatario que es condenado a prisión por el Poder Judicial, esta vez, por el delito de lavado de activos en las campañas presidenciales del 2006 y el 2011. Su esposa Nadine Heredia, a quien también alcanza la condena, se asiló en Brasil eludiendo la justicia.

El expresidente Ollanta Humala fue condenado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht por recibir aportes ilícitos provenientes del gobierno venezolano y de la constructora brasileña Odebrecht. Su sentencia se ejecutará en el penal de máxima seguridad de Barbadillo, en el distrito de Ate, donde también están recluidos los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo.

La sentencia de 15 años de prisión también alcanzó a la ex primera dama Nadine Heredia, quien no asistió al juzgado por presentar “complicaciones médicas”. No obstante, pasadas unas horas de la detención del ex presidente, Heredia solicitó asilo político para ella y su menor hijo a la embajada de Brasil en el Perú, amparándose en el Convenio sobre Asilo Diplomático de 1954.

Ex presidentes condenados

La nueva sentencia contra un expresidente se une a otras dos que recaen en los expresidentes Alejandro Toledo y Alberto Fujimori; además de investigaciones abiertas a Pedro Pablo Kuczynsi y otras a Alan García Perez, que se truncó por el suicidio de éste en su domicilio. Los casos solo evidencia que la corrupción ha calado en los más altos cargos representativos del país.

Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años y seis meses de prisión por el delito de colusión y lavado de activos, relacionados con el caso Lava Jato; por haber recibido sobornos por 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de otorgarles contratos de construcción para la carretera Interoceánica Sur. Toledo Manrique inicialmente huyó del país hacia Estados Unidos y luego fue extraditado.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta (en la que se ejecutaron a civiles y estudiantes), además del secuestro agravado por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer; la entrega de US$. 15 millones por CTS a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, la compra de líneas editoriales y congresistas tránsfugas y; el financiamiento de los “diarios chicha”. Tras un polémico indulto y su posterior muerte, quedaron sin sentencia los casos Pativilca (asesinato de civiles por el grupo paramilitar Colina) y el de esterilizaciones forzadas (por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud).

Dos expresidente investigados

El expresidente Alan García que gobernó por dos periodos el país también presentaba investigaciones que se vieron truncadas por el fallecimiento de este. Los casos emblemáticos que se le investigaban fueron probables vinculaciones con sobornos de Odebrecht en el caso Lava Jato, acusaciones de recibir sobornos en la construcción del tren eléctrico de Lima; y además casos suscitados en su gobierno como, Durand y Guarte (por ejecuciones de 200 presos en cárceles peruanas, el caso Cayara (por la ejecución de 40 personas y tortura de ocho); y el caso Accomarca (por el asesinato de civiles). Su suicidio impidió la culminación de las investigaciones.

Pedro Pablo Kuczynski se encuentra actualmente investigado por el caso Lava Jato, por presuntamente haber recibido pagos ilegales en concesiones de obras públicas cuando era Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Ministro de Economía y Finanzas (MEF); y también cuando participó en dos campañas electorales por la presidencia de la República. Estuvo bajo prisión domiciliaria por estos casos dos años y con impedimento de salida del país, que le fue revocado en febrero de 2025.

Si bien el sistema judicial peruano a permitido la captura, investigación y posterior condena a gobernantes que se involucraron en actos de corrupción y abuso de poder, los procesos son clara evidencia de los niveles de corrupción que enfrenta el Perú desde la década de los 80 y que hasta el momento han embuido a las familias peruanas en la pobreza económica, servicios básicos deficientes y limitadas expectativas de desarrollo.

El 96% de desaprobación de la actual mandataria, Dina Boluarte y el 88% del Congreso de la República señalan el hartazgo de la población por la actuación de sus gobernantes. Los 59 muertos en las protestas, el caso del hermanón, de los rolex, las leyes pro crimen y en perjuicio de grandes sectores del país, las leyes con nombre propio abonan el camino… ¿Seguirá el mismo camino la actual clase política? Solo el tiempo lo dirá.