Desde las movilizaciones del 2022 hasta el reciente decreto de porte de armas, Ecuador vive momentos difíciles. Una mirada al momento del país, desde la perspectiva de Pablo Ospina, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y miembro del Colectivo Fe y Política, en entrevista realizada para el programa radial Continentes y Contenidos.

¿Podrías hacer una rápida síntesis de los meses posteriores a las movilizaciones del 2022 hasta hoy?

Lo que ha pasado después de las movilizaciones es que la recuperación económica por la pandemia es terriblemente lenta y demasiado paulatina. Una recuperación demasiado pobre para las urgencias que tiene la mayoría de la gente. Se ha agravado una crisis de seguridad y de crecimiento de la delincuencia que no tiene precedente en la historia ecuatoriana. También se presentaron asesinatos masivos en las cárceles.

Las cifras de asesinatos subieron en el año 2022, desde que existen registros, y se han mantenido desde el año 2023. A eso se suma una desconcertante inactividad gubernamental, es decir, una incapacidad de hacer, de actuar e invertir en las cosas principales, de hacer funcionar mínimamente los hospitales o de garantizar que puedan comprar medicamentos a las farmacias.

Entonces, la ineptitud gubernamental ha sido la tónica que marca la incapacidad para hacer frente a la crisis económica y a la crisis de seguridad. El resultado de todo ello es una deslegitimación enorme del gobierno y una acentuación de la falta de confianza que la gente tiene en los políticos.

Son muchos los frentes de la crisis en el país. ¿Cómo ves tu el tema de seguridad?

Hay una crisis de seguridad muy grande que está conectada con los problemas ya mencionados. La crisis económica provee una serie de facilidades para el reclutamiento de personas pobres que se convierten en sicarios o que entran en las bandas y que son apenas la base de tales bandas. Entonces ha crecido la delincuencia de pequeña monta y ha crecido, también, la delincuencia organizada que recluta a partir de personas desesperadas, que no tienen más opciones.

Un segundo componente de esto es el crecimiento de la presencia de la delincuencia organizada del narcotráfico en Ecuador, que ya era muy antigua y que había penetrado mucho el sistema financiero, considerando que la dolarización facilitada el lavado de dinero. En fin, esto ya es muy antiguo, pero ¿qué es lo que parece haber sido un elemento decisivo en la escalada reciente?

Parece estar relacionado parcialmente con el Acuerdo de Paz entre las Farc – EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo) y el gobierno colombiano en el 2016. La desmovilización de todo una zona de la frontera, que estaba controlada fundamentalmente por las Farc -EP y que no solo eliminó un actor de las redes del narcotráfico; sino que eliminó a una estructura que ofrecía orden y que ponía las reglas del funcionamiento de la economía en el territorio de la frontera, decía lo que se podía y no se podía hacer. En ese contexto, por ejemplo, una cosa que no se podía hacer era asesinar periodistas o desarrollar acciones militares en territorio ecuatoriano. De hecho, Ecuador era considerado zona de descanso. En fin, había una cierta racionalidad estatal, política, impuesta por las FARC-EP en toda la línea fronteriza.

Cuando salen las Farc – EP, todos los grupos se disuelven y empiezan a competir entre sí, cada uno con métodos más violentos que otros, cada uno con más desesperación para ver quién tiene las conexiones con las mafias mexicanas o con las mafias que conectan la droga con Europa, en fin. Y todo eso se ha convertido en una violencia desbordada.

Sin duda hay otros factores explicativos, pero este, es uno de ellos, desde mi perspectiva.

En este contexto, el presidente Lasso ha decretado el porte legal de armas, bajo el argumento de que la “ciudadanía se defienda”. ¿Qué piensas de esto?

En ningún país que haya facilitado la tenencia de armas ha disminuido la violencia ni la criminalidad y tampoco ha aumentado la seguridad de la gente. La facilitación de la tenencia de armas en un país con controles débiles, con controles sometidos a presiones de corrupción, al poder del dinero, lo que hace es facilitar el acceso de las bandas criminales a estas. Es decir, empeora la situación. Sin mencionar que el porte de armas en las casas, en caso de generalizarse, puede tener otros efectos no deseados, como aumentar la violencia intrafamiliar e incluso los accidentes.

Yo considero que está es una de las típicas medidas de efecto de impacto, que está muy relacionada con el juicio político que está viviendo el presidente de la República. Cuando la Corte Constitucional dio paso a la posibilidad de juicio (por lo demás bastante estrecho y con una sola causal y un solo caso), el presidente salió en cadena nacional puso el énfasis en su honor familiar y personal, que a nadie le interesaba realmente. Esta declaración desató una ola de críticas, incluso por parte de los aliados gubernamentales. Al día siguiente de este hecho, también en cadena nacional, anuncia el decreto de tenencia de armas.

Esta medida de efecto que no va a incidir positivamente sobre el problema de inseguridad, pero muestra el tipo de medidas que pueden aparecer como populares y resonar con los discursos autoritarios.

Por supuesto se necesita un refuerzo de las tareas de seguridad, de las tareas policiales, de las tareas de inteligencia. Todo eso hay que recordarlo, pero hay que tener políticas de largo plazo, que deben incluir respuestas claras para evitar, por ejemplo, que las bandas criminales tengan todo el contexto de oportunidad para reclutar miembros entre los sectores más desesperados.

Es necesaria una política muy activa de inversiones en infraestructura, por ejemplo, en zonas donde está el mayor déficit de infraestructura y la mayor cifra de violencia, como son las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí y Guayas. Es en estos lugares hay mayores problemas de desempleo y menos estructuras comunitarias para acolchar la crisis. Allí es donde más se necesita una intervención activa y con iniciativa del gobierno.

¿Tu crees que de alguna manera este decreto presidencial esté vinculado con el fracaso total del referéndum que promovió el presidente Lasso, y obviamente el no rotundo a una mayor participación del ejército en términos de seguridad interna?

Bueno. Yo tengo entendido que el porte de armas ya estaba en el plan de gobierno de Lasso. Desde que está en el poder no la había aplicado. ¿Por qué hacerlo en este momento? Creo que tiene que ver con un deterioro muy grande del gobierno que no solamente se ha expresado en el referéndum y en la caída de más o menos las treinta alcaldías que obtuvo en las elecciones pasadas, en comparación con las diez que obtuvo en las últimas votaciones. También tiene que ver con el juicio político, en la medida que, con esta medida, puede esperar la recuperación de algo de su base social o algo de popularidad.

Por supuesto es una medida con la cual él se siente lógicamente cercano, porque es también una medida que ha propuesto el partido social – cristiano, en las zonas de la costa. En estos lugares, la gente cree que con esta medida se puede solucionar un problema difícil.

¿Crees que hay diálogos y negociaciones con el social-cristianismo y que parte de estas está vinculada con el decreto de porte de armas?

Es posible, pues para evitar el voto de censura ha conversado con todos, ha tratado de seducir a los diputados de Pachacutik, hay muchos indicios de acuerdos con el correísmo. Entonces, en el camino hacia el juicio político hay aún muchísimas posibilidades de acuerdos bajo la mesa que no aparecen bajo la opinión pública. Así, el gobierno ha conversado con todos. Por esta razón no me sorprendería que haya conversado con los social – cristianos para evitar un juicio político.

Bajo estas circunstancias, ¿es posible que el juicio político no llegue a término?

Exacto. Incluso se especula que antes de que se de el voto, o antes de que lo censuren, el presidente puede disolver la Asamblea.

La Constitución permite disolver la Asamblea una sola vez y la convocatoria de elecciones inmediatas y de asambleístas y de representantes públicos. Durante el periodo que está disuelta la Asamblea, seis meses, el presidente tiene el poder de gobernar mediante decreto y sus decisiones solamente deben ser revisadas por la Corte Constitucional.

Se especula que podría querer hacer eso, pero yo creo que todos los asesores y aliados políticos alrededor del gobierno se dan cuenta que ir a elecciones inmediatamente, es ir a un muerte segura, pues en la elecciones pasadas la impopularidad del gobierno quedó demostrado que las opciones inmediatas de los partido pro empresariales son prácticamente nulas.

El partido social-cristiano y el partido de gobierno están debilitados. Y su única esperanza es que aparezca de pronto algún Bukele ecuatoriano para que pueda llenar las expectativas de los grupos de derecha, pero ellos necesitan tiempo para prepararse, para el recambio, de modo que puedan tener oportunidad.

Por ello, no creo que le convenga al gobierno ni a los políticos. Y si bien no está descartado que se lleve a cabo una muerte cruzada, si creo que tiene muchas presiones para no hacerlo. La gente prefiere que se vaya él y quede vicepresidente, a que nos embarquemos todo en unas elecciones anticipadas, donde el resultado es muy incierto.

Para terminar ¿qué perspectivas ves en la movilización social?

En lo inmediato no creo que puedan darse movilizaciones. La gente está cansada, hay presión por la sobrevivencia, hay una situación de desesperación. Las movilizaciones recientes han fortalecido las capacidades de las organizaciones populares, pero no han conseguido los objetivos máximos que tenían tanto en puntos de política pública, cómo en medidas de reducción de la inflación y del precio de los combustibles.

Así pues, la impresión que yo tengo es que la Conaie ha estado midiendo el ambiente dentro de sus bases, en el centro de las organizaciones locales y se ha dado cuenta que todavía no hay un ambiente para llevar a cabo las movilizaciones.

Ahora, sí la situación sigue deteriorándose puede terminar en movilizaciones organizadas o en estallidos descentralizados.

Nota final:

En medio de esta situación, hace dos días, el gobierno de Lasso ha beneficiado al Banco de Guayaquil (del cual es dueño) y al Banco de Pichincha con una exoneración de impuestos por el monto de 112 millones de dólares y se ha conocido que el Estado ecuatoriano ha dejado de percibir 8000 millones de dólares entre exoneraciones y no cobro a deudores, de acuerdo con declaraciones de la economista Vilma Salgado en Radio Pichincha Universal.