Los mendocinos sumaron su ejemplo al de los pueblos de América Latina que reaccionaron frente al atropello de sus gobiernos.

Cuando días pasados oficialismo y oposición se unieron para derogar una ley básica para la vida en la provincia, la gente salió a la calle a defender sus derechos. Y en eso sigue, a pesar del período festivo, del autoritarismo político y del silencio estruendoso de los medios de distinto signo.

Aquí, una breve reseña de los factores y hechos más significativos.

El desierto, el agua y la Ley Cianuro

Mendoza es una provincia muy árida, que vive gracias a los canales de riego artificiales. Allí cada litro de agua cuenta tanto para el consumo de la gente como para la actividad económica, históricamente ligada a la explotación agroindustrial y turística.

Hoy la zona sufre una sequía que ya cumple 10 años –la peor de su historia en un siglo–, y los pronósticos son alarmantes. Por un lado los glaciares –cuyo deshielo alimenta cursos de agua– están afectados por el cambio climático. Por otro, el propio Departamento General de Irrigación advirtió recientemente que la sequía seguirá profundizándose en el futuro inmediato, porque “no hay nieve acumulada en la nacientes de las cuencas” y por tanto los ríos estarán muy por debajo de la media histórica.

A pesar de esas circunstancias y de la oposición explícita de la población, el gobierno provincial acaba de reemplazar la ley 7722 que protegía el agua, provocando la reacción masiva de los mendocinos en su defensa.

Ciudad de Mendoza, 16-12-19

Argumentos y contra argumentos

Sancionada en 2007, la ley comenzaba diciendo que, para custodiar “el recurso hídrico”, se prohibía el uso de cianuro,  mercurio, ácido sulfúrico y otros tóxicos, en cualquier forma de extracción de minerales.

Desde el 2007 en adelante se sucedieron ejemplos que fortalecieron la convicción de que la ley era necesaria. La capacidad de contaminación de la megaminería quedó clara en tragedias como las de Mariana y Brumadinho en Brasil, y en los reiterados derrames producidos por la Barrick Gold en Jáchal, provincia de San Juan.  En este último caso la empresa “fue investigada” pero no sufrió consecuencias. Así lo resolvió la Secretaría de minería a cargo de Alberto Hensel, hoy flamante ministro nacional del área. Los vecinos de Jáchal repudiaron su designación en carta dirigida al presidente Alberto Fernández.

Sin embargo uno de los argumentos más tentadores a favor de los emprendimientos megamineros, es la promesa de generación de empleos y ganancias  para las arcas del estado.

El abogado ambientalista Enrique Viale toma el ejemplo de San Juan para desmentirlo.

“…las regalías mineras en San Juan son 600 millones de pesos al año, pero el presupuesto total de la provincia es de 75.000 millones. Es decir que menos del 1% del presupuesto de la provincia se explica por regalías mineras. En cuanto al empleo directo, se aplica a 2500 personas que son menos del 1% de la población económicamente activa de la provincia. (En cambio) sí hay ahí una casta política que se enriquece a través de los servicios que prestan a la gran minería.

No hay región en el mundo que haya logrado un modelo de desarrollo socioeconómico, apelando a la gran minería.”

Federico Soria, luchador mendocino por el agua, agrega algunos datos más, provistos por organismos oficiales:

  • Empleos directos e indirectos del sector minero: 0,7% a nivel nacional; 1% en las provincias mineras;
  • La megaminería genera un puesto de trabajo por cada millón de dólares invertido; las PYMES generan un puesto cada 20.000.
    “Esto significa que las PyMES podrían generar 500 veces más empleo, si recibieran la inversión, los beneficios impositivos y subsidios que el estado destina a las corporaciones megamineras”, agrega Soria.
  • La megaminería destruye empleo al impactar negativamente en otras actividades como agricultura, ganadería, turismo, etc., afectadas por las consecuencias negativas del extractivismo en su zona de trabajo.
  • La minería no solo no diversifica la economía sino que la contrae, al extremo de hacerla dependiente de una sola actividad e incluso de una sola empresa.

En los doce años desde su promulgación, la ley resistió numerosas tentativas de anulación por parte de multinacionales mineras y políticos afines. En diciembre de 2015 la Corte Suprema de Mendoza ratificó que la norma era constitucional, pero los reclamos mineros siguieron. Ahora encontraron la respuesta que querían.

Con el apoyo nacional

El pasado martes 17, en un almuerzo de AEA (Asociación Empresaria Argentina), el presidente Alberto Fernández decía:

“La minería es un tema primordial. (…) En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”.

Los dichos del presidente ratificaron su respaldo a la actividad extractiva y resultaron alarmantes porque hasta ese momento no se había producido ningún cambio en la legislación que limitaba la minería en ambas provincias. Pero los legisladores mendocinos deben haber entendido el mensaje presidencial, porque en la mañana del viernes 20, en sesión extraordinaria, los senadores provinciales del oficialismo (Cambiemos) y de la oposición (Frente de todos), aprobaron el proyecto de ley del flamante gobernador neoliberal Rodolfo Suárez. Por la tarde lo ratificaron los diputados.

Las cambios más importantes aprobados fueron la autorización para usar las sustancias hasta ahora prohibidas, y la derogación del artículo que obligaba a la aprobación legislativa de cualquier proyecto minero. Ahora bastará con que la promueva el ejecutivo de turno.

La resistencia

La reacción de la gente no se hizo esperar. Las manifestaciones empezaron a las puertas de una legislatura doblemente vallada. Una vez promulgada la ley por el gobernador, se produjeron cortes de ruta y “la mayor marcha de la historia” en la provincia: 80000 personas recorrieron kilómetros desde distintos departamentos y localidades, para reunirse frente a la gobernación a mostrar su repudio. La respuesta fue la represión policial. A pesar de eso, la movilización se sostiene y crece.

Asambleas en defensa del agua de distintos departamentos siguen en alerta discutiendo medidas. Una de las propuestas con mayor consenso, es la suspensión de la tradicional Fiesta de la vendimia, ya aprobada en algunos departamentos y con respaldo de las Reinas de esa celebración, que declararon: “Sin agua, no hay vendimia”.

General Alvear, noche del 26-12-19

#La7722NoSeToca

Ante la resistencia popular, el gobernador Suárez anunció esta tarde que va a suspender la reglamentación a la reforma de la Ley 7722. Pero no es suficiente.

Desde la base social denuncian la decisión como una medida distractiva para desmovilizar, exigen la llana derogación de la nueva ley promulgada y adelantan otras movilizaciones. Todo anuncia que no se van a rendir.

También queda por ver qué hará, por su parte, el gobierno nacional. Algunos funcionarios pretendieron eludir responsabilidades diciendo que esta es una cuestión de la provincia en la que no pueden involucrarse. Eso no fue lo que pareció cuando el pasado 18 el presidente anunció a los empresarios «En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera.»

Es más: hoy comenzaron, por las mismas razones, movilizaciones en Chubut.

Una rectificación de Alberto sería muy bienvenida. Al fin y al cabo, al asumir le dijo a la gente que festejaba su llegada al gobierno:  “Y quiero convocarlos a que si sienten que me desvío, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo».

Eso es lo que hicieron los mendocinos. Muchos esperamos que los escuche y actúe en consecuencia. Seria una actitud valiente, una actitud para apoyar y aplaudir.

General Alvear, 26-12-19

Ciudad de Mendoza, tarde-noche 26-12-19