La interceptación de la Global Sumud Flotilla no fue un operativo de seguridad ni una discusión jurídica sobre un bloqueo naval. Fue, jurídicamente, una operación de violencia y terrorismo de Estado en aguas internacionales. Bastaría aplicar el Protocolo de Estambul a cada víctima para verificar lo que los testimonios ya denuncian con brutal claridad: tortura sistemática.
No fue una inspección. No fue una retención administrativa. No fue un “control de seguridad”. Fue una captura armada de civiles en aguas internacionales, seguida de golpes, humillaciones, privación deliberada de agua y comida, aislamiento coercitivo y denuncias directas de tortura. Cuando un Estado intercepta embarcaciones humanitarias fuera de su jurisdicción territorial, separa personas, las desaparece temporalmente, las somete a violencia física y psicológica y luego pretende llamar a eso “aplicación legal de un bloqueo”, no estamos frente a una controversia diplomática: estamos frente a la anatomía clásica de la impunidad.
La Global Sumud Flotilla denunció que 22 embarcaciones civiles fueron interceptadas por fuerzas israelíes a menos de 80 millas náuticas al oeste de Creta, en aguas internacionales. Según la organización, 175 participantes fueron trasladados por la fuerza al buque israelí Nahshon, donde comenzó un patrón sistemático de violencia. No se trata de una formulación retórica. El propio comunicado oficial habla de “physical and verbal violence”, privación deliberada de comida y agua, personas obligadas a dormir sobre pisos repetidamente inundados de forma intencional y al menos 31 activistas heridos de diversa gravedad que requirieron atención médica.
La denuncia más grave recae sobre Saif Abukeshek, ciudadano español y sueco de origen palestino, separado del resto de los pasajeros antes de ser sometido, según los testimonios recogidos por la flotilla, a tortura sistemática. La frase del comunicado no admite ambigüedad: “Participant eyewitnesses provided harrowing testimony of Abukeshek’s screams echoing throughout the ship as he was subjected to systematic torture”. Es decir: testigos presenciales relataron que sus gritos resonaban por todo el barco mientras era torturado.
Junto a él, el activista brasileño Thiago Ávila también fue retenido aparte y trasladado a Israel. Ambos fueron apartados del resto, sin desembarcar junto a los demás participantes en Creta. La flotilla lo define como desaparición forzada de facto. Israel lo presenta como interrogatorio legítimo. La distancia entre ambas versiones no es menor: define si hablamos de seguridad o de crimen. Y la normativa global lo cataloga claramente de crimen. Un crimen lesa humanidad
Otros liberados describieron golpes con culatas de fusil, puños y patadas, disparos con balas de goma a quemarropa, patadas reiteradas en los genitales, uso de granadas aturdidoras a corta distancia, posiciones de estrés forzadas, cabezas golpeadas contra el suelo y la obligación de dormir a la intemperie mientras se bombeaba agua de mar sobre la cubierta para inundar deliberadamente el lugar donde debían descansar. No es una escena improvisada. Es una metodología criminal.
Frente a esto, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, lo resumió con una frase que quedará como definición política y jurídica del episodio: “Apartheid without borders”. Apartheid sin fronteras. Y preguntó algo que Europa no quiere responder: ¿cómo puede ocurrir esto frente a sus propias costas?
La pregunta correcta no es si Israel niega la acusación. La pregunta correcta es por qué todavía se permite que el acusado sea tratado como árbitro de su propia conducta. Porque aquí no estamos ante una simple disputa de versiones. Estamos ante hechos verificables mediante uno de los instrumentos médico-legales más sólidos desarrollados precisamente para este tipo de situaciones: el Protocolo de Estambul.
El Protocolo de Estambul, adoptado por Naciones Unidas en 1999, no es una declaración política ni un panfleto militante. Es el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es el estándar internacional para determinar si una persona ha sido sometida a tortura. Se utiliza en tribunales, mecanismos internacionales de derechos humanos, investigaciones forenses y procesos de responsabilidad estatal.
Su aplicación no depende de simpatías ideológicas. Depende de evidencia clínica, psicológica, física y testimonial. Evalúa hematomas, lesiones musculares, marcas de inmovilización, secuelas genitales, lesiones por impacto, privación sensorial, alteraciones del sueño, signos de asfixia, trauma agudo, estrés postraumático, disociación, ansiedad extrema y patrones consistentes entre relato y daño corporal. Cruza testimonio con medicina legal. Desarma la mentira institucional con anatomía.
Bastaría aplicar rigurosamente el Protocolo de Estambul a cada una de las víctimas liberadas de la flotilla para determinar la naturaleza de los abusos denunciados. Bastaría examinar a Saif Abukeshek, documentar clínicamente su estado, contrastar sus lesiones con los relatos de los testigos y reconstruir cronológicamente su aislamiento y posterior traslado. Bastaría una comisión médica independiente con acceso real a los detenidos para que la palabra “presunta” empiece a perder su función diplomática y aparezca el término correcto: tortura, un delito de lesa humanidad en el marco de la sistematización demostrada por el Estado de Israel con Netanyahu como principal culpable.
Ese es precisamente el problema. No falta método. Falta voluntad política.
Cuando la tortura ocurre en una prisión clandestina latinoamericana, Europa la condena. Cuando ocurre en una cárcel siria, la denuncia con razón. Cuando ocurre en un centro de detención ruso, exige sanciones. Pero cuando ocurre en una embarcación interceptada por Israel frente a Grecia, aparecen súbitamente los matices, la prudencia, la semántica blanda, la necesidad de “esperar confirmaciones”. La geografía no cambia el delito. Solo revela la jerarquía moral de quienes observan.
España confirmó que Saif Abukeshek llegó a Asdod y fue trasladado a Ashkelon para contacto consular. El ministro José Manuel Albares reconoció que la detención fue ilegal por haberse producido en aguas internacionales. Pero incluso allí persiste la cautela: no pueden confirmar la tortura porque aún no lo han visto directamente. Precisamente por eso debe exigirse acceso inmediato, evaluación independiente y documentación forense internacional.
No basta con pedir explicaciones. No basta con lamentar los hechos. No basta con un comunicado diplomático correctamente redactado. Si existe una denuncia formal de tortura sistemática, el deber jurídico internacional no es observar: es investigar.
El mar Mediterráneo no es una zona gris fuera del derecho. No es una sala de interrogatorios flotante donde todo puede hacerse lejos de cámaras. Si una flotilla humanitaria puede ser interceptada, sus pasajeros golpeados, aislados y torturados, y luego todo reducido a una nota de cancillería, entonces el problema ya no es solo Gaza. Es el colapso mismo de la credibilidad del derecho internacional.
Por eso la exigencia no debe ser abstracta. Debe ser concreta: acceso inmediato a las víctimas, aplicación íntegra del Protocolo de Estambul, documentación forense independiente, identificación de responsables y rendición de cuentas internacional.
Porque si el mundo acepta que la tortura en alta mar puede llamarse procedimiento de seguridad, entonces no solo se abandona a Palestina. Se abandona la idea misma de civilización jurídica.
