No hay juicio. No hay condena. No hay delito probado. Y, sin embargo, la vida se detiene: cuentas bloqueadas, trabajo imposible, desplazamientos prohibidos, relaciones convertidas en riesgo. En silencio, sin barrotes ni uniforme, se abre un nuevo espacio de exclusión: un limbo legal donde alguien puede desaparecer sin haber sido declarado culpable de nada.
Gran Bretaña: la anécdota del policía y su contexto
Habla George Galloway: «Por favor, solo vean y escuchen. Un ex oficial de policía británico, con 11 años en la policía británica, se enamoró de una mujer rusa. Luego se mudó a San Petersburgo y trabaja para el Zenit de San Petersburgo, el mejor club de fútbol de la Federación Rusa. Y a este hombre le acaban de quitar su nacionalidad británica. Estoy hablando de un inglés de pura cepa. Un hombre cuyos antepasados, por así decirlo, estuvieron con el rey Harold en la batalla de Hastings. Se muda a Rusia. Ha sido oficial de policía británico, y sin embargo, una secretaria del Interior llamada Shabana Mahmood le ha quitado la nacionalidad. ¡Vete a saber! Una mujer pakistaní le quita la ciudadanía británica a un inglés de nacimiento y oficial de policía con larga trayectoria. Ese es el tipo de locura que tenemos ahora en Gran Bretaña. Gracias por escuchar.»
La historia que ha narrado el orador es real. Mark Bullen, ex agente de la policía de Hertfordshire con 11 años de servicio (incluyendo la redacción de un manual sobre crimen organizado ruso), se trasladó a San Petersburgo en 2014. Allí contrajo matrimonio con una ciudadana rusa y comenzó a trabajar en el departamento de comunicaciones del Zenit, el principal club de fútbol de la ciudad (véase watfordobserver.co.uk).
En 2022, Bullen obtuvo la ciudadanía rusa, cumpliendo lo que él mismo describió como «un sueño de toda una vida». Sin embargo, su vida dio un giro radical en noviembre de 2024, cuando a su regreso al Reino Unido fue detenido en el aeropuerto de Luton en virtud de la legislación antiterrorista. Le tomaron muestras de ADN y huellas dactilares, y le obligaron a desnudarse para ser fotografiado. Según su propio testimonio, se le denegó asistencia letrada a pesar de haberla solicitado en tres ocasiones.
En octubre de 2025, un mes después de que Shabana Mahmood asumiera el cargo de secretaria del Interior, Bullen recibió una carta oficial en la que se le revocaba la ciudadanía británica por motivos de «seguridad nacional». Bullen ha negado rotundamente ser una amenaza, declarando a la prensa: «Me resulta difícil creer que un país como Inglaterra, que se supone que es la cuna de la libertad, pueda comportarse de esta manera. Nunca he sido acusado de nada. Tengo un historial policial impecable, dos condecoraciones y fui nombrado oficial del año».
El gobierno británico, a través de la sección 40 de la Ley de Nacionalidad Británica de 1981, posee la facultad de retirar la ciudadanía si lo considera conducente al «bien público». Esta prerrogativa, tradicionalmente reservada para casos de terrorismo o espionaje, está siendo ahora aplicada a ciudadanos por su vinculación con Rusia.
UK: endurecimiento de las leyes de nacionalidad y la figura de Shabana Mahmood
El caso Bullen no es aislado. El Reino Unido ha endurecido drásticamente su postura. Aiden Minnis, un británico que lucha junto a las fuerzas rusas en Ucrania, quemó públicamente su pasaporte mientras proclamaba: —«Hay una nueva legislación antiterrorista en el Reino Unido que dice que pueden retirar y revocar la ciudadanía a cualquier persona que participe en cualquier cosa que consideren una amenaza para su país».
En su vívida declaración en el jardín tras su casa donde se produjo dicha quema de su pasaporte británico, Minnis espetó, —«Así que considera mi pasaporte revocado, considéralo rescindido y considera que ya no lo quiero. Puedes besar mi culo. Así que, que te jodan, Gran Bretaña» (véase express.co.uk).
Esta nueva realidad sitúa en el centro del debate a Shabana Mahmood, la Secretaria del Interior que ejecutó la revocación del pasaporte de Bullen. Mahmood, nacida en 1980, es una política y barrister (abogada de los Tribunales Superiores) de origen paquistaní, que se convirtió en septiembre de 2025 en la primera mujer musulmana en ocupar uno de los cuatro grandes cargos de Estado en el Reino Unido.
El énfasis de George Galloway, cuyo vídeo indignado hemos traducido al comienzo de este artículo, es de interés. Con independencia de su particular estilo, al señalar que — «una mujer de origen paquistaní ha despojado de su nacionalidad británica a un «inglés de pura cepa»»— Primero destacar que en esta Redacción no nos importa que Shabana Mahmood sea de origen paquistaní. Al contrario. Nos parece que dice mucho de Gran Bretaña que, ella, siendo mujer y no nacida británica, pueda haber llegado a tan alta responsabilidad, con independencia de sus orígenes. ¡Bravo!
Nos interesa, al igual que en foros y medios de comunicación, la paradoja por la que un Británico, sin ser amenaza para Gran Bretaña. Un ex oficial de la policía, que incluso ha elaborado material para la lucha contra el crimen organizado de origen ruso, por el simple hecho de haberse casado con una Rusa y obtenido ciudadanía rusa, perdiese la nacionalidad británica para ser vejado regresando a UK, su país de origen.
Este caso en concreto, por sus características, se ha utilizado para criticar lo que algunos califican como un giro autoritario del Estado británico. Un comentario en un foro de noticias lo expresaba con crudeza: —“Esto demuestra el Estado policial en que se está convirtiendo el Reino Unido. Cuando un exoficial de la policía, activo contra las mafias rusas, que se casa con una rusa y ha vivido en San Petersburgo durante 12 años, y puede rastrear a su familia hasta hace siglos en Inglaterra, le quitan su ciudadanía británica. Eso es fascismo puro”.
Sin embargo, hay que señalar que Mahmood heredó este problema de su predecesora, Yvette Cooper («[…]el ariete del Gobierno británico en su campaña anti-migración»). Ha enturbiado su situación, que Mark Bullen sea el relaciones públicas (PR) y contacto con la Prensa y Medios del equipo “Zenit St Petersburg” (de la Primera División rusa). También, que el equipo sea propiedad de Gazprom. Uno de los gigantes energéticos, sancionado por el Reino Unido, Estados Unidos, y la UE, en enero de 2025, por la invasión rusa de Ucrania. Pero esto es futbol y Mark Bullen un Public Relations.
Decíamos de la abogada Shabana Mahmood, abogada habilitada ante los Tribunales Superiores y secretaria del Interior, que también tenía una carrera política. De esa parte sí hemos de destacar que ha anunciado «un endurecimiento significativo de la política migratoria mediante una profunda reforma de la principal vía por la que los inmigrantes acceden a la ciudadanía británica en el Reino Unido«.
Según las medidas más estrictas que la ministra del Interior tiene previsto presentar, los migrantes que deseen permanecer en el país deberán acreditar un alto nivel de inglés, carecer de antecedentes penales y realizar labores de voluntariado en sus comunidades para poder optar a la residencia indefinida. Además, deberán estar trabajando, cotizar a la seguridad social y no percibir prestaciones, de acuerdo con los cambios propuestos.
Mahmood expondrá estos planes reivindicándose como una “ministra del Interior firme” y admitiendo que algunos miembros del Partido Laborista “no siempre estarán de acuerdo con lo que hago”.
Sin embargo, para algunos observadores, tanto el contenido como el tono de su planteamiento introducen un cierto elemento de disonancia. Mahmood, no obstante, impulsa políticas y adopta una retórica, llamativamente duras hacia la inmigración, lo que suscita interrogantes sobre el posicionamiento político y la estrategia comunicativa detrás de este enfoque. Cosa chocante precisamente porque ella misma, es de origen paquistaní y no le afectaron en su día esa política que ahora aplica ni las disposiciones legales que ella ahora endurece para los inmigrantres (véase the-independent.com).
El nuevo paradigma británico: sanciones económicas y bloqueo total
El caso Bullen es solo la punta del iceberg de una estrategia gubernamental mucho más amplia. El Reino Unido ha desplegado un arsenal de medidas restrictivas contra todo lo que tenga relación con Rusia. Para algunos rayano en la rusofobia generalizada:
- Congelación masiva de activos: La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Reino Unido ha inmovilizado la asombrosa cifra de 28.700 millones de libras en activos en el marco del régimen de sanciones a Rusia desde febrero de 2022 (véase quillonlaw.com).
- Sanciones a ciudadanos británicos: El caso más paradigmático es el de John Michael Ormerod, un financiero británico de 75 años residente en Londres. Fue incluido en la lista de sanciones en mayo de 2025 por haber adquirido decenas de petroleros que acabaron formando parte de la «flota fantasma» rusa. Las sanciones le congelaron las cuentas bancarias y otros activos, dejándole «efectivamente aislado de todos los medios para pagar incluso sus necesidades más básicas».
- Bloqueo de oligarcas y entidades: El gobierno británico ha impuesto prohibiciones de viaje y vetado cualquier transacción con ciudadanos rusos designados, incluyendo a multimillonarios como Gennady Timchenko y los hermanos Rotenberg.
Este régimen de sanciones ha creado una nueva categoría de «muertos civiles» —personas que, sin haber sido condenadas por ningún delito, ven sus vidas destruidas por decreto administrativo. Como declaró el propio Ormerod tras lograr que se revocaran sus sanciones en marzo de 2026: —«Animo a otros a aprender de mi experiencia y evitar cualquier acción que pueda apoyar el sector energético ruso. Es fácil quedar atrapado involuntariamente en el régimen de sanciones, como me ocurrió a mí» (véase la lista oficial de sancionados).
La EU: el mecanismo europeo que decide la «muerte civil» o la proscripción, por decreto
La Unión Europea ha desarrollado un mecanismo paralelo que algunos críticos, como el analista suizo Pascal Lottaz, califican de «régimen de sanciones extralegal» (véase zerohedge.com). Desde 2024, Bruselas ha comenzado a aplicar sanciones no solo a empresarios rusos, sino a ciudadanos europeos por sus opiniones políticas o su trabajo periodístico:
- Sanciones a periodistas alemanes: En mayo de 2025, la UE impuso sanciones por primera vez a periodistas alemanes —Alina Lipp, Thomas Röper y Hüseyin Doğru— acusados de difundir «desinformación rusa» sobre Ucrania o sobre el conflicto de Gaza (véase nachdenkseiten.de). A Doğru, residente en Berlín, se le congelaron todas sus cuentas bancarias. Un tribunal de Fráncfort desestimó su recurso de urgencia, dejándole sin posibilidad de cubrir gastos básicos para su familia. Aunque se le autorizó una cantidad limitada para subsistencia (57€/mes), el periodista asegura que no puede pagar servicios ni deudas, lo que le sitúa en riesgo de perder su vivienda, así como la custodia de sus hijos (véase xeu.mx).
- Sanciones a intelectuales suizos: En junio de 2025, la UE sancionó a Nathalie Yamb, una activista suizo-camerunense contra el neocolonialismo. En diciembre del mismo año, le llegó el turno al coronel Jacques Baud, exmiembro del ejército suizo y asesor de la OTAN, sancionado por «propaganda prorrusa» y «manipulación de la información» (véase gerardodelval.com – [ES] y pascallottaz.substack.com).
- Amenaza a periodistas de alto perfil: El periodista suizo Roger Köppel, director del semanario Die Weltwoche, se enfrenta actualmente a la posibilidad de ser incluido en la lista de sanciones de la UE por sus reportajes críticos con la política occidental y sus entrevistas a figuras del Kremlin (véase brusselssignal.eu).
El relato de Pascal Lottaz, que ha entrevistado a varios sancionados, describe con crudeza las consecuencias de estar en la lista negra:
«Estar en la lista de sanciones de la UE es un acontecimiento devastador para los afectados, especialmente si residen en un país de la UE o en un Estado estrechamente asociado como Suiza, Noruega o el Reino Unido. Significa que los bancos congelarán sus cuentas, las compañías de crédito cancelarán sus tarjetas, no pueden celebrar contratos con empresas afiliadas a la UE ni con particulares, y ninguna empresa en la UE puede tener tratos con ellos, lo que, en teoría, les impide incluso comprar pan y otras necesidades básicas de la vida. Además, muchas empresas internacionales cancelarán todos sus servicios, incluidos los proveedores de correo y las plataformas de redes sociales».
El marco legal y el debate sobre los derechos fundamentales
La Unión Europea insiste en que todas estas medidas son plenamente compatibles con el derecho internacional y la Carta de los Derechos Fundamentales. Los designados tienen derecho a presentar recursos ante los tribunales europeos, y de hecho existen numerosos casos en los que el Tribunal General de la UE o el Tribunal de Justicia han revisado la legalidad de las sanciones. Pero es por sus efectos y dificultades materiales para defenderse que es mas aplicable el nombre y concepto de «muerte civil» o «proscripción moderna». Porque ese es objetivo que se persigue desde la UE, y el núcleo de las críticas actuales contra el régimen de sanciones de la Unión Europea.
Sin embargo, la crítica fundamental radica en un punto que el orador ha identificado con precisión, no existe delito, no existe condena, no existe juicio. Como señala Pascal Lottaz: —»No hay leyes en la UE ni en sus Estados miembros que prohíban hacer lo que la gente de la lista de sanciones a Rusia ha estado haciendo. Al contrario. Muchas de las actividades… están protegidas por las libertades fundamentales» (véase Pressenza.com [ES]).
Conclusión
El Reino Unido y la Unión Europea han construido un entramado legal sin precedentes para aislar todo lo relacionado con Rusia. Lo que comenzó como sanciones selectivas a oligarcas vinculados al Kremlin se ha convertido en un mecanismo que alcanza a periodistas, académicos, activistas y ciudadanos comunes —alemanes, suizos, británicos, franceses— por el simple hecho de mantener vínculos personales o profesionales con Rusia, o por expresar opiniones discrepantes sobre la guerra en Ucrania u otros conflictos geopolíticos.
Pero hay un efecto aún más profundo, y quizás el más buscado, el silencio de los que miran. Cuando cualquier ciudadano, activista, periodista o incluso jurista contempla lo que puede sucederle por disentir —sin juicio, sin pruebas, sin recurso efectivo— la decisión racional es no cruzar esa línea. No hace falta ejecutar a nadie; basta con arruinar la vida de unos pocos para que los demás se alineen. Esto es censura pura, pero de la más eficaz: la que se ejerce antes de que nadie haya escrito una palabra. La autocensura se instala como un mecanismo de defensa, y con ella muere el debate público, la discrepancia informada y, en última instancia, la libertad de expresión. Por eso lo destacamos desde aquí.
Se trata, en esencia, de un limbo legal, en el que una persona puede ver su vida destruida (cuentas bancarias y tarjetas de crédito/debito congeladas, imposibilidad de trabajar, prohibición de viajar, exclusión del sistema financiero global, y peligro para quien te ayude de modo económico), sin haber cometido delito alguno, simplemente porque un órgano político ha determinado que sus opiniones o actividades son «contrarias a los intereses de la Unión» o constituyen una «amenaza híbrida».
Como ironiza el coronel Jacques Baud, un hombre que asesoró a la OTAN y trabajó para Naciones Unidas, y que vive ahora reducido a la categoría de «propagandista prorruso», todo ello sin pruebas ni proceso legal (ni tutela judicial efectiva, si fuera España): —«Vivimos tiempos en los que la disidencia se ha convertido en el crimen más grave de todos. Y lo peor es que ni siquiera necesitan acusarte de nada. Solo necesitan incluirte en una lista».
Fuentes:
- Pascal Lottaz – neutralitystudies.com y neutralitystudies – youtube – Pascal Lottaz es un académico suizo y profesor en la Universidad de Kioto, especializado en la neutralidad en relaciones internacionales. Fundador de NeutralityStudies, analiza la geopolítica desde una perspectiva crítica con el intervencionismo occidental. Su enfoque, de base académica e histórica, lo sitúa como una voz influyente en debates estratégicos contemporáneos.
- George Galloway; fue elegido, con casi el 40% de los votos, en la ciudad norteña de Rochdale después de una campaña electoral que subrayó cómo la crisis en Oriente Medio está afectando a la política británica. Representa al Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, de extrema izquierda tras haber sido expulsado del Partido Laborista hace dos décadas. Es una de las figuras más fascinantes y polarizantes de la política y los medios británicos. No deja indiferente a nadie, moviéndose con soltura entre la primera línea política, los platós de televisión y su propio imperio digital en YouTube.













