Tras el asesinato de una inspectora en Calama, Mario Aguilar advierte sobre respuestas parciales del Ejecutivo y exige priorizar recursos frente a una crisis que, asegura, viene escalando hace años.
La violencia en los espacios educativos volvió a golpear con fuerza. El caso de Calama reactivó una discusión que se arrastra desde hace tiempo: cómo enfrentar un deterioro que ya no aparece como episodios aislados, sino como parte de un cuadro más amplio. En ese contexto, el presidente del Colegio de Profesores, cuestionó el enfoque actual del gobierno y advirtió que las respuestas siguen quedándose en la superficie de un problema más profundo.
El riesgo de mirar solo el síntoma
Mario Aguilar, presidente Colegio de Profesores.
“Si en alguna comunidad el pórtico o la revisión de mochilas les otorga algún alivio, que se haga. No vamos a ser nosotros los que se opongan”, plantea Aguilar, marcando distancia de la idea de una oposición cerrada a estas medidas. Pero inmediatamente instalando su punto central: “no es el tema, hay más de fondo que discutir”.
A su juicio, reducir el debate a dispositivos de control implica perder de vista el origen del problema. “Nos parece absolutamente errado”, afirmó, insistiendo en que la discusión debe desplazarse hacia un abordaje más amplio. La advertencia no es menor: cuando la escuela comienza a incorporar lógicas propias de cárceles, lo que se evidencia es un deterioro más profundo.
En esa línea, sostuvo que este tipo de acciones hablan más del momento que se vive como país, priorizando el individualismo y reduciendo la importancia de la convivencia social. “Si estamos llegando a eso, estamos muy mal como sociedad”, comentó.
Las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast que han puesto el acento en seguridad, son vistas por el gremio como un intento acotado frente a un fenómeno que requiere un análisis más profundo y soluciones más duraderas que episódicas. Para el Colegio de Profesores es lamentable que la atención se sitúe en la educación siempre que ocurre un hecho de violencia, pero el resto del tiempo se abandona a su suerte.
Recursos en disputa y diagnósticos que chocan
El debate se complejiza con la discusión presupuestaria en que el Ejecutivo busca reducir el gasto en un 3% en varios ministerios, incluyendo el de educación. Para Aguilar, el momento exige reforzar el sistema, no ajustarlo. “Se necesitan más recursos, más apoyo profesional, menos estudiantes por sala”, planteó, delineando un camino que apunta a mejorar las condiciones de enseñanza.
En ese marco, rechaza la noción de que exista un exceso de docentes. “De ninguna manera sobran profesores en Chile”, afirmó, alertando que ese enfoque podría traducirse en aulas más sobrecargadas y menor acompañamiento pedagógico.
El contraste con el debate reciente es evidente. Hasta 2025, las alertas se centraban en la escasez de docentes en Chile, marcada por el bajo ingreso a carreras de pedagogía, el alto abandono durante la formación, la corta permanencia en el ejercicio profesional y una baja motivación para recontratar profesores por parte de los empleadores. Hoy, en cambio, el discurso parece ir en dirección opuesta, de profesionales, configurando un escenario que el propio dirigente calificó como contradictorio.
Desde la administración Kast se habla de una posible “sobredotación” de profesores, Aguilar mencionó que una manera en que “quizás el gobierno busque disminuir costos es llevar las aulas de clase a su máxima capacidad de 35 alumnos”. En conversación con directores y profesores de Santiago Centro y Maipú, tanto de colegios públicos como subvencionados, todos concuerdan en que tener aulas de 35 alumnos es bajar irremediablemente la calidad de la educación, la convivencia y la supervisión que pueda tener un profesor sobre los estudiantes.
Escuelas que intentan sostener el día a día
Mientras el debate se instala a nivel nacional, en los establecimientos se han ido tomando decisiones concretas. Equipos docentes y directivos han ajustado rutinas, adelantado actividades de convivencia, preparando otras nuevas y reforzado los controles de acceso, buscando reducir riesgos tanto de gente externa e interna en los establecimientos.
En ese marco, la discusión sobre revisar mochilas o instalar pórticos aparece en muchos espacios como una medida posible y necesaria, aunque limitada. Distintos profesores y funcionarios de los establecimientos educacionales, incluso entre quienes critican a Mario Aguilar y al Colegio de Profesores, coinciden en una preocupación central: que estas acciones terminen instalándose como la única respuesta frente a un problema mucho más complejo, sin lograr, a largo plazo, mejoras reales en la convivencia entre profesionales y estudiantes.
Advertencias que no se tradujeron en cambios
Desde el Colegio de Profesores sostienen que lo que ocurre hoy no es inesperado. Durante años se levantaron alertas sobre el aumento de la conflictividad y el desgaste en las comunidades escolares. Sin embargo, esas señales no derivaron en políticas sostenidas.“Las respuestas fueron insuficientes”, indicó Aguilar, apuntando a una dinámica donde el tema gana visibilidad tras episodios críticos, pero luego pierde prioridad. En ese ciclo, las soluciones quedan a medio camino.
El caso de Calama, en ese sentido, aparece como una expresión extrema de un proceso más largo, donde la acumulación de tensiones no ha encontrado una salida clara.
Una crisis que trasciende fronteras
El fenómeno, además, no es exclusivo de Chile. El propio Mario Aguilar advierte que situaciones similares se han registrado recientemente en otros países. En Argentina, por ejemplo, un estudiante de 15 años ingresó con una escopeta a su colegio, matando a un compañero y dejando a otros dos heridos.
Incluso en sistemas educativos europeos considerados referentes, en los últimos años se han registrado hechos graves. En junio del año pasado, un estudiante apuñaló a un inspector mientras este realizaba una revisión de mochilas. Ese mismo mes, en Austria, un exalumno ingresó a un establecimiento y mató a 10 personas.
En Estados Unidos la situación es aún más crítica. El 31 de marzo, un estudiante disparó contra su profesora y luego se quitó la vida. Allí, la violencia escolar se ha vuelto un problema recurrente, con ataques que se repiten con una frecuencia alarmante y una discusión férrea entre Demócratas y Republicanos por el control de las armas. Con ideas tan surrealistas como dotar a los profesores de armamento.
Para el dirigente, este contexto internacional refuerza la idea de que se trata de una crisis más amplia. “No hay un país en el que uno pueda decir que esto no está pasando”, plantea en la entrevista. Dando como uno de los principales factores de estos hechos la proliferación de un modo de vida que premia el individualismo y el materialismo.
Relaciones tensionadas y necesidad de reconstrucción
Más allá de las cifras o las medidas puntuales, el diagnóstico apunta a un deterioro en las relaciones cotidianas. Aguilar describe un escenario donde estudiantes, docentes y familias comienzan a percibirse desde la desconfianza, en un clima que se va cargando progresivamente.
En ese contexto, advierte que muchos jóvenes canalizan su frustración hacia figuras cercanas, como los profesores, a quienes pueden ver como representantes de un sistema que no les ofrece oportunidades. Esa dinámica, señala, profundiza el conflicto al interior de las comunidades. Frente a ello, propone fortalecer el diálogo desde la base social. “Hay que propiciar un nuevo trato en la forma de relación”, afirma, apostando por reconstruir vínculos en los propios territorios.
Directores de establecimientos educacionales respaldan estas afirmaciones de Aguilar, pese a no sentirse plenamente representados por el gremio. Sostienen que la sociedad chilena ha puesto una gran responsabilidad en los docentes que debió estar siempre en la familia, pero que con las necesidades económicas y la mentalidad de “comprar un auto nuevo”, estos se han distanciado cada vez más de sus hijos y su crianza, provocando que todo ese peso quede en gran medida en los profesores que no han tenido una capacitación adecuada para afrontar dicho desafío.
Movilización en un escenario abierto
Con este panorama, el gremio docente se mantiene en estado de alerta. Las movilizaciones, explica Aguilar, ya forman parte de la dinámica cotidiana, a través de asambleas, encuentros y acciones en distintos puntos del país. Sin embargo, no descartó “avanzar hacia medidas más intensas si no se producen cambios en la orientación de las políticas educacionales que Chile necesita con urgencia”, agregó. La advertencia se instala en un momento donde la educación vuelve a ocupar un lugar central en la discusión pública.
En Chile, bajo la administración de José Antonio Kast, comienza a instalarse una retórica ya conocida: que el Estado no tiene los recursos suficientes, está «sin plata» y que, por lo mismo, hay que elegir qué atender y qué dejar en segundo plano. En esa lógica áreas tan sensibles como la educación y salud quedan relegadas mientras la seguridad se levanta como prioridad indiscutida. No es un fenómeno aislado, discursos similares se han dado en otros gobiernos de ultraderecha como el de Javier Milei con la famosa frase «no hay plata«, mientras Donald Trump congeló fondos federales para programas sociales, como las guarderías en Minnesota, acusando sin evidencia que los demócratas utilizan dichos programas para enriquecerse.
“Lo ocurrido en Calama es la consecuencia de un proceso descuidado: un fruto que se pudrió por no haber atendido a tiempo un árbol tan fundamental como lo es la formación de las futuras generaciones. Hoy, lamentablemente, estamos recogiendo el resultado de lo que no se hizo antes. Debemos preguntarnos ¿En qué momento dejamos de pensar en nuestros niños como futuros ciudadanos y los empezamos a ver solamente como mano de obra?”, comentó un funcionario del Instituto Cristiano Luis Gandarillas.
