NOTA DE PRENSAContra el cierre de aulas en la pública: fijeza y bajada de ratiosEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reiterado al Gobierno español que incumple la Directiva 1999/70. Es decir, que vulnera permanentemente los derechos del personal contratado de las Administraciones Públicas y que debe hacerlo fijo e indemnizarlo. Sin embargo, no le ha indicado el modo de implementar el proceso. A raíz de otra sentencia del TJUE de 2021, el Gobierno español puso en marcha un proceso extraordinario de estabilización para, supuestamente, rebajar la tasa de interinidad en las administraciones públicas. En la enseñanza pública de la Alta Navarra se convocaron únicamente 766 plazas y, en su mayoría, lo fueron para estabilizar los puestos de trabajo del PAI. Básicamente, con dicho procedimiento pretendían la estabilización y el blindaje de una parte del profesorado contratado, dejando a la mayoría en la más absoluta precariedad. Según el último informe de fiscalización de la Cámara de Comptos, el porcentaje de temporalidad de la educación pública en el “altonavarra” es del 49%, muy por encima de la interinidad estructural que el Gobierno de Navarra estima en un 12,4%. Esta alta tasa de interinidad contraviene totalmente lo dispuesto por la directiva europea sobre temporalidad en el empleo público, pero al Gobierno le conviene mantenerla así para privatizar o echar a la calle al profesorado en caso de crisis. De esta manera, la actual directora general de Personal del Departamento de Educación fue el brazo ejecutor del despido de 800 docentes durante los recortes iniciados en 2012. Además, el número de plazas de funcionariado ofertadas en las convocatorias de oposición suele ser muy reducido en comparación con el número de personal eventual. La mayoría del personal debe participar, no para acceder al funcionariado, sino para sobrevivir en las listas de contratación. Por ejemplo, este año no habrá oposición en Educación Infantil, muchas funcionarias de la etapa se jubilarán y aumentará la tasa de interinidad. De esta forma, pueden despedir a estas docentes con mayor facilidad, sin indemnización alguna. Con el objetivo de dar solución a estos problemas, STEILAS plantea a las fuerzas políticas del Parlamento de Navarra la aprobación de dos leyes forales. Por un lado, la ley de estabilización del empleo público: dado que el Gobierno español incumple la legislación europea, la Alta Navarra debería hacer valer su competencia en materia de función pública y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para implementar la Directiva 1999/70 de la Unión Europea y las sentencias dictadas por el TJUE, para acabar de una vez por todas con las injusticias cometidas con el personal interino. Por otro, estaría la ley reguladora de las ratios escolares. Queda muy claro que las bajadas de ratio recogidas en el pacto educativo son insuficientes para garantizar la calidad de la educación y reducir la sobrecarga de trabajo del profesorado. Además, el Gobierno sigue sin elaborar el plan estratégico para reducir las ratios y sin facilitar la información sobre las aulas que va a clausurar en la red pública. En esta ley deberían recogerse, como mínimo, las ratios propuestas por los sindicatos de la educación pública, que defendieron la totalidad de las fuerzas parlamentarias, con la excepción de PSN y VOX. Las ratios serían las siguientes:
El Departamento de Educación indicó que en la red pública se cerrarían 19 aulas, aunque no ha aclarado en qué centros se producirá este hecho. STEILAS ha preguntado directamente a los centros escolares y de momento sabemos que amenazan con cerrar en las escuelas públicas de Arbizu, Elo – Monreal, San Francisco de Iruñea, Irain de Lesaka, Irulegi de Mutiloa, Auzalar de Orkoien, Joakin Lizarraga de Sarriguren, Uharte Arakil y Zubiri. Ocho son del modelo D y una del modelo A/G. Para no cerrar aulas es imprescindible la fijeza del profesorado interino y la bajada de ratios.
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Alerta educativa en Navarra: la escuela pública retrocede entre despidos encubiertos y ratios masificados
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