La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un marco legal que habilita la imposición de penas de carácter perpetuo a niños, niñas y adolescentes a partir de los 12 años de edad. La decisión no es un ajuste técnico dentro del sistema penal. Es una transformación estructural que altera el estatuto jurídico de la infancia, tensiona el derecho internacional y, sobre todo, instala una pregunta de fondo sobre los límites éticos del castigo en una sociedad que ha normalizado la excepción como forma de gobierno.
La Asamblea Legislativa de El Salvador votó y aprobó. Ese dato, en apariencia neutro, contiene toda la gravedad del momento. No se trata de una medida improvisada ni de un exceso circunstancial. Es una decisión institucional, deliberada, refrendada por el órgano que encarna la representación formal del poder popular. Precisamente por eso exige ser leída con rigor.
Lo aprobado no es simplemente una ampliación de penas. Es la habilitación de un principio: que un niño puede ser tratado, en términos sustantivos, como un adulto en el momento de ser castigado.
Ese principio rompe una de las distinciones más básicas sobre las que se ha construido el derecho moderno.
Porque el derecho penal, en su forma más elaborada, no solo organiza sanciones. Organizar diferencias. Distinga entre quien actúa con plena capacidad y quien lo hace en condiciones de desarrollo. Entre quien puede comprender plenamente las consecuencias de sus actos y quien aún no ha terminado de formarse. Esa distinción no es sentimental. Es estructural.
La reforma salvadoreña decide atravesarla. Decide que un niño de 12 años puede ser objeto de una pena que, en la práctica, compromete su vida entera. Y esa decisión obliga a detenerse.
Un niño o una niñita de 12 años aún juega a mundos de fantasía. No como evasión, sino como forma de comprender el mundo. A esa edad se imita más de lo que se decide, se reacciona más de lo que se calcula, se pertenece más de lo que se elige. El juicio moral está en formación, el control de impulsos es inestable, la identidad es todavía una construcción en curso.
La literatura internacional no discute este punto. Lo da por establecido. La Observación General n.º 24 del Comité de los Derechos del Niño no introduce una recomendación política, sino que recoge un consenso: los niños difieren de los adultos en su desarrollo físico y psicológico, y esa diferencia implica una menor culpabilidad. El sistema penal juvenil existe, precisamente, para hacerse cargo de esa diferencia.
El informe Creciendo con Derechos de UNICEF Innocenti, publicado en 2026, profundiza esa idea al señalar que las capacidades del niño no son estáticas ni homogéneas. Evolucionan, se expanden, se contraen según el entorno. La edad no es un número abstracto. Es un indicador de un proceso en desarrollo.
Por eso no es lo mismo 12 que 14, ni 14 que 16. Cuando una ley borra esa diferencia, no está simplificando. Está ignorando el conocimiento acumulado.
Y esa ignorancia no es inocua. Porque el delito juvenil no ocurre en el vacío.
La investigación empírica es consistente en un punto que incomoda a los discursos de orden: la mayoría de los niños y adolescentes que ingresan al sistema penal provienen de contextos marcados por la violencia, la precariedad y la desprotección. No han sido socializados en entornos de estabilidad, sino en entornos donde la norma es frágil o inexistente.
Han aprendido la ley como ausencia o como amenaza. Han crecido en condiciones que limitan su capacidad de elección antes de que esa capacidad se consolide.
La criminología contemporánea, la salud pública y los organismos internacionales convergen en esta lectura. Las experiencias adversas en la infancia no solo aumentan la probabilidad de conductas violentas, sino que modelan las formas de percibir, reaccionar y decidir.
En ese contexto, el sistema penal se enfrenta a una disyuntiva. Puede reconocer esa trayectoria e intervenir sobre ella. O puede ignorarla y castigar al individuo como si fuera un sujeto aislado.
La reforma salvadoreña opta por lo segundo. Y ahí se instala la primera ruptura.
La segunda es la idea de que el castigo extremo corrige. La evidencia disponible no respalda esa premisa.
El informe global de UNICEF sobre privación de libertad en la administración de justicia es explícito: el encarcelamiento prolongado de niños es dañino, costoso e ineficaz. No reduzca de manera sostenida la reincidencia. No producir reintegración. Puede, en cambio, profundizar las trayectorias de exclusión.
La revisión sistemática de Beaudry, Yu y Fazel sobre adolescentes detenidos añade una dimensión aún más compleja: una proporción significativa de estos jóvenes presentan trastornos mentales, incluyendo depresión, estrés postraumático y trastornos de conducta.
No se trata de casos aislados. Es un patrón. El sistema penal juvenil recibe a sujetos ya vulnerados. Y luego los somete a un entorno que, en muchos casos, intensifica esa vulnerabilidad.
Encerrar a un niño por décadas no lo suspende en el tiempo.
Lo transforma.
Y esa transformación no ocurre en el sentido que la política declara.
Aquí el contraste con modelos como el noruego deja de ser ilustrativo y se vuelve estructural. Noruega se enfrenta a delitos. También se enfrenta a la violencia. Pero responde desde otra lógica. Parte de una premisa que, en ciertos contextos, parece casi inaceptable: que el castigo no debe destruir al individuo.
Nils Christie formuló esa intuición al preguntarse cuánto dolor está autorizado a infligir una sociedad. Noruega respondió limitando ese dolor.
Sus prisiones no buscan quebrar. Buscan sostener condiciones de vida que permitan la reintegración.
La privación de libertad es la pena. No se añade sufrimiento.
En el caso de menores, la lógica es aún más estricta. El encarcelamiento es excepcional. La intervención es prioritaria. La reintegración no es una opción. Es el objetivo.
No se trata de indulgencia. Se trata de una comprensión distinta de lo humano y los resultados acompañan esa lógica. Pero lo central no es el resultado. Es la premisa.
En El Salvador, la reforma indica otra premisa. Indica que hay vidas que pueden ser suspendidas durante décadas sin que eso constituya una contradicción estructural.
La figura de la “pena perpetua revisable” intenta introducir una capa de legitimidad jurídica.
Pero no altera la experiencia real.
Un niño condenado a 25 años pierde su infancia, su adolescencia, el tiempo en que se construye la identidad.
La revisión futura no restituye ese tiempo. No devuelve la posibilidad de haber sido.
Hay, además, un elemento que amplifica el alcance de esta reforma. La incorporación de delitos como el terrorismo.
En contextos de alta concentración de poder, esta categoría no es estática, tiende a expandirse. Puede abarcar no solo actos de violencia extrema, sino formas de resistencia, de disidencia, de marginalidad. La historia latinoamericana lo ha mostrado, como en la dictadura de Pinochet. También la experiencia en la Palestina ocupada, en donde se encarcela y golpea a un infante por lanzar piedras a un tanque bajo el cargamento de «terrorismo».
Cuando el Estado amplía la definición de peligro, amplía también el campo del castigo. Y cuando ese campo incluye a los niños, la frontera se desplaza aún más. Aquí la lectura de Foucault deja de ser teórica. El castigo moderno no solo sanciona conductas, produce sujetos, clasifica, ordena. Defina quién es peligroso.
Cuando esa lógica alcanza la infancia, lo que se redefine no es solo el sistema penal. Es la idea misma de pertenencia. ¿Quién queda dentro? ¿Quién puede ser apartado?
La reforma salvadoreña no es una anomalía aislada. Es la expresión coherente de una doctrina. Es la excepción convertida en regla. Es el castigo como eje de gobierno. Es la infancia incorporada al campo de lo punible.
La pregunta que queda no es técnica. No es si la ley es más o menos eficaz. No, no.
Es qué tipo de sociedad decide que un niño puede ser, en los hechos, apartado durante décadas de la vida social. Y qué concepción del futuro está contenida en esa decisión.
Porque castigar a un niño como adulto y de por vida no solo redefine al niño. Redefinir a la sociedad que lo juzga. Y, en ese acto, revela hasta dónde está dispuesta a llegar para sentirse seguro. Incluso si, en ese camino, deja de reconocerse a sí misma.
