Sumergidos en la dinámica de paulatina intervención de USA sobre Latinoamérica y el autoritario alineamiento de antiguos y nuevos gobiernos de extrema derecha, el gobierno del presidente Noboa cumple en el frente externo una agenda estratégicamente montada como parte de la guerra silenciosa de difamación de los gobiernos progresistas de la región y de aniquilación de sus políticas de soberanía, contribuyendo a poner en riesgo la paz conquistada en América Latina.

Tras el asalto policial a la Embajada de México en Quito, en abril de 2024, con las graves consecuencias de ruptura diplomática y comercial, las tensiones de Ecuador con Colombia, su buen vecino histórico del norte, han seguido escalando con nuevas medidas mutuas, luego de la imposición de un arancel del 30% a los productos colombianos, el pasado 21 de enero, que anuncia un gran impacto en el comercio en ambos lados de la frontera.

Pero, ¿qué sucede en el frente interno?

Un giro importante en la tendencia electoral fue la derrota oficial en la consulta popular convocada por el gobierno de Daniel Noboa el 16 de noviembre pasado, que recibió en su cuatro preguntas un rechazo mayoritario por parte de la población, sobre todo en aquellas que pretendían eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras (61%) y la de convocar a una Asamblea Constituyente (62%).

Sin embargo, el gobierno con mayoría en la Asamblea Legislativa, ha instaurado una cascada de leyes, que pisotea la Constitución, en las áreas económica y social. El 28 de enero el presidente Noboa remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente de minería “para atraer inversión y generar empleo”, que favorece el avance de proyectos mineros de capital transnacional, sin consulta previa ni controles ambientales, como establece la Constitución vigente. Igualmente, en el presente mes el Gobierno envió a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica Reformatorias al COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), con reglas fiscales que restringen el uso de recursos públicos de las entidades descentralizadas en los servicios de salud, protección social y cultura.
(https://www.asambleanacional.gob.ec/es/node/113535)

Se encienden luces de alarma

En estas condiciones, la sociedad organizada enciende alarmas a través de las voces de las organizaciones de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), la mayor organización social del país, rechazó a inicios del presente mes el proyecto de ley minera urgente del Gobierno, puesto que considera el control ambiental, pone en riesgo el agua y los derechos de las comunidades indígenas, refuerza un modelo de dependencia extractiva que «ha profundizado la desigualdad y la criminalización de la defensa territorial”. Anunció, además, el pasado 26 de febrero, que presentará una demanda de inconstitucionalidad tras su aprobación por la Asamblea Nacional.

Por su parte, más de veinte organizaciones de Derechos Humanos, por la Niñez y la Adolescencia, el Foro por la salud pública y coaliciones del movimiento de mujeres, emitieron un pronunciamiento el pasado 18 de enero, alertando la inconstitucionalidad de del proyecto de reforma del COOTAD y sus consecuencias sociales: “una reforma que cambie las reglas de asignación de recursos, que no solo deja de incorporar primera infancia y desnutrición crónica infantil, prevención de muertes violentas, violencias extremas basadas en género, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes y reclutamiento de juventudes, prevención y erradicación de la violencia sexual y la trata de personas, sistemas territoriales de cuidado para el desarrollo infantil, las personas adultas mayores, la inclusión efectiva de personas con discapacidad, es un error mayúsculo, sino que obliga a desmontar lo existente. Es un retroceso en derechos” (Pronunciamiento. Reforma del COOTAD ante la obligación de proteger derechos, la protección integral y la atención a grupos prioritarios”.

Escalan el rechazo y descontento

Tras asumir la presidencia de la Ecuarunari, la organización indígena más grande de la Sierra, Leonidas Iza Salazar confirmó que se sumará oficialmente a las iniciativas populares que buscan la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa. Iza señaló que esta es una decisión colectiva del Octavo Congreso de la organización, fundamentada en lo que calificó como un «incumplimiento de promesas» en seguridad y empleo, además de una política económica que, a su juicio, beneficia a intereses externos y al Fondo Monetario Internacional Otavalo a la luznoticias. Hace pocos días otra organización nacional, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) anunció también que se suman a la revocatoria del mandato, con lo cual la revocatoria deja de ser solo un trámite administrativo en el Consejo Nacional Electoral para convertirse en una bandera de lucha de los sectores organizados.

El panorama político para el gobierno de Daniel Noboa se torna más complejo, vienen tiempos de movilización social