La primera frase que expresa el artículo 1 de la Constitución Política de la República en sus “Bases de la institucionalidad”, proclama que en Chile “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Este principio democrático aclara que en la convivencia nacional no existen grupos privilegiados y que, en consecuencia, todos somos iguales ante la ley. La trascendencia de esta declaración es que, gracias a ella, todos nacemos bajo las mismas circunstancias basales, lo que reconoce la particularidad de la condición humana.

El problema de ese principio es que se transforma en “letra muerta” cuando se contrasta con la realidad cotidiana de nuestra vida social. Para verificar esta situación no es necesario recurrir a estudios académicos o manuales de educación cívica, basta abrir los ojos para ver lo que somos y como vivimos. La verdad es que quienes nacimos en esta tierra expoliada y segregada, nos percatamos muy pronto que pertenecemos a un grupo al que llegamos no por nuestra voluntad, sino marcado por las diferencias preexistentes que nos condicionan a una cierta asimetría como modo de vida. Si bien, esta no es una determinación absoluta, si genera diferencias estructurales complejas de superar.

Así, por ejemplo, la realidad judicial que vivimos día a día desmiente esa bien inspirada sentencia constitucional. Una vez más, esto no se trata de una percepción subjetiva o de la aplicación del mero sentido común: es una constatación documentada en sentencias, informes policiales y procesos penales que revelan un patrón sistemático de aplicación selectiva de la justicia. También todos sabemos que cuando la justicia es diferenciada, deja de ser justicia y pasa a ser una simple herramienta de discriminación y uso ilegítimo del poder. Cuando esto ocurre, la democracia se diluye y se convierte en una autocracia disfrazada.

Tomemos dos casos emblemáticos del llamado “Caso Convenios”, que han sacudido la agenda pública en los últimos años. Por un lado, se encuentra la denominada “arista ProCultura”, en la que fue formalizado por fraude al Fisco el psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de la entidad beneficiada con más de 1.600 millones de pesos del Gobierno Regional Metropolitano, sin licitación ni acreditación evidente de idoneidad. Larraín, conocido por moverse con soltura en los círculos del poder —donde la identidad ideológica suele ser secundaria— y por su cercanía histórica con el gobernador Claudio Orrego, quedó en libertad con la medida cautelar de arraigo nacional tras la audiencia de formalización. El juez rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, al considerar que no representaba un peligro para la sociedad. Evidentemente, no se cuestiona aquí su derecho a la presunción de inocencia ni la aplicación del debido proceso; lo que resulta llamativo es el contraste abismal con otros casos de características similares que han recibido un tratamiento judicial muy distinto.

Lo que parece quedar al desnudo no son los diversos criterios que aplican los jueces respecto de una misma ley ante hechos comparables, sino que algo mucho peor. Lo que se configura es la aplicación de medidas que se adaptan al inculpado. No es lo mismo juzgar a un ciudadano cualquiera que a alguien que pertenece a un segmento privilegiado por su condición, su historia, sus redes de contacto o su capacidad de influencia.

Demos un ejemplo que conozco bien. En la llamada “arista Los Lagos” del mismo Caso Convenios, fui el primer formalizado a partir de cargos que, se vieron obligados a eliminar por falsedades. Permanecí 18 meses en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Puerto Montt (no en la cárcel VIP Capitán Yábar), pese a que la investigación fue debelando desde el primer momento la verdad que estaba oculta bajo una serie de presunciones que fueron desmoronándose una a una. También se han presentado en este asunto graves irregularidades como filtraciones de información reservada desde la fiscalía hacia el gobierno regional según un informe policial de noviembre de 2023, que concluye la existencia de al menos tres fiscales involucrados en la entrega indebida de datos.

Mi liberación llegó solo tras mi declaración judicial como método de defensa (art. 98 CPP). En ese escenario la fiscalía se opuso al otorgamiento de mi libertad argumentando que “por ser mapuche había riesgo de fuga de una comunidad a otra”. Por esa razón, me obligaron al pago de una caución de 10 millones de pesos, dinero que fue reunido por mi familia y amigos con un gran esfuerzo. Lo cierto es que la acusación se ha debilitado principalmente porque se ha acreditado que nunca recibí fondos públicos y que no era parte de la fundación que los recibió, por ende, nunca debí haber estado en prisión preventiva.

Como se aprecia a simple vista, el contraste resulta evidente: mientras una persona sale prácticamente indemne en una etapa temprana del proceso, pese a la magnitud de los fondos involucrados y las acusaciones de concierto con autoridades públicas, otra persona de origen mapuche, sin redes de poder y sin dinero se aplica la medida más gravosa sin pruebas concluyentes y con vicios procesales demostrables.

Este doble estándar no es nuevo y para ilustrar presento mi segundo ejemplo. La denominada “Operación Huracán” (2017), sacó a la luz uno de los casos de mentira institucional más flagrantes de la historia reciente. En efecto, un tribunal oral en Temuco condenó en enero de 2026 a exfuncionarios de inteligencia de Carabineros y a un civil por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Se acreditó que implantaron pruebas falsas en celulares de siete mapuche y un periodista para justificar las detenciones y la prisión preventiva. El Estado, a través de la policía, la Fiscalía y, en su momento, con la complacencia de autoridades políticas, montó una persecución que recordó las prácticas de la dictadura.

Hasta hoy, el Presidente de la República no ha asumido responsabilidad política alguna por este montaje estatal. Es lo que correspondería hacer respecto de funcionarios públicos que actuaron al amparo de las atribuciones que esos mismos cargos les otorgaban. La clásica mala memoria y una ancestral discriminación que nos ahoga, hizo que ese fallo y sus implicancias pasaran casi desapercibidos.

En mi caso personal, la actuación del Ministerio Público presentó graves irregularidades, entre ellas la valoración invertida de pruebas, la omisión de antecedentes relevantes y el uso implícito de mi origen mapuche como factor de riesgo procesal, en contradicción con la normativa que prohíbe la discriminación racial.

Ojalá esto solo fuera una injusticia individual o localizada en casos puntuales. En realidad, esto es una práctica sistemática que se manifiesta de viejas o nuevas maneras. Se trata de la expresión de un Estado que niega la justicia igualitaria, que aplica la ley según el apellido, que te trata bien si eres del “círculo de confianza”, pero te trata mal si eres mapuche e inocente o si eres pobre, inmigrante, de la diversidad sexual, deudor, progresista o simplemente diferente.

A propósito de otros asuntos, el presidente Boric ha dicho que en Chile existe igualdad ante la ley. Lo cierto es que un sistema corrupto desde sus raíces jamás podrá conducirnos por el camino hacia la implementación de una justicia real. No, señor. Instaurar un sistema justo y digno requiere de una conducción política que se oriente según principios éticos, con jueces de moral intachable y probos, con fiscales no influenciados por el prejuicio o intereses particulares y una política recta en su proceder y que busque el bien común, sin distinción de raza, capacidad de influencia o condición de vida. Ahora sí estás condiciones imposibles se dieran, el “amigo” del presidente Boric, (Alberto Larraín) estaría en prisión
preventiva.

Los acontecimientos recientes relacionadas con las sanciones y destituciones de los titulares del máximo tribunal de la República, debería hacernos reflexionar sobre la fragilidad del sistema de justicia y sus agentes principales. La demanda por una justicia verdadera y moralmente apta constituye una urgencia de la mayor prioridad. Ello implica romper con la legalidad hegemónica que ha servido de instrumento de opresión y avanzar hacia un pluralismo jurídico real, donde el derecho deje de ser un mecanismo de dominación y se transforme en camino hacia la libertad personal y colectiva. Solo así se honrará la promesa constitucional de igualdad y se reparará el daño causado a los pueblos originarios y a todos
quienes sufren la selectividad de la justicia.

Chile no puede seguir fingiendo aquello que la evidencia deja al descubierto. Es hora de asumir esta verdad incómoda y exigir una reforma profunda que ponga fin a los privilegios invisibles pero plenamente actuantes en la vida nacional.