No es de extrañar el desconcierto que manifestaron algunos periodistas, especialmente de la televisión, ante la noticia de la detención del ex teniente del Ejército chileno Armando Fernández Larios, considerado “lo peor de lo peor” dentro de lista de delincuentes donde hay otros 42 chilenos próximos a ser expulsados de los Estados Unidos.
El golpe de estado de 1973 y el largo gobierno de facto de Augusto de Pinochet se han nublado en la memoria nacional, cuando tenemos ya varias generaciones de chilenos que no habían aún nacido para entonces y muchos millones más que tampoco han recorrido entero el largo tiempo de posdictadura. En efecto, han pasado 50 años desde la insurrección militar, pero que siguen conmoviendo, pese al olvido colectivo, a tantos chilenos que vivieron y padecieron los rigores del régimen autoritario.
Es explicable, entonces, que la prensa haya reaccionado titubeante frente a una resolución estadounidense muy importante puesto que Fernández Larios fue parte de la siniestra DINA y participó en el homicidio terrorista cometido en Washington contra el ex Canciller de Allende, Orlando Letelier, y su secretaria Ronnie Moffit. Todo acreditado por el juicio que se llevó en Estados Unidos en contra de los perpetradores de un crimen que culminó con una muy discreta condena de cárcel a Fernández Larios, pero quien quedara luego en libertad como “testigo protegido” por este país dada su colaboración a esclarecer los hechos. Acogiéndose a un beneficio que le permitió vivir sin contratiempos durante largos años en ese país, y escapar de las múltiples solicitudes de extradición de la Justicia chilena por haber participado en este atentado. Un crimen acometido también por Michael Towney, un agente de la CIA al servicio de las operaciones de “inteligencia” del régimen castrense chileno. Requerido Fernández Larios, además, por haber participado en la llamada Caravana de la Muerte que recorrió el país por mandato del Dictador para eliminar a decenas de presos políticos.
No está claro aun cuándo y cómo Estados Unidos repatriará a los numerosos detenidos por el cuestionado ICE, comando militar que Donald Trump ha dispuestos para capturar y hasta asesinar a miles de inmigrantes. La defensa de Fernández Larios está alegando el beneficio otorgado a éste para radicar en los Estados Unidos, lo que podría sacarlo de la lista de los inminentes expulsados de este país si a Trump se le antoja. De allí que sea tan importante que desde nuestro país se reclame su comparecencia ante la Justicia nacional y cumpla condena en una cárcel chilena. Seguramente en la de Punta Peuco donde están recluidos los más horripilantes criminales de la Dictadura.
Es justa la alegría de los centenares de víctimas por la detención de este ex oficial chileno y ojalá que sus solicitudes de extradición sean acogidas lo antes posible, para que se alcance por fin justicia y la edad avanzada de Fernández Larios no consagre finalmente su impunidad, tratándose de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en Chile estamos próximos a la ascensión de un nuevo gobierno de derecha y cuyo Presidente electo ha incorporado a sus equipos a varios y destacados pinochetistas renuentes a reconocer todavía los crímenes de la Dictadura y que incluso se desgañitaron por salvar a Pinochet de un juicio internacional. Muchos de los cuales ahora abogan por indultos en favor de los agentes condenados de la DINA y la posterior Central Nacional de Inteligencia (CNI). Sin que alguno de estos, como se sabe, haya reconocido sus crímenes, pedido perdón o colaborado, por ejemplo, para conocer el destino de las decenas de detenidos desaparecidos que pasaron por sus manos.
Todo esto hace propicio que, en las postrimerías de su gobierno, Gabriel Boric asuma la urgencia de repatriar a este agente, así como la Corte Suprema acelere los procedimientos al respecto. Aunque permanezcamos en la duda de qué hará la Casa Blanca con este peculiar “peor de lo peor” cuando descubra su plena identidad y los beneficios que se le habían otorgado. Así como, también, tememos de la actitud que asuma el nuevo gobierno de Kast al respecto. Un mandatario electo por una contundente votación ciudadana con amnesia respecto de lo que sucedió en dictadura, pero muchos como de firmes adherentes de las ideas del pinochetismo. Cuyo legado, sigue tan presente en toda nuestra institucionalidad.
Muy conveniente resultaría que Fernández Larios fuese interrogado y condenado en Chile por la posibilidad que aclare cuál fue su participación como teniente en el asalto armado a La Moneda y la muerte del Presidente Allende el 11 de setiembre de 1973. No olvidamos que, ya instalado en Estados Unidos después de renunciar al Ejercito, fuera interrogado por el fiscal Eugene Propper, mandatado por el Gran Jurado que investigó el atentado a Orlando Letelier y su secretaria.
En su libro Laberinto este Fiscal desahució la versión del suicidio de Allende señalando que el extinto mandatario fue realmente asesinado por el comando militar, y en particular por el oficial René Riveros, quien “le vació la mitad de su cargador al Presidente” cuando se enfrentó con él en el segundo piso de La Moneda. Señalando que la versión del suicido se convirtió por el general Pinochet como secreto de estado reactivo.
Consta también que René Riveros se ufanó posteriormente frente a un grupo de detenidos de haberle disparado al Presidente, mostrándoles como “souvenir” el reloj del Primer Mandatario ahora en su brazo. Uno de estos detenidos, el ingeniero Robinson Guerrero, entregó años después esta versión a Radio Universidad de Chile sin que por este testimonio fuera convocado a declarar ante los Tribunales de Justicia y el ministro sumariante que seguía investigando los sucesos ocurridos en el Palacio Presidencial. Como tampoco la Justicia se hizo cargo del documentado libro La verdad sobre su muerte, de la periodista Maura Brescia.
Entre todas las pertenencias de Allende que se exhibieron después del magnicidio, se pudieron observar, entre varios otros elementos, los anteojos partidos del Presidente. Pero no su reloj.
