En contexto electoral, consenso por derechos humanos invoca a respetar derechos de pueblos y a compromiso con deudas urgentes.
Más de 150 organizaciones sociales de las 25 regiones del Perú llaman a un compromiso con el respeto de la identidad indígena, la autodeterminación y la seguridad de territorios ancestrales.
Además invocan a que se garantice la protección de Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), así como las reparaciones para pueblos que han sufrido daños históricos.
Estos puntos son parte del Consenso Nacional por los Derechos Humanos, una iniciativa que nace en medio del contexto electoral y reúne las demandas de Pueblos Indígenas, Andinos, Costeños y Afroperuanos.
Entre las organizaciones que suscriben este Consenso se encuentran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Red Muqui.
Además participaron organizaciones feministas; gremios laborales; colectivos juveniles, iglesias y organizaciones basadas en la fe, entre otras colectividades.
Las organizaciones alertan que la vida de defensores de pueblos y territorios está en riesgo en un contexto marcado por la profundización del modelo extractivista y de despojo avalado por el Estado.
Agenda colectiva
En esa línea, tras un proceso de reflexión y construcción colectiva, las organizaciones presentaron esta agenda de derechos con siete ejes temáticos:
- Reformas Institucionales y Políticas
- Justicia, Seguridad y Memoria
- Defensa y Ampliación del Espacio Cívico
- Derechos de los Pueblos Indígenas, Andinos, Costeños y Afroperuanos
- Justicia Ambiental y derecho al agua
- Igualdad real y vida libre de violencia
- Cuidado real y soporte a poblaciones vulnerables
El proceso de construcción de este consenso fue impulsado desde la sociedad civil con el propósito de elaborar y consensuar una agenda común frente al complejo escenario político y social actual.
Como detallan las organizaciones, el mundo enfrenta una crisis global guiada por el capitalismo, la imposición de potencias mundiales y la profundización de un modelo extractivista que acelera la crisis climática y pone en riesgo la sostenibilidad de la vida.
En Perú, estos procesos se traducen en la desigualdad económica y social, una democracia precarizada, la reducción del espacio cívico, la debilitación del Estado de Derecho y el avance de economías criminales.
“La precarización de la democracia va de la mano con el avance de ideologías conservadoras que reproducen sistemas de dominación, patriarcal y colonial”, expresado en “un racismo de quienes detentan el poder”.
Este Consenso, subrayan las organizaciones, representa un compromiso con la defensa de los derechos humanos, esenciales para una vida digna, plena y sin ningún tipo de discriminación.
“Una campaña que ignore el enfoque de derechos humanos corre el riesgo de reproducir el mismo modelo de poder que ha conducido al país a un proceso de desmantelamiento institucional y a la normalización de prácticas autoritarias”, sostuvo Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH.













