Cuando las leyes protegen más la inversión que la vida, el conflicto no es una excepción, es el sistema.

El siglo XXI y las nuevas reglas del saqueo

El Perú entró al siglo XXI con un modelo pulido durante los noventa: apertura total a capitales, estabilidad tributaria para grandes proyectos y arbitrajes internacionales como red de seguridad del inversionista. El lenguaje es técnico (TLC, ISDS, estabilidad jurídica) pero el efecto lo siente cualquiera: contratos largos, poca capacidad estatal para renegociar y una institucionalidad ambiental que siempre llega tarde.

El crecimiento fue real en varias ventanas (superciclo de commodities) pero también lo fue el costo: ríos con metales pesados, bofedales fragmentados por carreteras mineras, valles sin agua por acaparamiento agroexportador y selva convertida en tabloide de derrames y deforestación. El extractivismo se modernizó, sí; dejó excel y drones pero mantuvo la misma lógica: valor agregado afuera, pasivo adentro.

TLCs, arbitrajes e incentivos que sesgan la cancha

Los tratados de libre comercio y los mecanismos ISDS (inversionista–Estado) prometieron atraer capital y dar previsibilidad. Lo lograron. También blindaron cláusulas que congelan regalías y diluyen la potestad de cambiar reglas a mitad de partido aunque cambie la realidad ambiental o social. Resultado: el costo de corregir malas evaluaciones o exigir remediación puede convertirse en una multa internacional al Estado. Con esa espada sobre la mesa, la autoridad reguladora negocia con miedo.

La estabilidad tributaria (muy útil para inversión) se usó como camisa de fuerza: si los precios internacionales se disparan, el Estado no siempre puede ajustar la carga sin terminar en arbitraje. La conclusión política es simple: cuando el precio sube, ganan todos menos la comunidad; cuando baja, la comunidad igual pierde.

Consulta previa. El derecho que llegó tarde

El país incorporó el Convenio 169 de la OIT y la consulta previa a pueblos indígenas. Es un avance. Pero muchas concesiones, EIA y trazados se otorgaron antes de la norma o con cartografías desactualizadas de pueblos y territorios. Resultado: procesos que simulan consultar cuando el proyecto ya es irreversible. Así la consulta se percibe como trámite, no como acuerdo. Y sin acuerdo, el conflicto se muda de la mesa a la carretera.

Agua. La disputa subterránea

La minería de tajo abierto y los valles agroexportadores comparten un bien finito: agua. En sierra, los proyectos se ubican en cabeceras; en costa, los cultivos intensivos bajan el nivel freático. La población no lee balances; abre el caño y no sale nada o sale rojizo o huele a diésel. Ahí nace la protesta.
• Costo hídrico: un solo corredor minero puede requerir miles de m³/día para procesos; una agroexportadora grande centenares de litros por kilo de fruta de exportación.
• Competencia: riego tecnificado privado vs. canales comunales de tierra.
• Efecto: escasez arriba y salinización abajo. La cuenta la paga el agricultor que nunca negoció el contrato.

Salud pública. Metales pesados y la estadística que no cura

En provincias mineras y petroleras, los tamizajes de metales pesados muestran arsénico, plomo, cadmio o mercurio por encima de referencia en niños y adultos. Los planes de remediación se anuncian, se prorrogan, se subcontratan y cuando llegan ya hay una generación con daño. No es ideología: es toxicología. Y no es solo minería: la quema de bosque, la minería ilegal, el petróleo y ciertos agroquímicos suman su propia dosis.

Conflicto socioambiental de un sistema de alertas sin solución

Entre 2000 y 2025 el Perú acumuló centenares de conflictos activos por minería, energía, hidrocarburos, agua y bosques. Hay una coreografía conocida:

1. Anuncio de proyecto o expansión.
2. Audiencia con EIA que pocos pueden leer.
3. Observaciones técnicas que llegan a escritorio equivocado.
4. Tregua condicionada por ofrecimientos de empleo y obras.
5. Ruptura por incumplimientos, derrames o polvo.
6. Bloqueo de vías.
7. Estado de emergencia y heridos.
8. Mesa nueva con acta nueva… hasta la próxima.

¿Por qué no se resuelve? Porque la ecuación económica no cuadra para el territorio: el riesgo queda local y el beneficio se globaliza. Si el canon no se invierte bien, si la vigilancia ambiental depende del mismo sector que promueve la inversión, si la justicia tarda años, el conflicto se vuelve racional.

Minería: transición energética sin transición institucional

El cobre peruano es clave para cables, autos eléctricos y renovables. El mundo lo quiere y pagará por él. Pero la “transición” puede replicar la vieja historia: sacamos mineral, compramos tecnología. Si el país no promueve fundiciones modernas, refinerías y componentes eléctricos en territorio nacional, volveremos a exportar concentrado y a importar valor.
• Cobre 2000–2025: ingresos de exportación acumulados cercanos a centenas de miles de millones (redondeo para no inflar).
• Oro y plata: volatilidad alta; cuando sube el oro, sube también la minería ilegal.
• Riesgo: sin encadenamientos productivos (energía, insumos, metalmecánica), no hay desarrollo; hay enclave.

Hidrocarburos. Gas barato, costos caros

Camisea sostuvo generación eléctrica y viviendas, bajando costos energéticos. ¿Problema? El gas barato desincentivó inversiones en renovables distribuidas. En paralelo la Amazonía sumó derrames y sitios impactados que nadie remedió del todo. El resultado es una matriz más limpia en números pero manchada en territorio.

Agroexportación. Éxito macro, sed micro

La costa vive un boom de arándano, palta, uva, espárrago. Empleo y divisas reales. También acuíferos estresados, cuencas sobreconcesionadas y jornales que no siempre alcanzan la canasta básica en zafras extendidas. Si el agua de consumo humano compite con el riego de exportación, el conflicto es inevitable.

Amazonía: deforestación, ilegalidad y frontera móvil

La deforestación avanza por ganadería extensiva, agricultura de frontera, madera ilegal y, sobre todo, minería aurífera ilegal con mercurio. A diferencia de un tajo abierto formal, la ilegalidad no firma EIA, no tributa, no remedia y sin embargo, arrastra. Es el enemigo perfecto: difuso, móvil y armado. Contenerlo requiere inteligencia financiera (seguir combustible, cianuro, maquinaria) y presencia estatal sostenida, no operativos sueltos.

¿Qué hacer? Seis llaves para salir del bucle

No basta con denunciar: hay que reordenar reglas para que la vida valga más que el mineral.

1. Consulta previa vinculante: no “toma de nota”, sino acuerdo o rediseño real de proyecto. Sin eso, habrá carretera cortada.

2. Canon contracíclico: fondos de estabilización y fideicomisos locales que inviertan en agua, salud y educación, con gobernanza comunitaria y auditorías públicas.

3. Remediación obligatoria y por adelantado: bonos de cierre y seguros depositados antes de explotar. Quien contamina no negocia, remedia.

4. Encadenamientos productivos: metas anuales de contenido local, incentivos a fundición/refinación y a proveeduría nacional (energía, metalmecánica, químicos).

5. Transparencia total: publicar contratos, EIA, monitoreos y pagos en formatos abiertos. La opacidad crea rumores; la luz corta el conflicto.

6. Transición energética con industria: el cobre y, si se desarrolla, el litio deben empalmar con manufactura eléctrica en Perú (cables HV, motores, baterías parciales), o seguiremos vendiendo roca y comprando futuro.

Cifras compactas del periodo (2000–2025)

• Minería (cobre, oro, plata, zinc): >US$ 400.000 millones en exportaciones acumuladas.

• Hidrocarburos: >US$ 100.000 millones entre gas y líquidos asociados; matriz más barata, Amazonía más frágil.

• Agroexportación: >US$ 100.000 millones acumulados; presión hídrica crítica en cuencas costeras.

• Deforestación: >2 millones de ha perdidas en 25 años; minería ilegal y expansión agrícola como motores.

Cifras de afectación humana (2000–2025)

• Conflictos socioambientales acumulados: centenares, con picos anuales de tres dígitos.

• Personas expuestas a metales pesados/contaminación en corredores extractivos: millones (no todos con daño clínico, pero con riesgo).

• Víctimas (muertes directas/indirectas en protestas, derrames, contaminación y desatención): miles en el agregado del periodo, con subregistro evidente en zonas rurales.

• Supervivencia y persistencia cultural: los pueblos siguen; el reto no es “salvarlos” sino cumplir sus derechos para que vivan con su propia decisión sobre el territorio.

La encrucijada

El país está ante una decisión simple de decir y compleja de hacer: seguir exportando materia prima cruda y comprar valor agregado o integrar cadenas y gobernar el agua y el suelo como si la vida importara más que el precio spot. La transición energética global empuja la demanda de cobre y quizá de litio; el Perú puede subirse con industria y derechos o repetir el ciclo de siempre.

En la Parte 11 vamos a aterrizar la hoja de ruta: cómo pasar del discurso a las políticas ejecutables (presupuestos, instituciones, plazos y métricas) para que la riqueza del subsuelo y del bosque se convierta en derechos, no en estadísticas.