El miércoles pasado, la presidenta Dina Boluarte promulgó la denominada Ley de Amnistía que indulta a los militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos, cometidos durante los años 1980 y 2000.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno peruano no promulgar la norma y abstenerse de aplicarla, sin embargo, la autógrafa fue aprobada por la presidenta Boluarte en presencia de ministros y otras autoridades.
La polémica ley ha generado el rechazo y pronunciamiento de diversas instituciones defensoras de los derechos humanos, debido a que impactará en al menos 156 casos con sentencia y cuyos responsables podrán salir en libertad dejando un nefasto precedente para la justicia peruana.
AI: El Estado debe asegurar garantías de no repetición
Amnistía Internacional se pronunció recordando “que los estándares regionales e internacionales de derechos humanos establecen que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. Entre estos crímenes se cuentan desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, entre otros.
“Advertimos a la sociedad sobre un avance del autoritarismo e impunidad en Perú a través de normas que debilitan el espacio cívico y el acceso a la justicia, así como de iniciativas para desacatar compromisos internacionales. Frente a ello, reiteramos al Estado peruano su deber de garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de toda la sociedad, lo cual es solo posible fortaleciendo investigaciones y condenando a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos. Para pasar la página, el Estado tiene la obligación de asegurar garantías de no repetición, lo cual es posible enfrentando de manera decidida la impunidad y encontrando a los culpables de crímenes tan atroces como los cometidos en Perú.” indicó AI.
ANFASEP: No puede haber paz sin justicia
La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) se pronunció en rechazo a la norma indicando que “No puede haber paz sin justicia. pretender voltear la página sin verdad y justicia es una grave retroceso para nuestro país (…). Los crímenes cometidos no fueron excesos ni errores, fueron violaciones graves a los derechos humanos”.
Y anunciaron seguir luchando para alcanzar la justicia. “Desde ANFASEP, como una asociación formada y liderada por mujeres quechuas seguiremos exigiendo justicia, llevamos más de 40 años en este camino, y no hubo ni habrá poderes ilegítimos que nos paren” concluyeron.
