Eran las 7:50 de la noche y sonó el teléfono. Él (quien no quiere identificarse por temor a represalias) maneja una combi (transporte de pasajeros) por la avenida Colonial, en dirección al centro del Callao. La voz al otro lado del auricular (en altavoz) le dice sollozando: “mano (hermano), atacaron al Bolombo, mano, lo atacaron… por la avenida Santa Rosa, lo llevan al Hospital Carrión…” (se escucha llanto).

Él se pone pálido y trata de mantener la calma para seguir transportando a los 10 pasajeros que tiene en la combi… Suena otra vez el teléfono y quien llama ahora es su “viejita” (madre). Él responde: “sí vieja, no te preocupes, ya me guardo (dejar de trabajar), termino esta vuelta y me guardo… no te preocupes…”.

Él voltea la mirada, mira a los pasajeros y reniega con su cobrador: “Mañana paramos, esto no puede ser, tenemos que cortar la ruta, hermano, ¡fue en la avenida Santa Rosa, por donde pasamos a diario!”. Los pasajeros nos miramos de reojo, un hielo recorre nuestro cuerpo y al subir más pasajeros, los miramos con desconfianza… todos somos sospechosos, cualquiera puede sacar un arma y matarnos a quemarropa.

Él, a viva voz,  advierte a todo colega que puede: “mano, guárdate, acaban de atacar a Bolombo en Santa Rosa, guárdate, yo cortaré mi ruta ahora…”, y el comentario se riega entre cobradores y jaladores, “atacaron a Bolombo, sí, el gordo… si ese pata es sano, mier…”.

La vida pende de un hilo

Este es el diálogo inédito que Pressenza pudo presenciar directamente la noche del miércoles 9 de abril, cuando una de las reporteras se trasladaba en una unidad de transporte público con dirección al Callao.

La suerte de “Bolombo” todavía está en vilo. Él fue atacado en la intersección de las avenidas Pérez Salmón con Santa Rosa, una de las principales arterias que conecta Lima con el Callao. Un delincuente se acercó sorpresivamente a la combi y disparó cuatro impactos de bala contra “Bolombo”, quien fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado crítico.

La Policía Nacional que llegó al lugar de los hechos, desplegó un fuerte contingente para dar con los responsables. Los primeros indicios señalan que el delincuente pertenecería al grupo “Perú Unidos”, una banda de extorsionadores que realiza ataques a transportistas en el primer puerto del país.

Ya van 15 muertos

En lo que va del 2025, son 15 los conductores de transporte público que han sido asesinados por extorsionadores, quienes les exigen el pago de “cupos” para que les permitan continuar trabajando en las empresas de transporte de Lima y Callao.

La extorsión es una modalidad delincuencial que se ha expandido rápidamente en la capital, afectando a transportistas, colegios, artistas, comerciantes, y otros rubros económicos. Según la Policía nacional, cada 24 minutos se registra una nueva extorsión en Lima.

Los extorsionadores que actúan con total impunidad, han atacado en las últimas semanas unidades de las empresas Etuchisa, Aquarius, Emisca y El Rápido y, amedrentado a los conductores. Al parecer, Bolombo se habría negado a acceder al pago de cupos.

Las acciones delictivas de estos grupos criminales no se han reducido, pese a la declaratoria de Emergencia por 30 días en Lima y Callao (Decreto Supremo N° 035-2025-PCM), ni por la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en las calles; tampoco por la censura al ministro del Interior Juan Santiváñez.

Las infaustas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte quien señaló que “no es su responsabilidad la seguridad ciudadana” han caldeado aún más los ánimos de la población, que se volcó a las calles en una manifestación pacífica.

Paralización con respaldo ciudadano

Desde tempranas horas de la mañana del jueves 10, miles de manifestantes entre transportistas, gremios sindicales, comerciantes, familiares de las víctimas, entre otros; marcharon por las principales avenidas de Lima Metropolitana. El objetivo de la marcha fue el Congreso de la República, donde algunos representantes del sector transportes, se reunieron con congresistas para reclamar mayor efectividad en la seguridad ciudadana.

El paro fue total. Más de 20 mil vehículos de transporte público (que pertenecen a 500 empresas de Lima y Callao, aproximadamente) suspendieron sus labores. Además, hubo respaldo popular y diversos gremios como el SUTEP y otros se plegaron a la manifestación pacífica.

José Rivera (conductor) declaró a Pressenza: “Nos estamos reuniendo acá por las tantas muertes que hay por las extorsiones, por la delincuencia, que no nos deja trabajar tranquilos. Nosotros tenemos familias, tenemos hijos, carga familiar y no podemos trabajar. Estamos parados desde el día viernes que asesinaron a nuestro compañero. Todos somos conductores y cobradores que estamos pidiendo un poco más de respeto a nuestras vidas”.

Asimismo, “Edith” (ama de casa) nos exhorta: “En una línea de mototaxi por mi casa, han matado a uno a sangre fría, en la Línea 42 también. ¿Quién hace justicia por esa persona, por la viuda y los hijos? Los hijos quedan desamparados. Nosotras como madres somos solidarias, porque puede ser tu esposo, tus hijos. ¡Yo estoy aquí porque quiero justicia! Pero esa señora (la presidenta) no nos representa. Que nos represente como debe ser, que vele por los derechos humanos. Basta de asesinatos, ellos no tiemblan para matarnos, no tiemblan para disparar”.

Mesa de trabajo

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportes , quien se reunió con representantes del Congreso de la República informó a Pressenza que «desde el día lunes se realizará una mesa multisectorial para evaluar todo lo que se debe hacer y dar solución a este problema, es más, van a sacar un proyecto de ley que va a reestructurar la Policía Nacional, declarar en emergencia; también un proyecto de ley para que faculte a los militares a usar sus armas, hay compromisos que se van a evaluar dentro de esa mesa».

Al cierre de la edición, el pedido de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, había sido escuchado. El día de hoy (viernes 11 de abril) se realizó una mesa de trabajo por la seguridad ciudadana en el transporte, en la que se debatió la compleja situación de inseguridad que atraviesa este sector y otros por el mismo problema: el sicariato y la extorsión.

Asistieron a la cita el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, el Congreso de la República, Ministerio Público, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el INPE; además de representantes de los gremios de transportistas. Se evaluaron soluciones inmediatas como: la compra de 16 mil cámaras de seguridad digitales para 8 mil buses de transporte público. También se mencionó la aprobación de la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos y la ley que facilita el uso de datos para el rastreo y bloqueo de celulares vinculados a actos delictivos. La mesa de trabajo seguirá sesionando el próximo lunes 14.

Mientras se extreman medidas, la inseguridad ciudadana crece y existe el temor real de que puedan surgir nuevos casos como el de «Bolombo», esta vez, producto de un fuego cruzado en el que la población se encuentra literalmente expuesta.