En una clara señal de defensa de sus intereses comerciales, el gobierno de Brasil puso en marcha este lunes su Ley de Reciprocidad Económica, una legislación diseñada para enfrentar medidas unilaterales que afecten la competitividad del país en los mercados internacionales. La norma entra en vigor como respuesta directa a la reciente imposición de aranceles por parte de la administración de Donald Trump, que gravan con un 10 % todas las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, con recargos de hasta el 25 % para productos como el acero y el aluminio.
Aprobada por unanimidad en el Congreso brasileño el pasado 2 de abril y sancionada sin vetos por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el viernes último, la nueva ley otorga al Ejecutivo herramientas legales para aplicar medidas equivalentes contra países o bloques económicos que adopten barreras comerciales sin previo acuerdo.
“La guerra comercial que hoy enfrentamos impone desafíos reales a nuestras empresas. Esta legislación no es una declaración de confrontación, sino una defensa legítima de nuestra economía”, señaló Lula durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada la semana pasada en Honduras. Allí, el mandatario brasileño criticó duramente las políticas proteccionistas de su homólogo estadounidense, al afirmar que “las guerras comerciales no tienen ganadores”.
La Ley de Reciprocidad permite a Brasil suspender concesiones comerciales, inversiones y obligaciones relacionadas con la propiedad intelectual frente a acciones unilaterales que afecten de forma negativa sus exportaciones. Según el texto legal, cualquier respuesta deberá ser “proporcional al daño económico causado” y, siempre que sea posible, alineada con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque el país podría optar por desatender temporalmente esas directrices si la situación lo justifica.
En el centro de esta nueva disputa se encuentran las exportaciones brasileñas de acero y aluminio, sectores en los que Brasil es el tercer mayor proveedor del mercado estadounidense. Las empresas de estos rubros ya han reportado pérdidas significativas tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles norteamericanos, apenas tres días después de su anuncio oficial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño no descartó la posibilidad de llevar el caso ante la OMC, aunque funcionarios del gobierno han subrayado que la prioridad inmediata es aplicar contramedidas que reduzcan el impacto económico de forma rápida y eficaz. El diseño de la ley prevé minimizar costos administrativos y evitar distorsiones internas, en un intento de proteger la estabilidad económica sin agravar las tensiones comerciales.
La entrada en vigor de esta legislación marca un nuevo capítulo en la guerra comercial global que se intensificó bajo la administración Trump, inicialmente con foco en China y ahora con efectos directos sobre América Latina. Brasil, tradicional aliado comercial de Estados Unidos, adopta así una postura más firme frente a lo que considera una agresión económica injustificada.
