La campaña electoral está anticipando la difícil gobernabilidad que todas las encuestas anticipan para el próximo 12 de mayo. Lo que debería ser un debate sobre el modelo de país, tanto en el ámbito de los derechos sociales como en el de los derechos nacionales, está siendo fundamentalmente sobre las alianzas posibles o imposibles para gobernar.Y, sin embargo, los problemas no son pequeños. Un reciente informe de Entitats Catalanes d’Acció Social confirma que cerca de un 25% de la población catalana se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión y un 10% de las personas que trabajan están en riesgo de pobreza. Efectivamente, disponer de un empleo ya no es ninguna garantía de escapar de la pobreza. Mujeres, niños y personas migradas son las más afectadas. Según Ferran Busquets, de la Fundació Arrels, “Hemos hecho una cosa que en 30 años no habíamos querido hacer: repartir comida en la calle”. Para Juan López, de Suara Cooperativa, “La población que atendemos está siempre en crisis, con mucha desprotección. […] Si no conseguimos generar cambios estructurales en el modelo económico, laboral, vivienda… solo podremos actuar asistencialmente”.La emergencia habitacional no es menos grave. A pesar de que Catalunya ha sido la primera en aplicar la regulación de alquileres de la nueva Ley de Vivienda sus repercusiones son todavía inciertas. La compra de vivienda es casi imposible para una gran parte de la población, los alquileres siguen por las nubes y por mucha vivienda social que se anuncie se construye poco y lentamente.
A pesar de algunos avances en contrataciones en sanidad y educación, los servicios públicos no han recuperado, ni de lejos, los recortes que impuso CiU y que tan duramente fueron golpeados durante la pandemia.
Aunque solo un 17% de la población catalana es inmigrante, las extremas derechas, tanto la españolista como la catalana, la han metido en campaña, evidentemente no para denunciar que un millón de inmigrantes con residencia en Catalunya no tendrán derecho a votar, sino para enfrentar a unos con otros. No se acaban ahí los temas, la situación de la juventud, la violencia contra las mujeres y los colectivos lgtbi, la precariedad creciente del idioma catalán, la sequía, el turismo desbocado, el desastroso funcionamiento de los ferrocarriles de cercanías y otros que darían para debatir largo y tendido.
Ni siquiera la amnistía, que tan demagógicamente han utilizado las derechas y extremas derechas, tiene un lugar en la campaña. Incluso las derechas lo mencionan con la boca pequeña conscientes de que es un tema con amplio respaldo entre la población catalana.
Sin embargo, en vez de debates sobre modelo social y nacional la mayoría de las formaciones políticas lo están planteando al revés. Parecen razonar: ya que formar un nuevo gobierno parece más que difícil ocupémonos de eso y luego ya hablaremos de lo que importa a la gente. Situados en esa disyuntiva intentemos a través de las alianzas para gobernar situar las propuestas que se defienden. Las del PP y Vox las conocemos por su práctica en otras comunidades, un retroceso en toda regla en derechos para las mujeres, memoria histórica, privatización de sanidad y de la escuela pública, ofreciéndola a la Iglesia y a los empresarios, en ataques a la lengua catalana-valenciana-balear en Valencia y Baleares, etc.
Políticas sociales
En cuanto a las medidas económicas hay un bloque claro: el que conforman PSC y Junts. No se extrañe el lector. El PSC está más a la derecha de lo que representa Pedro Sánchez. Ambas formaciones son partidarias de inversiones especulativas como el Hard Rock (una especie de casino enorme que se pretende construir en la provincia de Tarragona) de la ampliación del aeropuerto de El Prat, reduciendo y poniendo en peligro la zona ecológica de la desembocadura del río Llobregat y la huerta agrícola que conforma; de acontecimientos de élite y para los superricos, como la 37ª Copa América de vela de agosto a octubre de este año. También son contrarios a la regulación del alquiler de temporada, una modalidad que los propietarios de pisos están implantando para soslayar el control de alquileres iniciado por la Ley de Vivienda. Apuestan también por seguir manteniendo el tipo de turismo depredador y masivo que ahoga las ciudades y la costa. Y en el caso de Junts, como es norma en las derechas, defiende la reducción de impuestos que, sobre todo, beneficia a los más ricos. Evidentemente, ambos partidos son activamente contrarios a la Renta Básica Universal, prefieren el asistencialismo y el clientelismo de los subsidios, aunque no sirvan para combatir la pobreza. Aunque cada vez sean más las evidencias del fracaso del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Garantizada de Ciutadania, para Junts y el PSC no existe ninguna rectificación, ninguna crítica del modelo, ninguna capacidad de aprender. Solo la cantinela habitual de “mejorar” lo que se ha demostrado repetidamente una herramienta más que insuficiente para la realidad social que hay en Catalunya.
¿Podrían ponerse de acuerdo para formar gobierno o para apoyarse mutuamente? Todo es posible. La sociovergencia siempre ha tenido sus partidarios y aunque no ha logrado cuajar sí lo ha hecho en propuestas políticas semejantes. De hecho, en la anterior legislatura gobernaron en comandita la Diputación de Barcelona, un auténtico y vergonzoso lugar para promocionar a los seguidores de quien tiene la mayoría de esta entidad pública con el tercer presupuesto económico de Catalunya. En esta legislatura, PSC y Junts, a menudo se han aliado para debilitar al gobierno en minoría de Pere Aragonès. El candidato socialista, Salvador Illa, habló de un gobierno transversal pensando en Puigdemont, pero pronto tuvo que desdecirse porque algunos de los suyos se le echaron encima y Junts salió a decir que con Illa de ninguna manera. Hay, no cabe duda, un escollo mayor: la cuestión nacional catalana.
El bloque que podríamos llamar de izquierdas es el formado por ERC, Comuns y CUP. Aunque cada uno, lógicamente, se disputa el voto se echa en falta una mayor colaboración y confluencia en sus propuestas, necesarias para combatir realmente a las derechas. Tanto Comuns como CUP rechazan las obras y proyectos faraónicos que tanto gustan a los especuladores. ERC, para mantener el gobierno estos años, se muestra más indeciso. Las tres formaciones son partidarias de una sanidad y educación públicas y de políticas medioambientales y feministas. Aunque sólo la CUP tiene una apuesta clara a favor de la Renta Básica Universal (que realmente representaría un cambio de modelo social), ERC mantiene la Oficina para un Plan Piloto de Renta Básica en Catalunya. Comuns no dice nada al respecto, aunque es público que buena parte de BcnComú es partidaria mientras que los sectores sindicales de CCOO son muy beligerantemente contrarios. En torno a estas cuestiones podría definirse un programa de gobierno de medidas sociales de izquierdas.
Autodeterminación
Otro de los elementos de estas elecciones es el futuro de la relación entre Catalunya y el Reino de España. No es fácil pasar página de la rebelión catalana de octubre de 2017. “Pasar página”: ¿Qué quiere decir? ¿Olvidar la brutal represión policial el 1 de octubre de 2017, los exilios políticos todavía vivos, la cárcel para algunos activistas y dirigentes políticos? Lo de “pasar página” en algunos casos suena simplemente como burla. La amnistía es un positivo primer paso pero que no resuelve los problemas de fondo. Los socialistas quieren que se olvide lo que sin duda les molestaba, el pueblo en la calle exigiendo una república catalana. Para los independentistas se hace largo el balance y sobre todo cuál debería ser el nuevo plan para ejercer el derecho democrático de que un pueblo decida su relación con los otros pueblos. Lo escribimos hace tres años: “La inestabilidad se incrementará si no se responde a las demandas sociales por el derecho a la existencia, y a las demandas democráticas por la amnistía y el referéndum». La amnistía está encarrilada, pero lo demás sigue pendiente.
ERC insiste en su propuesta de una mesa de diálogo para pactar un referéndum de autodeterminación y mientras tanto propone una financiación específica. Junts quiso convertir las elecciones en la restitución mesiánica de Puigdemont como presidente y si al principio de la campaña decían que su objetivo era acabar o continuar lo que no se hizo el 1 de octubre del 2017 (que el mismo Puigdemont frenó) han ido modulando su discurso hacia lograr una mejor financiación. Una música que se repite y repite. La CUP se sitúa también el terreno de lograr un referéndum para decidir sobre la independencia. Pero la cuestión principal es que ahora mismo no existe ningún plan conjunto ni acordado con las entidades sociales para reiniciar un proceso de movilización hasta lograr un referéndum. Los Comuns defienden que Catalunya es una nación y defienden un nuevo modelo de financiación, pero le dedican la menor atención en su campaña.
Tras la gran ofensiva movilizadora de octubre del 2017 el movimiento soberanista e independentista se ha quedado sin un plan concreto y la división y decepción son el pan de cada día. Rehacerlo y reorientarlo debería ser la tarea de los partidos y asociaciones, porque mientras no se consiga ejercer el derecho democrático a decidir seguirán los conflictos, la represión y la inestabilidad, no solo en Catalunya sino en el conjunto del Estado. Pretender obviarlo es la política del avestruz. Una salida democrática, republicana, feminista y ecológica es del interés de la mayoría, no sólo en Catalunya sino también para las izquierdas y demócratas del resto de pueblos del Reino.
¿Habrá gobierno?
Las encuestas dicen que un tercio de los votantes no saben a quién votarán y es impredecible cómo puede afectar la crisis provocada por los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez a la hora de definir alguna de las posibilidades de gobierno. La “reflexión” del presidente del gobierno español no impresionó demasiado en Catalunya, o no tanto como en otras zonas del Reino: aquí se sabía y se había experimentado especialmente desde 2017 lo que era la represión, el lawfare, las campañas de la prensa ultra, las infiltraciones policiales en algunos movimientos sociales, la intervención autoritaria del Estado con la aplicación del artículo 155… Comentábamos en un reciente artículo que el PSOE fue cómplice y/o miró para otro lado cuando eso no le afectó. Que despierte cuando le ha afectado directamente está muy bien, pero en Catalunya no impresionó demasiado. Si como anuncian las encuestas el PSC gana las elecciones ¿tendrá con quién pactar para tener una mayoría parlamentaria o su candidato tendrá que seguir siendo el jefe de la oposición? ¿Una nueva mayoría independentista? Junts sólo la aceptará si tiene más votos y diputados que ERC, ya se vio en la anterior legislatura que no tuvo ningún problema en abandonar y boicotear el gobierno encabezado por ERC. ¿Estará dispuesta la CUP a un nuevo acuerdo independentista para que luego los otros partidos no hagan caso de lo pactado? ¿Comuns pactará con Illa, el defensor de los planes especulativos como el Hard Rock? Es una posibilidad. Muchas incógnitas para la semana que queda de campaña.
En un anterior artículo publicado decíamos: “Si hay alguna lección de esta situación es que para lograr mayorías que permitan avanzar en políticas sociales y hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación se necesita la colaboración y el entendimiento de las izquierdas, que las lógicas diferencias formen parte del debate político y no del enfrentamiento entre ellas. Además, gobernar no puede ser simplemente gestionar lo que hay, sino que hace falta audacia para poder transformar y responder a las necesidades de las mayorías”. Nos parece que sigue siendo una respuesta para encontrar salidas a la compleja situación.
