La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó un trascendental precedente al condenar al Estado peruano por violar el derecho a un ambiente sano en el centro del país, en el caso del Complejo metalúrgico de La Oroya, que estuvo administrado por la empresa Doe Run. La sentencia podría aplicarse en cualquier país de América Latina y el Caribe.

La CIDH condenó al Estado peruano por no haber supervisado la contaminación por metales pesados generados por el complejo metalúrgico de La Oroya y que afectaron a la población habitante de esta zona, la que es catalogada como una de las ciudades más contaminadas del mundo.

La sentencia señala la violación a los derechos fundamentales de vivir en un medio ambiente sano, la protección a la vida y la salud, el acceso a la información y la protección judicial (ya que los pobladores demandantes llevaban más de dos décadas exigiendo justicia). Ahora el Estado peruano está obligado a indemnizar económicamente a las víctimas, reubicarlas en un ambiente más sano y brindarles tratamiento médico y psicológico. Para ello, el Estado dispone de un año para presentar el plan de indemnización ante la CIDH.

Cabe señalar que, desde el año 2006 el Movimiento por la Salud de La Oroya viene reclamando en los tribunales internacionales por la afectación a la salud de los pobladores, especialmente los niños, quienes presentaban altos niveles de plomo en la sangre. En respuesta, los demandantes fueron hostigados y amenazados para que no sigan con los procesos.

La empresa norteamericana Doe Run siguió trabajando hasta el año 2009, sin presentar el instrumento de gestión ambiental Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, desobedeciendo la normativa nacional; hasta que se declaró insolvente. Tras el proceso de liquidación, el complejo pasó a manos de los trabajadores quienes crearon la empresa Metalúrgica Business Perú.

Fuente: Jubileo Sur Américas.