El pueblo panameño, movilizado en las calles desde hace más de un mes, amaneció hoy con un triunfo claro: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que había aprobado la concesión minera a Minera Panamá. El fallo fue unánime.

A tempranas horas de la mañana, la magistrada María Eugenia López Arias, presidente de la CSJ, anunció la decisión. Los ocho magistrados restantes la acompañaron en el momento de la divulgación del fallo, indicando así la unanimidad y respaldo total a la decisión tomada. López Arias indicó que: “Como presidenta de la CSJ comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el pleno, hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país. Hemos instruido al secretario general para que, de conformidad con el Código Judicial, proceda a realizar las correspondientes notificaciones. Una vez quede ejecutoriada la sentencia, inmediatamente se procederá a remitirla para su publicación en la Gaceta Oficial”.

En el documento que contiene el fallo de la CSJ se puede leer: “Para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no cabe duda, que nos encontramos en presencia de un conflicto constitucional de tipo concreto, en el cual quedan enfrentados en este caso los derechos fundamentales de la población panameña como lo son, el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano libre de contaminación, los cuales entran en colisión con el interés particular dimanante de las inversiones privadas que procuran el crecimiento económico”, dice el documento. De acuerdo con el mismo, la Ley 406 infringe al menos 25 artículos constitucionales.

A lo largo de las últimas semanas, diversos sectores de la sociedad panameña, incluidos docentes, estudiantes, organizaciones indígenas y por supuesto, los movimientos ecologistas, habían sostenido la movilización y, más recientemente, la vigilia frente a la sede de la CSJ, a la espera del fallo que habían demandado desde el inicio, cuando las propias organizaciones denunciaron las inconsistencia del proceso de contratación entre el Estado panameño y Minera Panamá.

Sin duda, el pueblo panameño ha obtenido una victoria muy importante para las luchas anti-extractivistas, no solo para Panamá sino para toda nuestra región.