Por Lucía Sepúlveda Ruiz, activista de Chile Mejor sin TLC
El tratado Chile-Unión Europea que se votará a comienzos de enero en Europa, impone el colonialismo energético. El gobierno chileno no lo envía aún al Congreso y los parlamentarios ignoran su contenido. Desde Chile Mejor sin TLC planteamos nuestro firme rechazo a este Tratado.
La modernización del mal llamado “Acuerdo” con la Unión Europea, convierte a nuestro país en una colonia que va a surtir a la Unión Europea de combustible (Hidrógeno Verde) y litio, requeridos para el desplazamiento y las baterías de los autos eléctricos fabricados por su industria automotriz. Los europeos no se bajarán de sus autos y podrán jactarse de cumplir sus metas descarbonización para la transición energética.
La UE prohíbe establecer un royalty a las exportaciones de bienes estratégicos como el litio y el cobre, e impone su control sobre el precio a pagar por ellos, y sobre los negocios que Chile puede hacer con otros países, por ejemplo, respecto del litio. El precio que pague la UE no puede ser mayor al que se cobre a una empresa chilena o de China. No hay beneficios para Chile, pero la UE se asegura un acceso privilegiado a la energía e infraestructura nacionales.
En ese marco, impulsa a Chile a la aventura de la exportación masiva del hidrógeno “verde” en procesos complejos para las cuales no hay normas establecidas, porque todo es nuevo. Será voluntario para las empresas cumplir con las recomendaciones ambientales emanadas de las autoridades. Además, para sus negocios “verdes” usarán energías fósiles en transporte y otros rubros. La minería del litio tiene intensivo uso de agua y depreda territorio indígena, pero no hubo consulta indígena respecto del Tratado.
Las disposiciones políticas del Tratado posibilitan que la Unión Europea use a Chile para el logro de objetivos militares necesarios para la UE, ya que se plantea avanzar en implementar un marco de cooperación en gestión de crisis, descritos como operaciones de guerra con personal chileno. Ello representa una amenaza a la paz y genera el riesgo de represalias dados los actuales enemigos de la Unión Europea y eventualmente otros que se sumen, ya que la UE últimamente se ha caracterizado por llevar adelante una política guerrerista subordinada a los intereses de los Estados Unidos.
De Chile Compra (Mercado Público) a UE Compra
Las trasnacionales europeas se frotan las manos con el capítulo de Compras Públicas, que les da acceso a un importante mercado hasta ahora vetado para ellos. En 2020, las compras de entidades públicas en Chile en Mercado Público, ascendieron a unos EUR 10.700 millones, lo que representó el 4,86% del PIB de Chile y el 17% del presupuesto del Estado en 2020.
Según la Cuenta Pública 2022-2023 de Mercado Público en ese período 850 organismos del Estado participaron en transacciones por un monto de US$15.023 millones de dólares, lo que ahora representa el 4,9% del PIB de Chile. El sector salud y el gobierno (a cargo de las compras de la JUNAEB entre muchas más) son los mayores compradores a 850 organismos del Estado que requieren ser abastecidos. El 97% de los proveedores que se benefician de estas compras, son empresas de menor tamaño, cuyas transacciones ascendieron a más de 5.500 millones de dólares. Como se ve, al igual que en otros rubros, la mayor parte de la torta se la llevan las grandes empresas, que son el 3% restante, en una manifiesta inequidad. Sin embargo, según la cuenta pública esto aumentaría en favor de las pymes con la próxima aprobación de una nueva Ley de Compras Públicas que excluiría a la gran empresa en ciertos rubros como la llamada Compra Ágil. La Cuenta Pública menciona desafíos entre los que no figura la apertura del Mercado Público a la UE. Será una sorpresa poco agradable para las pymes.
La apertura a empresas europeas de las licitaciones del Mercado Público (compras públicas) establecerá una desigual competencia con las pymes y medianas empresas chilenas. Estas trasnacionales del norte global, como se ve en el capítulo de Servicios financieros, además tendrán acceso a toda la información financiera de los chilenos y sus necesidades crediticias sin medidas reales de protección.
Condiciones y oportunidades desiguales
Las disposiciones del tratado de Chile con la Unión Europea que el gobierno del presidente Boric firmó en Diciembre de 2022, parten de una supuesta igualdad de condiciones y oportunidades entre Chile y la Unión Europea, lo cual significaría que ambos socios van a ganar con el tratado. No hay estudio alguno que avale esa afirmación porque este es un punto de partida errado.
Al comparar cada Producto Interno Bruto (PIB) vemos que en 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) de la UE alcanzó a 13.360.337 millones de euros, mientras que en Chile fue tan solo de 285.355 millones de euros. Pero, además, no es posible equiparar a estos “socios” en materia de industrialización, educación ni acceso a derechos económicos, sociales o culturales. La privatización de esos derechos en Chile ha implicado que para las grandes mayorías no hay acceso. En cuanto a la industrialización, en el intercambio con Europa y a nivel global, Chile exporta bienes comunes naturales (materia prima) e importa de la Unión Europea maquinarias y productos de industrias como la automotriz, la farmacéutica o la de agrotóxicos.
Secretismo y nulo respeto por los derechos humanos
Para las y los chilenos comunes y corrientes, el tratado permanece secreto. La Cancillería sólo ha publicado su versión inicial en inglés, pese a que desde julio de 2023 el texto está traducido oficialmente y publicado por la Unión Europea (ciertos capítulos están disponibles y han sido analizados en mejorsintlc.cl). Son 41 capítulos y una cantidad similar de anexos, redactados por el lobby empresarial y los equipos técnicos para dificultar su comprensión por el grueso público.
El tratado fue renegociado por el entonces presidente Sebastián Piñera en plena revuelta, y la Unión Europea no vaciló en avanzar en el proceso, evidenciando que el capítulo relacionado con los Derechos Humanos del tratado aún vigente tenía un carácter decorativo. A nivel internacional estaba claro que Piñera era responsable de violación sistemática de los Derechos Humanos, y las denuncias sobre mutilaciones, muertes, trauma ocular y prisión política fueron verificadas en Chile por una misión de europarlamentarios.
La conducta posterior de la Unión Europea frente a la agresión israelí en Gaza, terminó de confirmar nuestra percepción sobre el doble discurso. Los compromisos de la UE con los DDHH y el ambiente no están en los capítulos vinculantes de este tratado renegociado. El tratado en cuestión fue firmado por el gobierno del presidente Gabriel Boric sin que se realizara la Consulta Indígena requerida por el convenio 169 y con total secretismo y desprecio por la ciudadanía. El discurso y la práctica del presidente Gabriel Boric habían girado desde la oposición al TPP a la aceptación de todos los tratados activamente apoyados por las corporaciones mineras y energéticas, la banca financiera y el agronegocio, entre otros.
El tratado no respeta la Soberanía Popular ni los territorios
Este tratado ejercerá a través de sus disposiciones sobre garantías a la inversión y “buenas prácticas regulatorias”, una vigilancia permanente y activa sobre todos los ámbitos de la vida para impedir leyes y normas que permitan a las y los chilenos ir avanzando para poder contar con mejores salarios, y resolver temas claves como establecer sistemas de previsión, salud y educación dignos, así como asegurar el derecho humano al agua y garantizar los derechos de la naturaleza y los cursos de agua.
Llama la atención que en tiempos de agudización de la crisis ecológica global y nacional, este tratado trae consigo el fortalecimiento del extractivismo depredador, es decir de prácticas productivas que resolverán los problemas de la Unión Europea produciendo en gran escala litio, carne, peces, vino, celulosa, chips, y aumentarán los problemas locales. El costo estará sobre los territorios de quienes extraen esas grandes cantidades de bienes comunes. La propaganda de los impulsores del tratado habla de proyectos “verdes”, pero estos requieren un uso intensivo de agua que agravará la sequía, dañando con ello especialmente a mujeres, infancias y pueblos indígenas.
No se ha demostrado ningún beneficio para Chile. Habrá más monocultivos de exportación de frutales, avellano europeo y otros, lo que significará más intoxicaciones por plaguicidas peligrosos. A ello se sumarán nuevas zonas de sacrificio porque para exportar más carne de cerdo o pollo, habrá nuevos planteles que secarán territorios y deteriorarán la calidad de vida de los habitantes.
Predios donde hasta ahora había producción de hortalizas y productos agrícolas en general están siendo ocupados para instalar megaplanteles eólicos o solares, sin consultar a quienes producían alimentos para su autoabastecimiento y/o para las ferias libres y los mercados de la región, lo que va en sentido contrario a la soberanía alimentaria. A mediano plazo, Chile deberá no sólo importar granos como trigo sino también hortalizas y otros productos agrícolas, incluída la leche, huevos y subproductos. La instalación de estos planteles en suelos de uso agrícola es incompatible con la pequeña y mediana ganadería y con la apicultura, ya que las abejas mueren y la biodiversidad se daña. Ya hay conflictos socioambientales a consecuencia de ello.
El tratado establece además que la Unión Europea mantendrá las actuales subvenciones a su agricultura, a pesar que hay un capítulo que prohíbe establecer subsidios. Como Chile no tiene subsidios hoy, tampoco podrá mañana favorecer la producción local de alimentos, la agroecología, o apoyar los mercados locales como forma de garantizar una salida para la producción de la pequeña agricultura o de las pymes.
Asegura elevado presupuesto anual para un tribunal extranjero
El presupuesto para gasto social de Chile se verá disminuido porque anualmente incorporará millones de dólares para financiar el Sistema Permanente de Resolución de Controversias, establecido por el tratado. Este sistema está compuesto por abogados extranjeros expertos que operarán como tribunales (al margen de la justicia chilena) para resolver las demandas de los inversores por supuestas infracciones a las disposiciones del tratado. Para justificar que exista este sistema, las empresas europeas multiplicarán las demandas por reformas a la previsión, salud, ambiente u otras que vulneren sus ganancias. Y nuevamente el tratado se saltará olímpicamente los tribunales chilenos, al igual que como se estableció en el TPP. Las causales de demandas también son las mismas.
Posiblemente el gobierno de Boric elija los días previos a la Navidad, los días previos al receso parlamentario de febrero o los primeros días de marzo de 2024 para el envío del proyecto. Chile Mejor sin TLC está desde ya informando a las organizaciones socioambientales, campesinas, sindicales y políticas sobre las razones para decir #NO AL TlcChile -Unión Europea. Aun es posible frenar este nuevo atentado contra la vida y el futuro, especialmente de las y los jóvenes de nuestro territorio.
