Pese a que esta semana la ONU confirmó violaciones a los derechos humanos en las protestas en Perú, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y recomendó “detener las interminables crisis políticas y sociales” en el país, el Congreso de la República planteó la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que ha sido alertado como un “golpe de Estado parlamentario” por la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma.
La expresidenta del TC, Marianella Ledesma declaró a RPP noticias sobre el informe final de la Comisión de Justicia del Congreso de la República que recomienda la remoción de los siete magistrados integrantes de la JNJ.
Es un “ejercicio abusivo del derecho” debido a que, si bien la medida se enmarca en el artículo 157 de la Constitución Política, esta requiere “causa grave” para que se ejerza. No obstante, hasta el momento no se ha definido qué es “causa grave” y se pretende calificar tres supuestos actos como causa grave “que ni siquiera están tipificados en la ley”.
“Tiene que haber un reparto y equilibrio en el ejercicio de esas competencias que da la Constitución (…) La alteración en el reparto del ejercicio de esas competencias generan golpes de Estado desde el Congreso hacia otras entidades como la JNJ” señaló Ledesma.
Las faltas “graves” que señala el Congreso son: (1) pronunciarse sobre el proceso de destitución de una ex fiscal, (2) permitir la permanencia de una magistrada en la JNJ que supera el límite de 75 años y, (3) la no presentación de un informe anual ante el Pleno.
Cada uno de estos casos no se configuraba como “falta grave” en el informe que inicialmente presentó la comisión el 18 de octubre, pero fue modificado sobre la noche para incorporar las faltas mencionadas.
La polémica decisión del Congreso de la República ha sido rechazada por organizaciones de la sociedad civil organizada como la Coordinadora Nacional de Derechos humanos (CNDDHH), Proética, entre otras. Y la Junta Nacional de Justicia, anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defenderse.
A nivel internacional, también manifestaron su rechazo a la decisión el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Relatora ONU para la independencia de jueces y fiscales, Margaret Satterthwaite, quien expresó su preocupación debido a que considera que la Junta Nacional de Justicia es un organismo clave para garantizar la independencia judicial.
