Por: María del Mar Parra |

Según las nuevas metas de la Ley REP, los productores deberán contratar sistemas de gestión de residuos que aseguren la reutilización de los envases de plástico, vidrio, metal, papel o cartón en los que se vendieron sus productos en el país.

Muchos de los envases de cartón, plástico, vidrio, papel o aluminio que se separan en los hogares y se dejan en puntos limpios, no llegan realmente a reciclarse. Sólo un 12,5% de estos residuos a nivel país se reutilizan.

Esto deberá cambiar a partir de este mes, aumentando de forma gradual hasta que en 2034 el 60% de estos residuos sean efectivamente reciclados en Chile luego de su uso. Todo esto, a partir de las nuevas metas que empezaron a regir este mes para envases y embalajes en la Ley REP.

Para lograr las metas, los ciudadanos tendrán cada vez más facilidades para reciclar, como la recolección domiciliaria de estos residuos previamente separados, mediante camiones. 24 comunas del país ya tienen este servicio, que deberá llegar a 80% de los hogares de Chile para el 2034.

Pero ¿quién financiará estos servicios de reciclaje? Son las grandes empresas que introducen al mercado productos envasados, las que deben hacerse cargo e incorporar dentro de sus costos aquellos servicios que garanticen la reutilización de los envases.

Las obligaciones del productor

Tal como lo indica el nombre de la ley, esta regula la Responsabilidad Extendida del Productor, que ya no puede introducir al mercado un producto con envase sin preocuparse de qué pasara con ese envase después.

La ley establece el porcentaje de envases cuyo reciclaje debe garantizar cada productor, y que irán aumentando cada año. Para lograrlo, los productores pueden trabajar solos o asociarse en grupos de hasta 20 empresas, para contratar servicios de gestión de residuos que logren su reutilización.

Las obligaciones rigen para productores grandes, que introduzcan al mercado más de 300 kilogramos de envases al año, o que los importan para introducir al mercado chileno. Quedan fuera de la ley las microempresas. Los productores que no cumplan las metas serán sujetos a multas de hasta más de $7.600 millones.

La Superintendencia de Medio Ambiente será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley, para lo cual cada productor deberá entregar dos informes anuales dando cuenta de sus resultados.