Estamos en estos días en medio del polémico caso de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), que operan como aseguradoras privadas con autorización del Estado de Chile para captar y administrar las cotizaciones obligatorias (7% del sueldo imponible) de todos los trabajadores y trabajadoras que optan por el sistema de salud privado, en lugar del sistema público de salud, Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Estas instituciones privadas atienden, financiando las prestaciones de salud del entorno del 15% de cotizantes de la población total del país, que es por cierto el porcentaje de personas con mejores ingresos en Chile. El grueso de la población chilena (85%) cotiza y su entorno se atiende con financiamiento de FONASA, fondo que recibe importante apoyo financiero estatal.

Y sin embargo, el tema se trata a nivel comunicacional como si fuera algo de interés mayoritario, lo que evidentemente no es así.

Estos empresarios de la Salud, hacen pie en los discursos neoliberales, de un individualismo insostenible, pero que obviamente encuentran eco en una sociedad desigual, en donde su elite valora estos funcionamientos segregadores y clasistas; amparados por cierto en la Constitución que nos rige, redactada en dictadura y que estableció la privatización del derecho a la salud relegando al Estado a un rol subsidiario.

Las ISAPRES, instituciones privadas y con fines de lucro, han convertido esta premisa en un negocio altamente lucrativo, que les genera utilidades obscenas, obtenidas durante largo tiempo, en base a la discriminación de los adultos mayores, mujeres y personas con enfermedades más complejas. En su lógica, tratan a sus “clientes” como si fueran un número de una estrategia comercial financiera; además, imponen valores por sobre la inflación, traspasando sus costos a sus usuarios y aumentando el valor de sus planes sin mayor justificación.

El modo operantis de estas entidades, y sus particulares características, generan inequidades sistémicas en el acceso y/o mantención de ciertos grupos de usuarios, siendo básicamente su diseño estructural lo que origina las diferencias de trato respecto de estos grupos, por cuanto, la propia ley establece que la prima del seguro privado de salud sea de carácter individual y en consecuencia diferenciada de acuerdo con las expectativas de gasto en salud que se tengan de cada persona, según su sexo y edad.

Estas prácticas vulneran abiertamente no solo lo manifestado en la Declaración Universal de Derechos Humanos “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Artículo 2) y “El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna”(Artículo 93) sino también a la misma constitución que les permitió existir “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida.

El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios” (Artículo 83).

Pero desde su seno, lejos de colaborar en la búsqueda de soluciones, nos encontramos con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, señalando descaradamente hace un tiempo atrás, que las Instituciones de Salud Previsional “no se pueden dar el lujo de incorporar gente enferma”; lo que los muestra nítidamente en su miserable emplazamiento mercantilista.

Muchas personas afectadas por estas aberraciones abusivas, han llevado tales situaciones a instancias judiciales, en donde se ha fallado reiteradamente en contra de tales abusos de las ISAPRES.

Explicando su último fallo que desató la polémica, el que obliga a las ISAPRES a reembolsar a sus usuarios los dineros que han recaudado fuera de toda ley (mil cuatrocientos millones de dólares por cobros en exceso), la Corte Suprema afirma haber instalado en el país «un desde» en este tema para las ISAPRES y el Gobierno.

Frente a este fallo, hace más de un año las ISAPRES han iniciado una campaña del terror que nos habla de sus pérdidas que les llevarán a la quiebra, pero no de sus ganancias por casi 40 años hacia atrás de puros números positivos para ellas ( $49.804 millones en utilidades en el último año, un 45% más que el año anterior según la Superintendencia de Salud). Sumado a la cuestionable «integración vertical en el mercado de las ISAPRES en Chile», referida a cuando una Isapre y alguna clínica pertenecen al mismo holding y, por lo tanto, actúan como empresas relacionadas que consiguen mayores ganancias, mediante la manipulación de prestaciones y coartando la libre elección de los clientes.

Su discurso devela la intención de negarse a acatar el fallo de la Corte Suprema, argumentando que atraviesan una “difícil situación financiera” y que el cierre del sistema “puede producirse en solo meses”.

Y no solo se niegan a realizar los reembolsos, sino que están presionando por un salvataje de parte del Estado, con el argumento de que si no las salvan, las personas deberán migrar al sistema público con cero opción de elección, generando además un supuesto colapso de FONASA y por añadidura, de la red de servicios de salud primaria y secundaria.

Pero lo cierto es que lo recaudado por concepto de cotizaciones y aplicado a los gastos de administración de FONASA, supera tres veces la capacidad de atención de personas. Cómo bien lo señala David Debrott, exjefe del Departamento de Economía de la Salud de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de salud, en una entrevista realizada el año 2021: “Esto es un antecedente bien importante, FONASA gasta alrededor de $60 mil millones para administrar las coberturas de los 15 millones de beneficiarios”…” las ISAPRES, en el 2021, gastaron $318 mil millones en administrar las coberturas de 3 millones 200 mil beneficiarios” ….. “Si tú empiezas a sacar eso, el gasto de administración podría bajar muchísimo. O sea, para administrar el total de la cartera de la Isapre, tu podrías tener un gasto casi equivalente al que tiene FONASA, por lo tanto, es perfectamente viable (que FONASA administre la cartera de ISAPRES) con los recursos que las personas pagan (en sus planes)”.

Se hace evidente que más que ser aseguradoras de Salud, estas son entidades que buscan prioritariamente y a toda costa utilidades excesivas, sin importarles transgredir las reglas, y que hoy mañosamente quieren aparecer ante la opinión pública como víctimas, desconociendo su mala administración.

Las facilidades entregadas por la clase política a estos malos empresarios, con leyes exprés, no son un buen antecedente. El Estado de Chile debe priorizar proteger a la ciudadanía, en éste caso a esos tres millones de beneficiarios abusados, y no salvaguardar los intereses económicos de unos pocos inescrupulosos. Bien lo expresa Daniel Matamala en su columna “… A las ISAPRES no les ocurrió ninguna desgracia. No fueron golpeadas por una pandemia, una crisis o un meteorito. Simplemente, cosechan lo que sembraron”.

En este escenario, de desigualdades, abusos y lobby (incluso con intervencionismo norteamericano, a través de declaraciones destempladas de su embajadora), resulta imperioso que el Gobierno cumpla su programa comprometido con las y los votantes que le eligieron, nos referimos a la propuesta de un Sistema Universal de Salud, con un fondo universal, dónde las ISAPRES no sean más que seguros complementarios voluntarios para quienes quieran pagarlos, regulados por la Superintendencia de Salud, y así unificar los esfuerzos en una Salud Pública de calidad, y a la par, detener el escándalo que representan estas instituciones, que libre y arbitrariamente sólo atienden a lucrar con un máximo rendimiento económico.

De no ser así, el gobierno fallaría una vez más, pues es insostenible que la salud se mantenga como un negocio y no como un derecho adquirido, que es lo que corresponde y es lo que la gente en el país requiere y aspira con toda justicia.

¡Primero que todo la Salud de nuestro pueblo!

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública