Por: Agencia de Prensa IPC
Si bien los voceros del paro piden que no se les criminalice, algunos habitantes y fuerza pública de la región advierten que el grupo armado ilegal estaría detrás del paro, presionando a comerciantes a cerrar sus negocios, mientras las movilizaciones avanzan en Caucasia.
Este dos de febrero inició el paro minero en el Bajo Cauca, luego de que el Ministerio de Defensa anunciara el 18 de febrero que retomará los operativos mineros en esa región. La destrucción de una draga tipo brasilera por parte del Ejército fue el último detonante para que los mineros decidieran movilizarse en Caucasia y paralizar el comercio y el transporte en esta subregión.
Varias fuentes con las que conversó la Agencia de Prensa IPC aseguran que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo estarían infiltrando la protesta y obligando al cierre de establecimientos públicos. En la mañana de este jueves el comercio en el municipio de El Bagre fue cerrado por orden de integrantes del grupo armado que se movilizaban en motocicleta.
De acuerdo con un habitante de ese municipio, el cierre del comercio demuestra que a los mineros los están utilizando como escudos, “pero el negocio es del Clan y demás grupos. Todos los corregimientos cerraron y a la gente minera le tocó aportar plata para financiar las marchas por orden de este grupo”.
Incluso, una fuente del Ejército asegura que tienen conocimiento de que las AGC “han ejercido presión para que la comunidad salga a apoyar las manifestaciones, pero no hay una denuncia formal”.
Durante 2023, El Ejército ha destruido cinco dragas tipo brasilera en la región, las cuales no hacen parte de la maquinaria que no se iba a destruir, según los acuerdos entre el gobierno y los mineros en septiembre del año pasado, cuando se concertó suspender operativos contra dragas entre 6 y 8 pulgadas y pequeños motores hasta que se creara un protocolo para caracterizar esa tecnología y las sustancias químicas autorizadas para la minería artesanal.
“Rechazamos cualquier señalamiento o criminalización”, dijo Saúl Bedoya, vocero del comité del paro, a NP Noticias, “nosotros somos personas de bien y solo sabemos hacer nuestras actividades como mineros”.
En septiembre, el presidente Gustavo Petro dijo que “draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita”, pues “la minería ilegal es uno de los grandes problemas, por su enorme capacidad destructiva del medio ambiente”. El año pasado el Ejército incautó en el Bajo Cauca 87.976 galones de gasolina y 362.025 de ACPM; 107 unidades productoras mineras, 184 dragas, 47 retroexcavadoras y 596 motores.
Minería ilegal y actores armados
Según varias investigaciones realizadas por el IPC sobre los impactos de la economía extractiva en el Nechí, “se tiene seria evidencia de que los grupos armados ilegales participan en varios tramos de la cadena de producción del oro ilegal”, asegura el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC. Estos grupos permiten el ingreso de maquinarias como retroexcavadoras o dragones, a los cuales cobran por su actividad. Pero también, agrega, “hacen parte de la cadena de constreñimiento, frente a la situación que se tiene con el Rucom, de los pequeños mineros artesanales y las casas de compra que les cargan esta producción a mineros que no la han realizado.”
El Observatorio se refiere al Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), el cual fue creado en 2015 por el gobierno de Juan Manuel Santos para certificar a las personas naturales y jurídicas que comercializan minerales y así saber quién y cuánto venden.
Sin embargo, mineros ilegales y comercializadores del oro están utilizando la información personal de habitantes de esa región e incluso les pagan 80 mil pesos cada mes para prestar su nombre registrado en el Rucom y así legalizar el oro que medianos y grandes mineros obtienen de manera ilegal.
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“Para que la minería ilegal sea rentable en un territorio como el Bajo Cauca, es necesario incidir en al menos dos procesos: el de la extracción y el de la comercialización, en este último se lava la minería ilegal”, dice la investigación Impactos de la minería extractiva aurífera en el río Nechí, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC. Y agrega: “en el Bajo Cauca hay dos modalidades preponderantes, una en cada ámbito: en el primero la explotación ilegal con los denominados dragones brasileros, en la cuenca del río Nechí, y en relación, a la comercialización utilizando el Registro Único de Comercialización de Minerales (Rucom)”.
El informe señala que los dragones brasileros son embarcaciones artesanales de unos 30 metros de largo por seis de alto, que llegaron al Bajo Cauca a principios del siglo XXI por brasileños que hacían minería en el norte de Brasil. Cada dragón cuesta entre 600 y 1500 millones de pesos. “A simple vista, parecen enormes embarcaciones de chatarra flotando sobre el río, pero la tecnología costosa está en la utilización de potentes motobombas con tubos que van de las 14 a las 20 pulgadas y con los cuales succionan el material del lecho del río, con un motor hidráulico radial, que hace las veces de taladro en este tipo de operación. Un dragón trabajando 50 horas puede remover suficiente material como para cargar 300 volquetas.”
Fue precisamente un dragón brasilero la última embarcación ilegal que destruyó el Ejército en el río Nechí. En los últimos años se volvió común encontrar más de diez de este tipo entre los municipios El Bagre y Nechí. Además de que utilizan metales como mercurio y cianuro para producir el oro, altamente dañinos para la salud humana y los ecosistemas, también están relacionados con los actores armados ilegales que se financian con esta economía ilegal.
