La instalación del negacionismo en nuestra cultura

Desde hace tiempo pareciera ser que en nuestro país se ha instalado la actitud negacionista. Una serie de realidades sociales, con estudios y cifras incluidas, y hechos históricos o naturales relevantes son negados o puestos en duda por una parte de la población, los medios comunicacionales y por instituciones cuyo deber es la protección sin discriminaciones ni arbitrariedades de cada ciudadana y ciudadano de este país.

Veamos tres ejemplos de vulneración en que el poder del dinero define “la realidad”.

La impunidad en torno a las agresiones sexuales a mujeres:

Ya Mónica González, periodista chilena, señalaba en una entrevista, a propósito de actos de acoso y violencia sexual por parte del personal policial contra detenidas … “ Desde el periodismo ético puede combatirse el negacionismo y propender por transformar las estructuras que garantizan la impunidad en torno a las agresiones sexuales a mujeres” …. “No solo es un acto de justicia y de reparación con miles de mujeres que han guardado absoluto silencio de un hito en sus vidas que las cambió. Es aportar a eliminar una violencia que busca despedazar la integridad y la columna vertebral en la que se construye la dignidad y el respeto”

Tales comentarios tienen su contexto en la falta de ética que tuvo la mayoría de los profesionales, de los distintos medios de comunicación abierta, que cubrieron sin mayor cuestionamiento el llamado de un grupo de diputadas a colocar en duda los hechos acaecidos durante el estallido social, a pesar de existir la denuncia de al menos cuatro entidades de derechos humanos —nacionales e internacionales— ante las autoridades de Chile y de la opinión pública, de los abusos y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en Chile.

En Septiembre del 2022 Carabineros informo que entre los crímenes tipificados “contra las personas”, es decir, los homicidios y las violaciones, estos van en alza desde 2017 a la fecha. En el caso específico de las violaciones, entre enero y septiembre de 2022 se registran 1.927 delitos de violación, cifra correspondiente a un aumento del 10,6% respecto al año 2019 según los datos arrojados por el Sistema de Automatización Policial (Aupol). Si a esto, le sumamos los entregados por la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres que informan de 43 femicidios consumados en el 2022 y los del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de 140 femicidios frustrados, se hace evidente la existencia de la violencia de género como problemática social.

Sin embargo, aun conociendo estas estadísticas y en la lógica de la negación, nos encontramos impotentes ante la decisión judicial de casos emblemáticos de violencia de género como el de Martin Pradenas, cuyo juicio es anulado por falta de imparcialidad de un juez a pesar de haber sido condenado a 20 años por diversos delitos sexuales, y el caso de Nicolás López, condenado a dos penas de cárcel por abuso sexual, y que a pesar de que la Corte Suprema reconoce su culpabilidad, se le otorga la pena de libertad vigilada intensiva, al acogerse parcialmente un recurso de nulidad por aplicación extemporánea de ley. (¿Les suena a las insólitas clases de ética?)

Pero el ámbito judicial no es lo único que niega realidades sociales y hechos concretos.

Mixta NO:

En el ámbito político hoy nos encontramos ad portas de un proceso constituyente que es la expresión misma de la actitud negacionista.

Desde las campañas Marca AC se abre el debate en la opinión pública de la necesidad de crear una nueva Constitución. Las continuas protestas de octubre de 2019, a lo largo de todo el país, y la exigencia de una serie de demandas por parte de la ciudadanía se topan con un acuerdo para la redacción de una Nueva Constitución Política imaginado y direccionado desde la mayoría de los partidos políticos tradicionales y que se inicia con un plebiscito nacional donde la ciudadanía debía pronunciarse a favor o en contra de iniciar este proceso (78% a favor) y el mecanismo por el cual se redactaría: Convención Mixta Constitucional (50 % de legisladores y 50 % de ciudadanos electos) o una Convención Constitucional (100 % de ciudadanos electos). Con un 79 % el órgano elegido para redactar nuestra Carta Magna fue la Convención Constitucional, la primera con paridad de género del mundo, y cuyos miembros fueron electos exclusivamente para tales efectos, quedando de manifiesto el deseo de alejar de la élite política y sus “acuerdos políticos” este proceso tan importante para nuestro país.

A pesar de estas cifras, y luego del rechazo del proceso anterior, hoy nos encontramos con que esté segundo intento estará en manos de diversas personalidades políticas, algunas fuertemente cuestionadas por su relación con temas de alto cuestionamiento ético, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado aprobaran la nómina (12 cada uno) de las 24 personas que serán parte del Comité de Expertos, el que estará encargado de redactar, la nueva propuesta de Constitución. Llama la atención que en ambos estamentos primó la lógica “política”; cada uno de los partidos “instaló” a un experto en relación a sus vínculos más que por sus destacados conocimientos técnicos y/o jurídicos; más aún cuando un poco más de la mitad de los designad@s rechazó la propuesta del 2022. (Para muestra otro botón, candidato a este consejo constitucional el ex presidente del empresariado chileno; Sr. Sutil, que no le hace honor a su apellido).

“Este es un grupo que representa a las distintas fuerzas políticas en el Congreso y, en especial, al Senado. Lo que se buscaba desde los partidos políticos, que son el principal actor en este proceso constituyente, era contar con el apoyo de expertas y expertos que pudieran delinear ciertos contornos del texto constitucional”, dice Pamela Figueroa, cientista política y académica de la Universidad de Santiago.

La devastadora parásita elite de la gran industria forestal:

Y finalmente nos encontramos ante otra realidad negada y que golpea fuertemente a nuestro país en estos días: el impacto severo que tienen las actividades extractivas sobre el medio ambiente y que no solo son efectos locales sino también “efectos derrame” que no están restringidos espacialmente. Estos efectos son más amplios y alcanzan toda la geografía nacional, modificando los sentidos de distintas políticas públicas y de conceptos clave como desarrollo, democracia y justicia. En lo forestal, el Estado da regalías tributarias, aduaneras y crediticias a las grandes familias de este cártel, y recibe a cambio una zona sur en conflicto político sin salida, con degradación y corruptela de la burocracia; más un polvorín de repetitivos incendios con sus tragedias comunitarias y humanas a cuestas.

 

Chile es cada vez más vulnerable a los incendios forestales dado que es más seco y cálido que antes y no solo por el cambio climático. A más de una semana las cifras son alarmantes: 323 incendios forestales en desarrollo, los damnificados superan los 5.500, las viviendas destruidas alcanzan las 1.200 y 800 están en evaluación y el fuego ha arrasado más de 270 000 hectáreas, hasta ahora.

Según Alejandro Miranda, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resciliencia CR2, especialista en incendios forestales “quienes controlan los monocultivos forestales tienen una responsabilidad en la prevención, mitigación y combate de los incendios” y “es deber del Estado fijar límites seguros para el desarrollo de esta actividad económica”.

En relación a lo mismo, el Colegio de Arquitectos califica como “inconcebible” la extensión de monocultivos, ya no solo en el sur de nuestro país, en un momento en que se conocen y extienden en todo el planeta los efectos del cambio climático y se reconoce la necesidad imperiosa de repensar la matriz productiva en este contexto. El gremio señala que este sistema productivo, de pinos y eucaliptus, es uno de los factores que influyen en los severos incendios forestales y que afectan hoy a comunidades en tres regiones de la zona centro sur. Asimismo señalan que “no es casualidad que gran parte de la zona afectada esté ocupada por plantación extensiva de monocultivo, como pinos y eucaliptus, especies altamente inflamables que secan las napas subterráneas, expulsan a las comunidades de sus territorios, provocando una reducción de la economía local y desintegrando su identidad cultural” por lo que hacen un llamado a evaluar el sistema que favorece el extractivismo.

Estos hechos nos dejan la sensación de dos interpretaciones opuestas de una realidad concreta. ¿Qué hacer frente a esta lógica negacionista que nos deja perplejos, desesperanzados y ofuscados ante la instalación de una realidad paralela que no se condice con nuestra sobrevivencia?

Aunque desde el hoy se vea difícil y lejano, serán definitivamente los conjuntos ciudadanos conscientes, organizados, convergentes y con bondad, los que lograrán avanzar en la construcción de una sociedad que no niegue su historia, sea coherente en sus acciones y se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones, con el firme propósito de aportar al bienestar común de todas las comunidades del territorio nacional.

 

Redacción colaborativa de Sandra Arriola Oporto, Cesar Anguita Sanhueza, Guillermo Garcés Parada y M. Angélica Alvear Montecinos. Comisión de Opinión Política