Por Ivette Vallejo[1]
El 12 de enero de 2023 en Latacunga, en la sede del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), tuvo lugar una Asamblea en la que participaron mujeres y hombres, miembros de comunidades afectadas por proyectos de minería ilegal y proyectos concesionados a empresas transnacionales (chinas, canadienses, australianas y otras), por el Estado ecuatoriano. La Asamblea convocada por el Frente Nacional Antiminero y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONAIE), tuvo un posicionamiento de firme crítica frente a la política extractiva minera conducida por el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso, en el Ecuador.
Asamblea del Frente Nacional Anti Minero y CONAIE en el MICC / Foto: Rafael Vega
La minería metálica es una actividad que ha venido implantándose en el país por más de treinta años, a lo largo de varios gobiernos neoliberales. Tuvo mayor impulso durante el gobierno del socialismo del Siglo XXI, del 2012 al 2017, con Rafael Correa que impuso proyectos mineros estratégicos (Mirador, Fruta del Norte, Panantza San Carlos, Río Blanco, Quimsacocha, después llamado Loma Larga). En el retorno al neoliberalismo con Lenin Moreno y con Lasso, las zonas de concesión minera en la costa (Esmeraldas), sierra (Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Loja) y Amazonía (Napo, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe) han continuado ampliándose.
La resistencia y contestación, de parte de población campesina, mestiza y comunidades de pueblos indígenas, además de sectores ecologistas a nivel urbano y rural por los altos impactos ambientales y sociales que la actividad extractiva genera ha sido frontal, generándose alta conflictividad. Desde el Estado se ha respondido con represión, mediante el uso de contingentes policiales y militares que precautelan los intereses empresariales, por encima de aquellos de las poblaciones locales; con coacción y amedrentamiento a dirigencias comunitarias; con el contubernio de gobiernos seccionales y judicialización de la protesta social.
“Somos megadiversos, no megamineros”, “Sí a la vida. No a la minería. Somos guardianes del agua, los territorios y la naturaleza”, “Somos la selva que se defiende”, “minería asesina”, “minería responsable, cuento miserable” se expresa en algunas de las pancartas desplegadas en la Asamblea, aludiendo a los sentires de las poblaciones amenazadas por las políticas extractivas de Estado.
Los recientes enunciados del presidente de la República, a fines de diciembre de 2022, como la declaración de zonas de seguridad minera, en alrededor de 11 territorios con presencia de proyectos mineros, anuncia graves situaciones, que derivarán en militarización. Este es precisamente, uno de los motivos para la urgencia de la convocatoria a la Asamblea. Se ha despertado el temor de que se repita en el país lo ya vivenciado durante el gobierno de Rafael Correa, en 2016 en Morona Santiago, cuando ocurrieron los desalojos de Nankints y Tsuntsuim, que provocaron el desplazamiento forzado de 35 familias y 150 personas a la comunidad Tiink; que recuerdan cómo las aja, agroecosistemas cultivados por mujeres, fueron arrasados y quemados por parte de militares, con el posterior asedio a miembros de comunidades shuar, en Tsuntsuim y otras en la Cordillera del Cóndor. Se teme que se amplifique lo que ocurre en la parroquia en la actualidad en Buenos Aires, en Imbabura, con la securitización del territorio con la justificación del combate a la minería ilegal, para imponer a la empresa Hanrine; o lo que ocurre en Las Naves, provincia de Bolívar donde han ingresado camiones de militares y cientos de policías.
La Asamblea inició con intervenciones y voces de distintos lugares del país en que la minería no solo ha generado desplazamientos, desterritorialización, contaminación de ríos y acuíferos, sino también ha resquebrajado el tejido social de las comunidades, enfrentando a familias. Se expresa la amenaza que representa la minería transnacional en un país biodiverso, en que deberían precautelarse los páramos, las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, áreas protegidas, bosques protectores, territorios indígenas colectivos/comunitarios y zonas arqueológicas de valor patrimonial.
Se pone énfasis en que se han vulnerado derechos reconocidos en la Constitución vigente, como la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas, que debería efectuarse con antelación a cada fase de la actividad extractiva antes de cualquier concesión, previa a la exploración inicial, y a las fases de exploración avanzada y a la explotación; un derecho que no se respeta en los gobiernos de turno, pese a que varias sentencias en distintas instancias del sistema de justicia (cortes provinciales y Corte Constitucional) han reconocido que efectivamente este derecho se ha violentado en varios proyectos; estableciéndose su exigibilidad. Así lo establece la sentencia de la Corte Constitucional del 18 de noviembre de 2022 satisfactoria a la Acción de Protección interpuesta por la comunidad shuar de Nantkintz en la Cordillera del Cóndor, en la provincia de Morona Santiago al sur de la Amazonía y que retira la licencia al proyecto San Carlos Panantza; o en la sentencia relativa a la comunidad de Río Blanco en la provincia del Azuay, en la parroquia Molleturo. La consulta ambiental, tampoco ha sido respetada, ni viabilizada por el Estado; cuestión que es claramente planteada por las y los participantes en la Asamblea y que posiciona el argumento de que la llamada minería “legal” es en realidad ilegal, al transgredir derechos ciudadanos y al otorgarse con ligereza licencias ambientales por parte de la autoridad ambiental, incluso en zonas altamente sensibles.
En palabras de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE y de Luis Corral, representante del Frente Nacional Minero, el gobierno de Lasso ha incumplido los acuerdos contraídos en Acta del 9 de septiembre de 2022, entre el gobierno nacional y las organizaciones que representan al movimiento indígena (CONAIE, FEINE y la FENOCIN), en el marco de las mesas de diálogo efectuadas en lo posterior al Paro Nacional de junio de 2022, y en específico en lo que respecta a la mesa minera y las demandas planteadas al Estado, como son: la moratoria de las concesiones mineras mientras no se cuente con una Ley de consulta previa, libre e informada que la reglamente y mientras no se cuente con instancias legales que garanticen la consulta ambiental; desgraficar el catastro minero en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas y zonas de recarga hídrica; derogatoria de los Decretos 95 y 151 (en materia extractiva); auditoría de las actividades extractivas; remediación y reparación integral de pasivos generados por la minería.
Se ha incumplido el acuerdo de crear una mesa que reforme la Ley Minera y la Ley de Hidrocarburos expedidas en este gobierno. Así mismo se ha obstruido por parte del gobierno, el funcionamiento de una mesa técnica de evaluación de los impactos y pasivos ambientales producidos por los proyectos mineros avanzados y cuyos hallazgos establezcan resoluciones de carácter vinculante. Cuestiones a las que se estuvo encaminando en reuniones posteriores de seguimiento a los acuerdos, llevadas a cabo durante el mes de noviembre. Una muestra del irrespeto a los acuerdos es el hecho de que el gobierno haya firmado a fines de diciembre de 2022 contratos, en torno a dos proyectos (en Curipamba /Las Naves en la provincia de Bolívar y Warintz en la Cordillera del Cóndor, en territorio del Pueblo Shuar Arutam) que pasarían a fase de explotación[2], pese a que ofreció al movimiento indígena que se cerraría el catastro minero y el otorgamiento de licencias ambientales.
La percepción de haber sido engañados; de que los acuerdos asumidos tras tres meses de diálogo no sean respetados por el gobierno nacional, provoca indignación, a la vez que la necesidad de fortalecer la unidad entre comunidades, pueblos y organizaciones. “La minería contamina fuentes de agua… los ríos. No podemos permitir que se sigan contaminando y acabando nuestra vida”, enuncia Nemo Andi de la nacionalidad Waorani. Así mismo, Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam y activa en la lucha anti minera, dice enfáticamente “No entrarán al territorio los mineros. Estamos listos. Habrá enfrentamiento en Warintz, en Maikuantz. Tenemos las energías de nuestros bosques, de nuestros ríos. Somos ecuatorianos. La vida colectiva mundial, estamos defendiendo“. Con ello alude a la contribución global de su lucha territorial local, que conserva la naturaleza.
“Con la minería el agua, la tierra se envenenan y ya no producen. Ciego es el que no quiere ver y sordo el que no quiere oír” dice un campesino de Las Pampas, Cotopaxi. “Respaldamos el derecho de la naturaleza; el derecho que tienen nuestros ríos. Hemos vivido de nuestros territorios y ríos. La minería no va con nuestra cultura” dice Alex Lucitante, del pueblo A’I Cofan. Un miembro del colectivo “Napo Ama la Vida” en un tono preocupado expresa que debe declararse en emergencia la provincia del Napo en que la minería ilegal arremete en las zonas ribereñas: “la minería se está tomando los ríos y las autoridades no hacen nada por defender. El Ministerio de Ambiente MAATE y el Ministerio de Minas otorgan licencias para explotar en los ríos Yutzupino y Jatun Yaku. Primero viene la explotación de forma ilegal y después dan licencia para explotar”.
Miembros de comunidades campesinas andinas y de la costa, plantean que la lucha es integral y que se unirán en un solo puño, en un solo corazón en sus territorios que producen alimentos, tal como se ha mostrado a lo largo de la pandemia del Covid-19. Los campos de la sierra, subtrópicos y Amazonía producen y alimentan a las ciudades. En sus territorios, otras economías y formas de vida ya son posibles, en ellas se da mayor importancia a la producción agroecológica, al ecoturismo, al turismo científico, a la producción de panela y café certificados, incluso de exportación en ciertos lugares. Esta producción local, comunitaria e inclusiva es la que se ve afectada; la misma que contrasta con el escenario de poca generación de fuentes de empleo, destrucción de la ganadería, agricultura de pequeños y medianos campesinos y finqueros; y de las actividades tradicionales de pueblos indígenas (caza, pesca, horticultura, recolección de elementos de los bosques), en el contexto de la minería metálica en los territorios.
Luego del panorama recorrido en las presentaciones por lo que ocurre en distintos lugares del país y que derivó en discusiones por grupos de trabajo en la Asamblea, a su término el pronunciamiento emitido por Leonidas Iza, se concretó en varios puntos, de los cuales cabe resaltar: 1)preparar condiciones de defensa territorial en cada territorio con presencia minera para enfrentar la militarización; 2) sistematización y mapeo de impactos socioambientales y violación a derechos perpetrados por Estado y empresas, para litigio estratégico a distinta instancia, 3) fortalecer el Frente Nacional Anti minero que aglutina a comunidades afectadas, comunicadores comunitarios en defensa de territorios que generen información desde y para los territorios; 4) fortalecer las guardias comunitarias, como mecanismo legal y legítimo para defensa territorial; 5) oposición al despojo de la minería transnacional del Estado al servicio de transnacionales; 6) responsabilizar al gobierno de haber roto los acuerdos contraídos con CONAIE, FEINE y FENOCIN en el contexto del paro nacional de junio de 2022, 7) denunciar el que se ha levantado el gobierno de la mesa técnica al no haber asistido a reunión el 8 de diciembre de 2022; 8)cumplir con el acuerdo sobre la implementación de la mesa técnica de evaluación de carácter vinculante; 9) responsabilizar al Estado ecuatoriano, al gobierno, policía nacional, fuerzas armadas de cualquier hecho que vulnere derechos; de la pérdida de vidas humanas, al usar violencia y persecución como resultado de militarizar y declarar zonas de seguridad; 10) exigir al gobierno reparación integral a familias en que ha habido ejecuciones extrajudiciales y asesinatos (en los casos de José Tendetza, Bosco Wisum, Freddy Taish, Víctor Guayllas, Andrés Durazno, Alba Bermeo),personas fallecidas en el contexto de la lucha antiminera; 11) que las transnacionales, empresas mineras detengan actividades de división de las comunidades, criminalización y hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos y naturaleza y personas en resistencia; 12) rechazar la actuación de las instituciones públicas (MAATE) y ONG que mantienen discursos de conservación, pero que en la práctica colaboran con empresas transnacionales; 13) recordar al Estado y empresas que la Consulta libre, previa e informada tiene carácter vinculante y que todas las concesiones que no han cumplido con este derecho son ilegales; 14) instar a medios de comunicación pasivos públicos y privados a generar proyectos de debate sobre la minería en que no se privilegie únicamente las voces de mineros transnacionales y nacionales; 15) rechazar la minería ilegal y mafias vinculadas inclusive autoridades públicas (en Yutzupino, Imbabura, Zamora Chinchipe), estrategia para después legitimar concesiones; 16) a las transnacionales mineras, se plantea no inviertan más en la minería, porque se defenderán los territorios.
Varios otros puntos señalados, de los planteamientos acordados por las personas presentes en la Asamblea, están más relacionados con el contexto de la Consulta Popular que se avecina en el Ecuador, ante lo cual se insta a votar negativamente en las preguntas, considerándose una consulta tramposa que utiliza el escenario de inseguridad existente en el país, para militarizar los territorios. También se alude a que los candidatos a elecciones seccionales próximas respeten la postura de defensa territorial y no se coliguen con los intereses transnacionales mineros. Finalmente se otorga respaldo a la Consulta planteada por colectivos ciudadanos, relativa a “Quito sin minería” en Nor Occidente de Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito y se plantea se respaldarán otras iniciativas populares similares. Al término, la Asamblea concluye con la expresión, “No somos narcotraficantes, no respondemos a la minería ilegal. Defendemos la vida y el agua en nuestros territorios”, como contra narrativa a la deslegitimación que efectúa el gobierno nacional, la cámara de minería, las transnacionales mineras y los medios de comunicación convencionales respecto de las luchas comunitarias y populares, frente a la minería metálica.
Pancarta alusiva al saqueo minero / Ivette Vallejo
[1] Profesora Investigadora. Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio. FLACSO Ecuador. Miembro de la Colectiva de Antropólogas del Ecuador.
[2] El Gobierno Nacional de Lasso firmó dos contratos de inversión minera. Uno para Curipamba-El Domo, ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. El segundo, para Warintz, ubicado en la provincia de Morona Santiago. El acuerdo tiene una serie de incentivos financieros, fiscales y legales para un lapso de 10 años, hasta marzo de 2033, con miras a extenderse. En el caso de El Domo se lo publicita desde el Estado y los medios de comunicación, como la tercera operación minera industrial del país. https://radiolacalle.com/conaie-a-la-mineria-no-vamos-a-dejar-que-entren-en-nuestros-territorios/ (5 de enero, revisado, 19,01,2023)
