Con el lema, «2023 y Sanidad Pública sin Solución, este domingo 15 de enero, ha tenido lugar la 97 Marea Blanca (97 manifestación en defensa de la sanidad pública), convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MESAP)-Marea Blanca para denunciar los graves problemas que se están generando en el sistema sanitario madrileño a partir de las privatizaciones de cada día más servicios, la reducción de personal, el cierre de centros de atención primaria, la falta de inversión, el trasvase de fondos hacia la sanidad privada… y la última medida de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: el nuevo Plan de Urgencias Extrahospitalarias.

Lo que ha hecho que estén en huelga desde noviembre los médicos de Atención Primaria, el área más afectada por las políticas de cierres y privatizaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Al terminar la manifestación, ha tenido lugar la lectura del Manifiesto, que reproducimos.

Manifiesto

¡2023! y ¡Sanidad Pública sin Solución!

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MESAP) –  Marea Blanca convoca esta 97 Marea para seguir exigiendo salud como derecho humano fundamental. Miles de razones nos mueven en nuestra decisión resistente e insistente de defender nuestra sanidad pública, servicio fundamental, que tiene como cometido salvaguardar la salud de forma ética y justa a toda la población. Podríamos relatar miles, pero empecemos por algunas de las más significativas.

DEFIENDO la Sanidad Pública porque exijo el cumplimiento de los Derechos Humanos. La vida es uno de los derechos fundamentales y la vigilancia de la Salud de la población forma parte de la tarea de gobernar.

Porque, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos son iguales, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Porque podemos evitar que la ambición y la codicia de unos pocos se carguen nuestros servicios públicos y nuestros derechos democráticos,

Porque la Sanidad Pública es propiedad de la ciudadanía ya que es pagada con nuestro trabajo e impuestos, que cumpla con los determinantes sociales, claves en el estado de salud y fundamentales para actuar en la prevención y lucha contra la desigualdad.

Porque los Políticos deben gestionarla bien, garantizando el derecho a la salud con criterio universal, por tanto, no pueden enajenarla ni mercadear con ella. El dinero que aporta la ciudadanía, vía impuestos para la Sanidad es público y especular con la Salud es un grave delito.

Porque la función de los Gestores Políticos es garantizar la Salud ante todo; para ello, deben dotar con suficientes medios humanos y económicos al Sistema Público empezando por la Atención Primaria.

Porque la Atención Primaria, primer escalón, entrada y eje de la sanidad pública, tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar a la ciudadanía, con una atención centrada en las personas, con prontitud, con proximidad al ciudadano, científica y practicada por profesionales sanitarios con contratos dignos y estables.

Porque la Atención Primaria da una atención continuada a lo largo de toda nuestra vida desde antes del nacimiento hasta el final de la misma; con una atención las 24 horas del día, en turnos de mañana y tarde; cubriendo noches, festivos y fines de semana con los Servicios de Urgencia, tanto urbanos como rurales.

Porque los Presupuestos en la Sanidad Pública deben alcanzar inversiones de al menos el 7,5% del PIB, y de ellos un 25% dedicados a la Sanidad Pública, para cumplir con el modelo sanitario que se perfiló en la Ley General de Sanidad de 1986, aún vigente.

Porque ante los repetidos planes de reorganización de las Urgencias Extrahospitalarias por parte de la Conserjería de Sanidad y de la Dirección de Recursos Humanos de esta Comunidad, consistentes en una apertura sin equipos sanitarios completos (médica/o, enfermera/o y celador/a), están poniendo en riesgo la vida de la población.

 

DENUNCIAMOS dichos planes y manifestamos nuestro rechazo total a tan malévola gestión de quienes no defienden a nuestra comunidad.

Porque desde hace más de tres años, hay unos 200.000 Ciudadanos que carecen de médico asignado; porque su médico se jubiló, está de baja o en excedencia, y no han cubierto dichos puestos de trabajo, por lo que se está vulnerando la Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Porque igualmente, según denuncia la Asociación Española de Pediatría hay 212.258 Niñas/os aquí que no tienen Pediatra asignado ni Médico de Familia que realice dichas funciones.

Porque la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, supuso un cambio profundo de modelo, eliminando el derecho a la Asistencia Sanitaria a miles de personas de manera injustificada, derecho reconocido hasta entonces a todas las personas que vivían en España, independientemente de su situación administrativa.

Porque desde octubre de 2021 la Consejería de Sanidad de la CM dejó sin asistencia sanitaria a 30.000 Personas no reguarizadas, sin comunicación previa y sin plazo de reacreditación. Por ello pedimos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, y que se permita el acceso a una Sanidad plenamente Universal en todo el territorio y a todas las personas, independientemente de sus circunstancias administrativas.

Porque la Comunidad de Madrid ha anunciado y aprobado que la Historia Clínica del Paciente será interoperable entre la Sanidad Pública y la Sanidad Privada, aprovechando la aprobación de la denominada Ley Ómnibus que abre sin sonrojo ni consenso el camino hacia la privatización de los Servicios Públicos favoreciendo el acceso a datos clínicos confidenciales a empresas de aseguramiento médico privado, poniendo en peligro sus vidas, circunstancias y decisiones,

Porque en la Atención Hospitalaria seguimos con largas Listas de Espera que ejercen presión sobre los usuarios y producen demoras vergonzosas e inadmisibles: muy eficaces, para que los pacientes se vean forzados a acudir a la Sanidad Privada; eso sí, serán derivados para pruebas e intervenciones sencillas y rentables, sin complicaciones, una vez intervenidos se despreocuparán de ellos como clientes.

Porque no queremos Derivaciones, son una privatización silenciosa que no perciben los usuarios, pero día tras día los pacientes derivados hacen que se multipliquen los millones de € que se desvían desde la Sanidad Pública a los bolsillos de accionistas de las empresas privadas.

Porque no queremos que Fondos Buitre como Elliott, el más agresivo del mundo, opere en hospitales de la Comunidad de Madrid; llevándose 1 de cada 2 € presupuestados en la Sanidad Pública.

Porque es necesario defender una Sanidad Pública que han enfermado por la privatización.

Porque la cuantía que mueven las empresas mercantiles y especuladoras en la Sanidad Pública supera ya los 30.000 millones/€. Más del 40% de los recursos públicos en Sanidad van a parar a manos privadas.

Porque los gobiernos que queremos y necesitamos deben manifestar su voluntad explícita de recuperar todo lo privatizado (Hospitales y Servicios de Salud).

PODRÍAMOS AÑADIR MILES DE RAZONES de peso en función de cada experiencia y del modelo que una democracia consolidada debe de mantener, pero  concretamos alto y claro

Porque los Servicios Públicos son materia sensible a mimar para consolidar bajo la potestad del pueblo soberano siendo el esqueleto de nuestra democracia y

Porque, en definitiva, sin Sanidad Pública cada día hay MÁS DESIGUALDAD y nuestra patria necesita a tod@s con SALUD o estaremos dilapidando nuestro futuro por unos cuantos buitres

¡Gobierne quien gobierne, la salud pública se defiende!. Asegúrate que no te traicionas.