Este viernes 9 de septiembre, de 11 a 13.30 horas, tendrá lugar una concentración ante la Comisión de Tutela del Menor (Manuel de Falla, 7.  Madrid) para exigir la devolución de los niños tutelados a sus familias y el cumplimiento del art. 39 de la Constitución Española. 

De todo ello, hemos hablado con Victoriano Fernández, presidente de la Asociación Familias para el Siglo XXI, uno de los colectivos convocantes.

¿Quiénes son los “niños tutelados”?

Nos referimos a niños, niñas y adolescentes a quienes los técnicos, en principio sin intervención de jueces ni fiscales, les declaran en “desamparo”.

La situación de desamparo conlleva el cese de la patria potestad de los padres biológicos y la entrega de la custodia al director o directora del centro donde están los menores, incluso en caso de niños -dados en adopción o acogimiento familiar- las relaciones de los niños con otras familias, incluida la de origen, es decidida por la Administración.

Estos técnicos suelen ser funcionarios o personal contratado por las empresas, que gestionan por concurso los denominados Centros de Atención a la Infancia (CAI) municipales o autonómicos.

La intervención de los técnicos que terminan en declaración de desamparo puede producirse por diversas razones: desde algún tipo de conflicto familiar a casos de bullying en el colegio, pasando por denuncias de vecinos o familiares que consideran el comportamiento de la madre o de la familia de origen como “no idónea”.

Desde que se produce la “declaración de desamparo” hasta que la familia se opone y es escuchada pueden pasar de dos meses a tres años. En ese periodo de tiempo, la familia de origen pierde su derecho a estar con sus hijos, a los que ve como mucho una vez a la semana en un PEF (punto de encuentro) bajo vigilancia de un técnico, que marca las pautas de comportamiento de los niños y su madre o padre.

¿Qué situación se está viviendo actualmente en España, en este tema?

La última estadística conocida dice que son 50.100 las niñas y niños tutelados. Esa cifra no ha dejado de subir desde 2011, que estaba en 30.000. La mayoría de las tutelas , tal como dice el informe, son “exlege”. Es decir que no las ha dictado un juez o están en trámite de que las confirme.

Solo un 10% de los niños y niñas que son tutelados vuelven con la familia de origen, el resto llegan a la mayoría de edad en centros o en familias de adopción. Se dan casos de muchachos y muchachas que van de una casa a otra hasta llegar a la mayoría de edad y terminan en viviendo en la calle sin apego, sin estudios y sin trabajo.

Es bastante corriente que los niños y niñas de los centros sean entregados para las vacaciones a familias de voluntarios, pese a que las familias de origen solicitan ser ellos quienes se hagan cargo al menos en vacaciones.

También es corriente que a los niños les hablen mal de sus familias, que en los centros haya falta de vigilancia y que los niños y niñas salgan solos a las calles y sean captados por todo tipo de redes peligrosas. Uno de los casos más recientes en ese sentido ha sido la “operación sana” que está investigando la policía de Madrid. En el pasado se descubrieron casos similares en el centro Zambrana de Castilla y Leon, en el Picón de Jarama de Madrid o Espinaret de Baleares.

¿Dónde está la raíz del problema de las denuncias que estáis haciendo? 

A juicio de nuestra asociación y de otras, que participan en las protestas que están surgiendo en toda España, el origen está en los cambios que introdujo en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1987 de defensa del menor. Esos cambios entregan todo el poder a la “autoridad competente” (Consejerías de Asuntos Sociales) que a su vez delegan -porque así lo dice esa Ley y las siguientes de 1996 y 2015- a los técnicos y directores de los centros de menores, CAI, PEF, etc. El 80% de esos organismos están privatizados en manos del llamado “tercer sector”. Por lo tanto, se ha convertido en un negocio.

A ello hay que añadir que la formación que reciben educadores, trabajadores sociales y psicólogos, parte de la base de que hay “familias idóneas” y “no idóneas” y falta una idea y un enfoque de ayudar a las familias cuando lo necesiten. Todos los protocolos, como el “test cuida” , el “test valora” u otros están encaminados a justificar al arrancamiento de niños del entorno familiar biológico en lugar de ayudar a las familias que necesiten apoyo.

¿Qué reclamáis y qué propuestas concretas planteáis?

Nuestra petición, que hemos hecho llegar por escrito al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos y ayuntamientos, es que se revisen las leyes desde la perspectiva del art. 39 de la Constitución, esto es apoyando a la familia biológica cuando le necesite.

Esa petición general se concreta en estos puntos:

1.- Nunca saldrá un niño del seno de la familia de origen sino es por orden judicial

2.- Los informes periciales de parte tendrán el mismo peso probatorio que el aportado por los técnicos de la administración o por el técnico psicosocial.

3.- Nunca se podrá dictar una declaración de desamparo sin un proceso previo de apoyo a la familia con sus hijos e hijas en la casa. Este proceso habrá de ser acreditado documentalmente para comprobar la mejora de la convivencia con el apoyo de técnicos públicos expertos en mediación y apoyo emocional.

4.- Cualquier medida administrativa de protección deberá tramitarse y resolverse judicialmente en un plazo máximo de dos meses.

5.- Las familias irán siempre acompañadas de abogados a las reuniones con técnicos cuando se tramiten expedientes de riesgo o desamparo y las reuniones serán grabadas y entregada la grabación a la familia.

Para que estos puntos sean posibles es necesario que previamente, en el cambio legal se derogue el art. 22 quarter de la Ley de 1996, claramente anticonstitucional cuando insiste en “investigar a las familias sin el consentimiento del interesado”.

Habéis convocado una concentración, ¿Puedes adelantarnos los datos de la misma?

Sí, será este viernes, 9 de septiembre de 11 a 13.30 horas, ante la Comisión de Tutela del Menor (Manuel de Falla, 7 – Madrid)

Esta concentración sigue la estela de otras movilizaciones. Por cierto que, producto de nuestra presión  y del descubrimiento  de la red SANA, ha dimitido el anterior director de la comisión de tutelas y le han sustituido por una nueva directora. Vamos a tratar de recordar los diferentes compromisos adquiridos con el anterior director y a preparar nuevas movilizaciones que consigan hacer llegar a la ciudadanía y a los expertos en antropología, sociología, psicología y educación la necesidad de una transformación profunda de la leyes que se aplican a las familias, para evitar los traumas que viven madres a quienes se les arrancan los niños y  el desajuste emocional de esos más de cien mil niños que en los últimos 10 años han pasado por esos procesos de tutelas.

Esperamos que la ciudadanía tome conciencia y exija el cumplimiento del art. 39 de la Constitución, por el que los poderes públicos se comprometen a proteger a las familias y los hijos.